Correo de los Viernes - Tres diagnósticos convergentes

Tres diagnósticos convergentes

Viernes 5 de diciembre de 2025. Lectura: 5'

Uruguay corre el riesgo de que su prestigio institucional oculte un estancamiento cada vez más profundo.

La última semana ofreció tres intervenciones económicas de alto voltaje que, con estilos distintos, convergieron en una misma advertencia: Uruguay enfrenta un límite estructural que no se resolverá sin decisiones profundas y simultáneas. Las exposiciones de Javier de Haedo y Tamara Schandy (ADM) y de Ignacio Munyo (Ceres), sumadas al diagnóstico de Pablo Rosselli publicado por La Diaria, delinean un cuadro homogéneo: el país está atrapado en una inercia peligrosa, sostenido en una autocomplacencia que amenaza con transformar la estabilidad en estancamiento.

Proyecciones oficiales, dudas y advertencias

El martes 25, en Montevideo, ADM organizó la conferencia “Hablemos en Confianza”, con intervenciones de los economistas Javier de Haedo y Tamara Schandy. Ambos se refirieron al marco macroeconómico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el próximo quinquenio.

De Haedo comenzó cuestionando la credibilidad del escenario oficial. Fue directo: “Son promesas. Un crecimiento del 2,4% en cinco años es el doble de los 10 años anteriores. Me luce exagerado”. En paralelo, calificó de “tontería” el nuevo requisito del Banco Central para abrir cuentas en dólares. Su crítica al proceso de desdolarización fue que carece de base técnica y desconoce la fragilidad actual de la política monetaria: “La política monetaria no tiene potencia suficiente; este proceso debe ser voluntario y pedagógico”.

El economista también alertó sobre la independencia del BCU, al considerar impropio el adelanto público del ministro de Economía sobre la próxima decisión del Copom: “Es insólito que el ministro invada la independencia del BCU imprudentemente”.

Por su lado, Teresa Schandy, desde una perspectiva más analítica, coincidió en las dudas estructurales. Subrayó que las expectativas de los empresarios —un crecimiento proyectado del 1,7%— evidencian “una posición recostada del lado pesimista”, y colocó el foco en el Presupuesto: “Cómo está diseñada la programación fiscal genera dudas”. Advirtió, además, sobre un riesgo concreto: “Podríamos cerrar el período con un déficit del 4% del PIB”.

Ambos coincidieron en que la negociación colectiva se alinea con el objetivo antiinflacionario del BCU, pero alertaron sobre los proyectos de regulación de cierres empresariales y los incentivos políticos detrás de algunas decisiones recientes. De Haedo incluso sugirió que ciertas posturas del Ministerio de Trabajo podrían responder a “haber quedado mal parado en la interna de su partido”.

El laberinto y las sogas

Tres días después, Ceres presentó su tradicional informe económico bajo la conducción de Ignacio Munyo, quien propuso una metáfora contundente: un helicóptero del que cuelga una cuerda. “Uruguay tiene que aceptar las sogas de la OCDE y del Acuerdo Transpacífico para escapar del laberinto de inercia y autocomplacencia”, sintentizó.

Munyo describió un país que acumula diagnósticos desde hace años pero falla en la implementación de soluciones, arrastrando rezagos estructurales. Reafirmó una proyección de crecimiento en torno al 2% para este año y anticipó un 2026 más exigente, por agotamiento del arrastre estadístico: el país necesitará crecimiento genuino, apoyado en inversiones de magnitud —data centers, hidrógeno verde, infraestructura energética— hoy todavía insuficientes.

El economista lamentó la incorporación de nuevos impuestos en el Presupuesto, señalando que constituyen “un cambio de reglas que afecta la imagen del país” y que el proyectado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) puede convertirse en un desincentivo para la instalación de multinacionales.

La crítica regulatoria fue otro pilar: “El 58% de las normas innecesarias son «por las dudas» y un 28% son lobby”. Este ecosistema mantiene altos costos, baja productividad y frena la innovación. Munyo advirtió además sobre un sector político que, según datos de Ceres, muestra escasa disposición a limitar el tamaño del Estado: “El 78% de los legisladores cree que el Estado debe mantenerse o aumentar… es tremendo”.

La advertencia se extendió al sistema educativo —una “escalera rota”, donde apenas el 15% culmina la educación terciaria— y a la seguridad pública, al sostener que Uruguay está “asediado por el crimen organizado” y que el sistema carcelario “es parte del problema”.

Rosselli: demografía, lentitud y falta de liderazgo

El aporte de Pablo Rosselli, entrevistado por La Diaria, completa el cuadro. Su diagnóstico es explícito: “Uruguay necesita una agenda amplia de reformas, pero es un país muy lento para reaccionar”.

Rosselli advierte que el envejecimiento poblacional será un “rol limitante del crecimiento” en un horizonte de diez años, pero subraya que el desafío fundamental no es demográfico sino productivo: “La productividad total de los factores prácticamente no ha crecido en diez años”.

Rosselli critica la falta de audacia reformista: “Faltan líderes políticos con vocación de persuadir a sus electores sobre la necesidad de encarar más cambios a la vez”, enfatizando
que las reformas no pueden ser secuenciales: “Uruguay no tiene una madre de todas las reformas; necesita muchas a la vez: apertura, competencia, dinamismo laboral y un mejor sistema educativo”.

Rosselli también alerta sobre el funcionamiento del mercado laboral, la baja participación femenina, el desempleo juvenil y la necesidad de una política migratoria activa. Su advertencia es directa: cualquier política para enfrentar las tendencias demográficas debe actuar con urgencia, porque los cambios demográficos son lentos, pero también lo son sus soluciones.

Un diagnóstico convergente

Javier De Haedo, Tamara Schandy y Pablo Rosselli coinciden en lo fundamental: Uruguay está ante un punto de inflexión, donde administrar la inercia ya no es una opción. Las proyecciones oficiales parecen optimistas frente a un país con productividad estancada, regulaciones excesivas, educación en retroceso, un aparato estatal rígido y un clima de inversión que se erosiona.