Correo de los Viernes - Trabajar menos exige producir más

Trabajar menos exige producir más

Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

La reducción de la semana laboral puede ser una aspiración legítima, pero no puede discutirse como si fuera gratuita. Menos horas con el mismo salario supone un aumento del costo laboral por hora que alguien termina pagando. Si Uruguay quiere avanzar en esa dirección, deberá hacerlo junto con una agenda de productividad, flexibilidad y una reforma profunda de sus relaciones laborales.

La reducción de la jornada laboral ya está instalada en la agenda uruguaya. El convenio alcanzado en la industria de la construcción, que establece un proceso hacia las 40 horas semanales sin reducción salarial, probablemente sea apenas el comienzo de una discusión que irá extendiéndose hacia otros sectores.

El economista Ignacio Umpiérrez lo planteó con claridad en un artículo publicado en el suplemento Economía&Mercados de El País: el verdadero problema no es trabajar menos horas. El problema es trabajar menos horas cobrando lo mismo sin preguntarse previamente cómo se financiará esa diferencia.

Porque no hay magia.

Si una persona trabaja menos tiempo por el mismo salario, su remuneración por hora aumenta. Para que eso no se traduzca en un incremento del costo por cada unidad producida, deberá producir más durante cada hora trabajada.

Es decir: deberá aumentar la productividad.

Y la productividad, como bien señala Umpiérrez, no puede establecerse por decreto ni surgir automáticamente de una negociación colectiva.

Alguien paga

Este aspecto suele quedar sorprendentemente ausente de algunas discusiones públicas.

Cuando aumenta el costo laboral sin un aumento equivalente de la productividad, la diferencia no se evapora. La paga alguien.

Puede pagarla la empresa reduciendo sus márgenes. Puede pagarla el consumidor mediante mayores precios. Puede aparecer bajo la forma de menor inversión. Puede traducirse en menos contrataciones o directamente en pérdida de puestos de trabajo.

Y también puede terminar pagándola el contribuyente si el Estado intenta compensar el aumento de costos mediante subsidios, exoneraciones o tratamientos especiales.

Umpiérrez resume correctamente el problema: “el costo cambia de bolsillo, pero no desaparece”.

Uruguay debería tener especial cuidado frente a esta realidad porque enfrenta desde hace años serios problemas de competitividad. Agregar costos permanentes sin aumentar simultáneamente la capacidad de producir más y mejor puede ser una combinación particularmente inconveniente.

Productividad antes que voluntarismo

La reducción histórica de la jornada laboral fue posible precisamente porque aumentó la productividad.

Las sociedades pasaron de jornadas interminables a ocho horas diarias, vacaciones pagas y mejores condiciones laborales porque el desarrollo tecnológico, la inversión, el capital y una mejor organización permitieron producir mucho más en menos tiempo.

Ese es el camino lógico.

La discusión actual corre el riesgo de invertirlo: reducir primero las horas y esperar que después aparezca la productividad necesaria para financiar la decisión.

Puede ocurrir. Pero no hay ninguna garantía.

Una empresa puede reorganizar turnos, digitalizar procesos, automatizar tareas, reducir tiempos muertos o capacitar mejor a sus trabajadores y conseguir producir lo mismo en menos horas.

Pero eso exige precisamente aquello que pocas veces acompaña al debate: flexibilidad para organizar el trabajo.

No puede pretenderse simultáneamente reducir el tiempo trabajado, mantener intacta la remuneración y conservar estructuras laborales rígidas que dificultan reorganizar horarios, funciones y procesos.

Si se exige más eficiencia a las empresas, habrá que permitirles también gestionar con mayor eficiencia.

Una negociación colectiva que reconozca la realidad

Hay otro problema que Umpiérrez señala y que Uruguay debería tomarse seriamente: la negociación colectiva suele tratar como iguales a empresas que son profundamente diferentes.

Dentro de un mismo sector conviven grandes compañías y pequeñas empresas familiares; firmas altamente tecnificadas y otras intensivas en mano de obra; empresas de Montevideo y del interior; actividades exportadoras y negocios dependientes exclusivamente del mercado interno.

Sus niveles de productividad y su capacidad para absorber costos pueden ser radicalmente distintos.

Sin embargo, las decisiones adoptadas por rama tienden a establecer condiciones uniformes.

Lo que para una empresa grande puede ser perfectamente manejable puede resultar extremadamente gravoso para una pequeña.

Y cuando una empresa no puede absorber un aumento de costos, la realidad termina imponiéndose aunque el convenio no lo contemple: se invierte menos, se contrata menos, se informaliza, se terceriza o se cierra.

La protección laboral no puede construirse ignorando la economía real.

También hay que discutir las relaciones laborales

Si Uruguay pretende abrir seriamente la discusión sobre las 40 horas, debería aprovechar la oportunidad para discutir algo bastante más incómodo: su modelo de relaciones laborales.

No alcanza con hablar de horas.

Hay que discutir también productividad, presentismo, ausentismo, licencias, categorías, polifuncionalidad, organización de turnos, mecanismos de contratación y desvinculación, ultraactividad de convenios, representatividad sindical y sistemas de remuneración vinculados al desempeño.

Y habrá que discutir, naturalmente, el papel de los sindicatos.

Los sindicatos cumplen una función legítima y necesaria en cualquier democracia. Representan trabajadores, negocian condiciones laborales y equilibran relaciones de poder que de otro modo podrían ser profundamente asimétricas.

Pero esa legitimidad no debería transformarlos en actores inmunes a cualquier discusión sobre productividad, responsabilidad o costos.

Una política laboral moderna exige derechos, pero también obligaciones.

Si una empresa debe comprometerse a mejorar salarios y reducir jornadas cuando sus condiciones lo permiten, los trabajadores y sus organizaciones deberían asumir también compromisos vinculados con productividad, capacitación, cumplimiento de horarios, reducción del ausentismo injustificado y adaptación a nuevas formas de organización del trabajo.

La negociación colectiva no debería limitarse a distribuir beneficios. También debería discutir cómo generar los recursos que permiten financiarlos.

Derechos sin empresas no existen

Hay una verdad elemental que muchas veces se pierde en el debate laboral: no existen empleos sin empresas capaces de sostenerlos.

Puede escribirse en una ley cualquier cantidad de derechos. Pero si el costo de ejercerlos supera sistemáticamente la productividad que puede generar una actividad, el resultado final no será una sociedad más justa sino una economía con menos empresas formales, menos inversión y menos empleo.

La legislación laboral debería proteger al trabajador sin convertir la contratación de trabajadores en una decisión crecientemente riesgosa.

Ese equilibrio es particularmente importante en pequeñas y medianas empresas, donde cada nueva contratación representa una decisión económica significativa.

Si Uruguay quiere más empleo formal, deberá preguntarse también si su legislación facilita o desalienta contratar.

Una reforma laboral del siglo XXI

En este punto, la propuesta de Umpiérrez adquiere especial importancia.

No tiene demasiado sentido seguir introduciendo cambios parciales sobre un sistema laboral construido para otra época.

La forma de producir cambió. Cambió la tecnología. Cambiaron los mercados. Aparecieron el teletrabajo, las plataformas digitales, los horarios flexibles, nuevas profesiones y modalidades de prestación que hace algunas décadas ni siquiera existían.

Sin embargo, buena parte del marco normativo continúa respondiendo a una organización industrial mucho más rígida.

Una reforma laboral moderna debería preservar derechos esenciales y simultáneamente permitir mayor adaptación.

Debería reconocer las diferencias entre sectores y empresas, facilitar nuevas modalidades de trabajo, promover acuerdos vinculados a productividad y asegurar una negociación colectiva verdaderamente representativa.

También debería permitir que empresas y trabajadores puedan organizar el tiempo de trabajo con mayor libertad cuando ambas partes estén de acuerdo.

Porque reducir la jornada sin permitir reorganizarla sería una contradicción.

Una oportunidad, si se discute todo

Las 40 horas pueden convertirse en una buena noticia si el debate obliga a Uruguay a enfrentar problemas que lleva demasiado tiempo evitando.

El país necesita producir más por hora trabajada. Necesita invertir más. Necesita incorporar tecnología. Necesita mejorar la capacitación. Y necesita unas relaciones laborales más maduras, donde la negociación no consista únicamente en determinar cuánto paga una parte y cuánto recibe la otra.

La discusión debería ser cómo crear más valor y cómo repartirlo mejor.

Lo que sería un error es transformar la reducción de la jornada en una nueva puja distributiva donde simplemente se decida quién absorbe el costo.

Porque entonces volveremos al interrogante planteado por Umpiérrez: alguien pagará la diferencia.

La reducción de la jornada laboral puede ser perfectamente compatible con una economía moderna y competitiva.

Pero no por voluntarismo.

Trabajar menos sin producir menos requiere productividad. Y aumentar la productividad requiere inversión, tecnología, flexibilidad, capacitación y una reforma laboral capaz de acompañar las nuevas formas de producir.

El objetivo puede ser trabajar menos.

El requisito inevitable es producir más.