Correo de los Viernes - Temblor institucional en Madagascar

Temblor institucional en Madagascar

Edición Nº 1057 - Viernes 17 de octubre de 2025. Lectura: 3'

Madagascar hoy enfrenta el dilema entre restaurar el orden institucional o caer en el vacío autoritario.

La crisis política que sacude Madagascar estos días —con la disolución del parlamento decretada por el presidente Andry Rajoelina, su huida del país y el ascenso de una facción militar que asume funciones de gobierno— representa un momento decisivo para ese país, pero también una advertencia para todas las democracias. El resquebrajamiento institucional en nombre de la urgencia o la restauración del orden suele terminar siendo un camino hacia el autoritarismo.

El punto de quiebre llegó cuando Rajoelina optó por disolver la Asamblea Nacional, justo antes de que prosperara un pedido de destitución en su contra. Para sus partidarios, ese decreto fue un acto legítimo: una respuesta necesaria ante la gravedad de la situación. Para sus críticos, en cambio, fue una maniobra de escape del control constitucional. Interpretar cuál perspectiva es correcta requerirá una evaluación jurídica delicada (por ejemplo, de si se cumplió con los procedimientos legales para disolver la cámara), pero lo que ya es evidente es que el equilibrio institucional quedó herido.

El telón de fondo de la crisis fue un malestar genuino: protestas populares lideradas por jóvenes de la generación Z exigiendo soluciones a cortes constantes de agua y electricidad. Es decir: puede que haya motivos legítimos para la indignación ciudadana. Pero esos motivos no justifican saltarse las reglas ni sustituir el debate institucional por decisiones unilaterales. La democracia no es solo resultado de demandas sociales, sino también de instituciones que canalizan esas demandas con reglas claras.

Lo que ha ocurrido después es aún más peligroso: una unidad militar rebelde, el CAPSAT, tomó posiciones y anunció que asumiría funciones de gobierno, disolviendo algunos tribunales constitucionales y suspendiendo otras instituciones. El nuevo coronel que lidera el movimiento habla de una transición de hasta dos años hasta nuevas elecciones. Pero cualquier traspaso impuesto desde las FFAA, aunque se presente como “necesario”, pone en riesgo la soberanía civil y la legitimidad democrática.

Francia y organismos internacionales han llamado a respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y no es para menos: una democracia que permite que se disuelvan las cámaras, se suspendan tribunales y se asuma el poder por militares es una democracia en crisis, no en transición. Las constituciones están para ser respetadas, incluso —o sobre todo— cuando la tensión política es máxima.

Madagascar corre hoy dos riesgos simultáneos: que la estabilidad se recupere por la fuerza más que por la ley, y que los jóvenes que tomaron las calles terminen desconfiando del sistema institucional. Si el nuevo gobierno, militar o mixto, actúa con transparencia, abre de nuevo los espacios parlamentarios y convoca elecciones con garantías, podría haber una salida legítima. Pero si decide mantenerse sin rendir cuentas, habrá comenzado un proceso irreversible de debilitamiento democrático.

Hoy, la prioridad no es imponer orden a cualquier precio, sino preservar la legitimidad institucional. No basta con controlar calles: hay que respetar normas. No basta con prometer elecciones: hay que garantizar que sean libres, competitivas y creíbles. Y no basta con que los manifestantes vieran razones para protestar —que en muchos casos las había—, si luego se les niega la voz en el canal institucional.

Madagascar merece que su historia sea más que una sucesión de rupturas constitucionales. Que este momento no se convierta en cisma irreversible. Que la vuelta al orden no sea una restauración militar, sino una reafirmación democrática.