Correo de los Viernes - Subsidio que no se justifica

Subsidio que no se justifica

Viernes 26 de setiembre de 2025. Lectura: 2'

Mientras Uruguay debate recortes en educación pública, se propone aumentar un subsidio anual al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que recibe fondos de rentas generales y cuya pertinencia es más que discutible.

Uruguay se encuentra en un momento delicado: decisiones presupuestales que priorizan apoyos simbólicos antes que lo esencial. Recientemente, El Observador publicó un artículo de Leonardo Haberkorn alertando que el proyecto de presupuesto propone aumentar una partida anual destinada al Instituto Cuesta Duarte —vinculado al PIT-CNT— que se financia con recursos de rentas generales.

Según la nota, antes ya existía una partida base de $ 400.000 anuales, y ahora se pretende agregar una partida adicional de $ 600.000, con lo que el total ascendería a $ 1.000.000 anuales. La “ayuda extra” está planificada en el artículo 574 del proyecto de presupuesto, dentro del inciso “Subsidios y Subvenciones” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se financiaría desde rentas generales.

Quienes defienden el aumento, como Leonardo Batalla, asesor y correligionario del ministro Castillo, arguyen que el Instituto Cuesta Duarte cumple funciones de “registro, preservación y difusión de la historia del movimiento sindical”, funcionando como centro de documentación, archivo histórico y biblioteca del movimiento obrero. También se menciona la intención de “mejorar infraestructura física y tecnológica, ampliar, organizar y digitalizar el acervo documental”.

Pero esta propuesta merece un análisis riguroso: ¿es aceptable que, en un contexto en que se retacean recursos para la educación pública, se destinen fondos del erario para un subsidio cuya pertinencia es cuestionable?

El análisis del proyecto de presupuesto que propone incrementar el subsidio al Instituto Cuesta Duarte, como informa Haberkorn en El Observador, revela una contradicción inquietante: mientras la sociedad demanda mayor inversión en educación pública y mejores condiciones para estudiantes y docentes, se plantea asignar recursos públicos para un organismo del ámbito sindical con fines de memoria histórica cuyo beneficio social es difícil de cuantificar.

Cuando el gasto estatal se orienta hacia subsidios con cuestionable pertinencia, porque el PIT-CNT cuenta con sobrados recursos propios, se debilita la credibilidad del Estado y se socava la confianza de los ciudadanos. Es legítimo exigir que los recursos públicos se dirijan prioritariamente a aquello que construye futuro —como la educación— antes que mantener subsidios que tienen más valor simbólico y político que impacto real.