Correo de los Viernes - Su Majestad el gasto

Su Majestad el gasto

Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 4'

Por Luis Hierro López

El gobierno tendrá una prueba de fuego si quiere realmente controlar o reducir el gasto público —como propone el ministro de Economía, Gabriel Oddone—, porque el Frente Amplio ha cultivado históricamente una tendencia a aumentarlo en forma descontrolada.

Como era previsible, el crecimiento del país ha sido mínimo en el último año y las predicciones del equipo económico han fracasado rotundamente, por lo que el ministro Oddone anuncia una serie de recortes para controlar el gasto. Advirtió que no se tocarán las prestaciones sociales, por lo que, realmente, no queda claro por dónde se harán las correcciones.

Le deseamos muchos éxitos al señor ministro en esa tarea patriótica, pero señalamos nuestro escepticismo al respecto, dada la conducta que durante décadas ha mantenido el Frente Amplio, apostando al aumento indiscriminado de las erogaciones estatales. Veamos algunos ejemplos históricos.

1. La Intendencia de Montevideo ha multiplicado permanentemente su presupuesto, sin resolver ninguno de los problemas de fondo que tiene la ciudad, ni la recolección de residuos ni el ordenamiento del tránsito. En 1990, cuando asumió por primera vez la gestión el Frente Amplio, el presupuesto anual era de aproximadamente 100 millones de dólares y, por mérito de la última gestión colorada, la administración tenía superávit. Hoy el presupuesto es de 800 millones y arrastra un enorme déficit, que fue de 70 millones durante el gobierno municipal de la ingeniera Cosse y que ahora el economista Bergara se propone reducir, pero a la vez procurando un préstamo externo de U$S 300 millones. Todo ello sin haber resuelto, tras 40 años de gobiernos municipales, las históricas carencias de Montevideo, que hoy es una ciudad sucia, abandonada, sin visión de futuro. Para superar esa imagen, el gobierno propone ahora una discusión sobre un nuevo corredor Garzón para 18 de Julio y, para colmo, no lo hace con proyección de futuro, sino confesadamente sujetando el calendario del proyecto a la fecha electoral. El famoso túnel no se descartó porque fuera inconveniente, sino porque esa obra no culminaría antes de la elección del año 2029.

2. Desde 1985 en adelante, los gobiernos colorados y blancos desarrollaron una deliberada política de contención permanente del gasto a través de la reducción paulatina pero firme del número de funcionarios públicos. No fue fácil mantener esa orientación durante varios quinquenios, ya que se trata de un asunto con fuerte impacto social. Sin embargo, la reducción dio resultado, y entre 1989 y 2005, el total de los funcionarios bajó de 286.454 a 229.454, 57 mil menos. Tomamos la fecha de 1989, porque desde 1985 hubo que restituir a miles de funcionarios destituidos durante la dictadura. Luego, en sus 15 años de gestión, el Frente Amplio dio vuelta el escenario y el total de funcionarios aumentó a 297.000, 68 mil más. Ni siquiera Astori pudo o quiso contener esa malsana tendencia a emplear más gente. ¿Podrá hacerlo Oddone?

3. El gasto de Uruguay en prestaciones sociales y jubilaciones siempre ha sido muy alto y tiende a convertirse en un desafío enorme, en la medida en que la población se estanca o disminuye. En 1996, el país logró el primer intento serio y eficaz de racionalizar ese monto, imponiendo el sistema de ahorro individual y de AFAPs, tan discutidas siempre pero que vienen salvando al sistema.En 2008 y en posteriores ocasiones, ya con gobiernos del Frente Amplio, se fue soltando la rienda con el gasto del BPS, a través de una ley de flexibilización de las causales jubilatorias.

En resumen, el sistema de 1996 impuso el criterio de los aportes constatados y la ley de flexibilización volvió al sistema de los “testigos” que declaran ante el BPS años trabajados real o supuestamente. Esa elasticidad significó que la cantidad de jubilados aumentara en un 23% y que el BPS tuviera que enfrentar pagos por U$S 330 millones agregados por año. Las pensiones por vejez y por invalidez siguen creciendo y hoy significan obligaciones por más de U$S 450 millones al año.

Pero esa experiencia no es tenida en cuenta por el Frente Amplio, que ahora empieza a admitir que “grupos de trabajadores” podrían jubilarse a los 60 años. Recordemos que durante el gobierno de Lacalle se dispuso que la edad para jubilarse es de 65 años, algo totalmente razonable en una sociedad en la que la expectativa de vida es muy alta. El Frente Amplio se opuso —¿cuándo no?— y en su programa de 2024 propuso revisar la medida. Y, asumido el gobierno, empezó a manosear el asunto, llegándose entre los sectores internos del oficialismo a una transacción: algunos grupos de la población podrán acceder a la jubilación a los 60 años, como los vinculados a la construcción.

Detrás de la construcción pueden venir otros sectores… Dale que va. No hay políticas para contener el presupuesto y este aumentará —no solo por la presión demográfica— sino por la obsesión frenteamplista de seguir gastando.

Estos tres ejemplos demuestran que el oficialismo no va a bajar el gasto. Van a cancelar algunos viajes y festicholas para aparentar, pero no están dadas las condiciones como para enfrentar realmente los factores históricos que hemos mencionado, que son, entre otros, los agujeros negros que la izquierda no puede ni quiere controlar.