Correo de los Viernes - Solidaridad con una dictadura sangrienta

Solidaridad con una dictadura sangrienta

Viernes 27 de febrero de 2026. Lectura: 3'

La caravana “en apoyo a Cuba” organizada por el Frente Amplio y el PIT-CNT no es un gesto humanitario inocente: es la ratificación de una adhesión histórica a la dictadura más longeva de América Latina. Respaldar sin ambigüedades a un régimen de partido único que encarcela y silencia a su pueblo no es solidaridad; es complicidad política que inhabilita cualquier pretensión de superioridad moral.

El Frente Amplio y el PIT-CNT convocaron para estos días una “caravana metropolitana en solidaridad con Cuba”, que culminará frente al Palacio Legislativo. A la iniciativa adhieren organizaciones tradicionalmente alineadas con la izquierda sindical y partidaria, entre ellas Fucvam, FEUU, Crysol y Mundo Afro, entre otras. El recorrido, según informaron distintos medios, incluirá puntos de concentración en Montevideo y el área metropolitana, bajo consignas que apuntan contra el embargo estadounidense y en respaldo al gobierno de la isla.

Hasta aquí, el dato informativo.

El problema no es que existan manifestaciones públicas en apoyo a un país extranjero. El problema es el carácter del régimen al que se respalda y la naturaleza de esa adhesión.

Cuba no es una democracia imperfecta. No es un gobierno con dificultades económicas circunstanciales. Es la dictadura más larga de América Latina, con más de seis décadas de partido único, presos políticos, persecución a la disidencia, censura sistemática y una economía colapsada que ha empujado a millones de cubanos al exilio. No hay alternancia, no hay elecciones competitivas, no hay libertad de prensa independiente. Hay control estatal absoluto.

Respaldar incondicionalmente a ese régimen no es un gesto humanitario. Es una toma de posición política frente a un modelo totalitario.

Se argumenta que la movilización es “en apoyo al pueblo cubano”. Pero el apoyo al pueblo cubano no puede confundirse con la defensa del aparato que lo gobierna sin libertades desde 1959. La crisis humanitaria que atraviesa la isla —escasez crónica de alimentos, apagones constantes, deterioro sanitario— no puede analizarse sin mencionar el sistema político que la produce y la sostiene.

El embargo estadounidense —mal e interesadamente llamado “bloqueo”— no explica la prohibición de partidos opositores, ni la criminalización de manifestaciones pacíficas, ni la existencia de presos por motivos políticos. Tampoco explica que toda ayuda y todo recurso estén mediados por una estructura estatal que prioriza a la cúpula dirigente y a las Fuerzas Armadas antes que al ciudadano común.

La izquierda uruguaya —en su expresión partidaria y sindical— jamás rompió políticamente con el régimen cubano. Algunos lo han criticado con matices y muy discretamente, lo han contextualizado, lo han relativizado, pero nunca lo han condenado con la misma contundencia moral con la que condenan a otros gobiernos de signo ideológico opuesto.

Esa continuidad no es anecdótica. Es estructural.

Quienes organizan y adhieren a esta caravana han sido, durante décadas, defensores del modelo cubano o, en el mejor de los casos, silenciosos ante sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y esa coherencia —porque al menos es coherencia— los coloca en una posición imposible cuando pretenden erigirse en árbitros morales de la conducta política de otros.

No se trata de prohibir una marcha ni de cuestionar el derecho a expresarse. Se trata de señalar el contenido político de esa expresión.

Cuando se respalda, sin ruptura explícita, a un régimen de partido único que encarcela opositores y restringe libertades básicas, se asume una responsabilidad ética. No alcanza con hablar de “solidaridad” si esa solidaridad omite deliberadamente la naturaleza del sistema al que se apoya.

La adhesión persistente al castrismo no es una anécdota del pasado. Es una definición presente. Y esa definición descalifica moralmente a quienes, desde esa posición, pretenden juzgar la legitimidad democrática de los demás.

La coherencia ideológica puede ser una virtud. Pero cuando esa coherencia se mantiene frente a un totalitarismo, deja de ser un mérito para convertirse en un problema.