Solaria: ¿quién pone los US$ 5.700 millones?
Edición Nº 1102 - Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 10'
 El gobierno anunció con gran despliegue una inversión que sería la mayor de la historia del Uruguay. Sin embargo, los balances de la empresa española Solaria, sus antecedentes y el contenido de la comunicación presentada ante el regulador bursátil español dejan importantes interrogantes. ¿Quiénes aportarán efectivamente los capitales? ¿Qué compromisos asumirá UTE durante 40 años? A estas incertidumbres se suma una cuestión ambiental de enorme importancia: el potencial consumo de millones de litros de agua para refrigerar los centros de datos, en un país que todavía recuerda la crisis hídrica de 2023. ¿Y por qué los uruguayos no pueden conocer los términos del acuerdo?
El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles, con toda la solemnidad de las grandes ocasiones, una inversión de US$ 5.700 millones de la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente, destinada a instalar centros de datos y parques fotovoltaicos en Canelones, San José y Florida. Según las cifras oficiales, se crearían 3.100 empleos durante la construcción y 1.500 permanentes.
La noticia sería extraordinaria. Uruguay necesita inversiones, empleo y desarrollo tecnológico. Pero una cosa es anunciar US$ 5.700 millones y otra demostrar que esos capitales están comprometidos y que los acuerdos firmados garantizan su efectiva inversión.
Una empresa real, pero con otros números
Solaria no es una empresa fantasma. Fundada en 2002, cotiza en la Bolsa española desde 2007, integra el IBEX 35 y desarrolla proyectos de energía renovable en diversos países. Incluso opera instalaciones solares en Young y Mercedes que venden electricidad a UTE.
La familia Díaz-Tejeiro reúne aproximadamente el 36,4% de sus acciones. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez preside la compañía y Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga integra su dirección. Otro accionista relevante es el grupo Stoneshield.
Los interrogantes aparecen al examinar sus números. Según sus estados financieros al 30 de junio de 2026, Solaria tenía activos por 2.786 millones de euros, un patrimonio neto de 1.088 millones, efectivo disponible por 209 millones y una deuda financiera neta cercana a 1.329 millones.
La inversión anunciada para Uruguay equivale a unos 5.080 millones de euros: más de cuatro veces y media el patrimonio neto de la compañía y aproximadamente 24 veces sus disponibilidades de efectivo.
Su capitalización bursátil al cierre del jueves 15 de octubre rondaba los 2.068 millones de euros, también muy inferior a la inversión anunciada. Sus acciones retrocedieron un 3,80% el miércoles y otro 0,83% el jueves, aunque no existen elementos suficientes para atribuir esas caídas al anuncio uruguayo.
Naturalmente, las grandes inversiones pueden financiarse mediante créditos, fondos internacionales y asociaciones empresariales. Solaria ha demostrado capacidad para obtener capital en los mercados. Pero hasta ahora no se han identificado públicamente los bancos, fondos o socios que aportarían los miles de millones necesarios.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que estos proyectos se financian con inversores internacionales y entidades bancarias. La explicación es razonable, pero no responde a la pregunta fundamental: ¿quiénes aportarán concretamente el dinero?
Los antecedentes de Solaria
La trayectoria internacional de la compañía presenta episodios que merecen atención.
El caso brasileño. En noviembre de 2010, Solaria anunció una alianza con la eléctrica brasileña Cemig para construir una planta fotovoltaica de aproximadamente 3 megavatios en Sete Lagoas, Minas Gerais, con participación de la Universidad Federal de Minas Gerais y la fundación pública de investigación FAPEMIG.
La planta debía terminarse en 2011. Posteriormente, Solaria anunció que esperaba conectarla a la red en julio de 2012. Sin embargo, los informes de Cemig todavía la presentaban como una instalación en construcción en 2015.
En 2017, el municipio de Sete Lagoas inició acciones para recuperar un terreno de casi ocho hectáreas donado a Solaria Brasil, alegando incumplimientos de las condiciones y los plazos establecidos. La Justicia concedió una medida cautelar que permitió al municipio tomar posesión del inmueble.
Por su parte, Cemig había iniciado actuaciones judiciales contra Solaria Brasil, en cuyo marco se autorizó la venta de equipos y otros activos de la planta. El Diario Oficial de Sete Lagoas del 26 de abril de 2019 señalaba que todavía era posible terminar la instalación si aparecían interesados en adquirir esos activos. Ocho años después de la fecha inicialmente anunciada, el proyecto seguía sin concretarse plenamente.
En 2022, FAPEMIG abrió una investigación administrativa después de rechazar la rendición financiera de recursos públicos destinados al emprendimiento. En octubre de 2023, el Tribunal de Cuentas de Minas Gerais declaró prescriptas las pretensiones sancionatorias y de resarcimiento, cerrando el expediente sin establecer definitivamente responsabilidades.
No hubo, por tanto, una condena por fraude, ni corresponde atribuir automáticamente a la matriz española las actuaciones de su filial brasileña. Pero los retrasos, litigios y cuestionamientos sobre la rendición de fondos públicos son antecedentes que justifican preguntar qué evaluación realizó nuestro gobierno sobre su nuevo socio.
Una controversia en España. En julio de 2023, el diario El Debate informó que Solaria había contratado a Iván Molinero Camacho, esposo de Isabel Rodríguez, ministra del gobierno socialista de Pedro Sánchez, poco después de su nombramiento. También planteó interrogantes sobre ayudas públicas a la empresa.
Solaria aclaró que Molinero no ocupaba un cargo directivo y que una cifra de 1.625 millones de euros mencionada en la controversia correspondía a una manifestación de interés, no a una subvención concedida. En junio de 2026, la compañía informó la adjudicación de aproximadamente 41 millones de euros en ayudas públicas para proyectos de almacenamiento energético.
No existen elementos que permitan atribuir irregularidades a esas ayudas ni vincular aquel episodio con el emprendimiento uruguayo.
Lo que realmente se firmó en Uruguay
Este jueves 15 de octubre, Solaria comunicó oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), bajo el registro 43176, que desarrollará y operará una zona franca en Uruguay, preparando terrenos, infraestructura, conexiones eléctricas y servicios destinados a operadores de centros de datos.
La formulación es significativa: no identifica a esos operadores ni a los inversores que financiarían la parte sustancial del emprendimiento. Tampoco menciona los US$ 5.700 millones anunciados en Montevideo.
La propia empresa ha caracterizado el documento firmado como un memorando de entendimiento, mientras que ante la CNMV lo denomina acuerdo estratégico. Ninguna de esas expresiones demuestra que la financiación esté cerrada o los desembolsos garantizados.
Alejandro Sánchez aportó otras precisiones relevantes: Solaria todavía debe adquirir los terrenos, presentar el proyecto ante el Ministerio de Ambiente y gestionar ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) los beneficios tributarios correspondientes.
El propio secretario de Presidencia reconoció que lo firmado constituye un preacuerdo a partir del cual comienza una hoja de ruta.
Es decir, faltan los terrenos, las autorizaciones ambientales, los trámites tributarios y, sobre todo, la identificación de quienes financiarán y operarán los centros de datos.
¿Se firmó realmente un compromiso de inversión por US$ 5.700 millones o apenas se acordó desarrollar un proyecto cuyos inversores y financiación todavía deben concretarse?
El verdadero negocio puede estar en UTE
El aspecto energético del acuerdo podría resultar tan importante como los propios centros de datos.
En su comunicación a la CNMV, Solaria afirma expresamente que el acuerdo contempla un contrato por el cual UTE compraría la energía generada por las plantas fotovoltaicas durante un plazo de hasta 40 años.
Cuarenta años. Ocho períodos de gobierno.
No se trata solamente de la electricidad que UTE vendería a los centros de datos, sino también de la que se comprometería a adquirir a Solaria. Dos operaciones cuyos precios, condiciones y obligaciones todavía no se conocen públicamente.
La comunicación no demuestra que ese contrato ya esté firmado, pero sí que forma parte del esquema económico previsto.
Además, los centros de datos requieren electricidad permanentemente, mientras que la generación solar es intermitente. Los 350 megavatios fotovoltaicos proyectados no equivalen a un suministro continuo de esa potencia.
Alejandro Sánchez explicó que los centros de datos comprarán electricidad a UTE a tarifas dentro del rango acordado con Google y aseguró que la empresa pública obtendrá ingresos. Sin embargo, reconoció que el contrato tarifario todavía está pendiente.
¿A qué precio comprará UTE la energía de Solaria y a qué precio la venderá? ¿Quién proporcionará el suministro cuando no haya generación solar? ¿Qué sucederá si la demanda prevista no se concreta?
Nadie puede afirmar que el negocio resulte perjudicial. Pero tampoco que sea conveniente para UTE y sus usuarios mientras se desconozcan sus condiciones contractuales.
El agua: otra incógnita fundamental
El impacto ambiental, particularmente el consumo de agua, plantea interrogantes igualmente importantes.
Los centros de datos generan enormes cantidades de calor y requieren sistemas de refrigeración que, según la tecnología utilizada, pueden consumir millones de litros de agua diariamente.
Uruguay tiene un antecedente cercano. El proyecto original del centro de datos de Google en Canelones contemplaba consumir 7,6 millones de litros de agua potable por día, aproximadamente el equivalente al consumo de 55.000 personas. La controversia, especialmente durante la crisis hídrica de 2023, llevó a modificar el proyecto y adoptar refrigeración por aire.
Alejandro Sánchez afirmó que los centros de datos vinculados a Solaria utilizarán un circuito cerrado de agua, por lo que su impacto hídrico sería limitado.
La explicación es atendible, pero insuficiente. Los circuitos cerrados pueden reducir considerablemente el consumo, aunque algunas configuraciones utilizan refrigeración evaporativa y requieren reposición de agua.
¿Cuánta agua necesitarán las instalaciones? ¿De dónde provendrá? ¿Se utilizará refrigeración evaporativa? ¿Qué sucederá durante las sequías?
No corresponde atribuir a Solaria el consumo inicialmente previsto por Google, pero tampoco dar por probadas las virtudes ambientales del emprendimiento sin conocer sus especificaciones técnicas y estudios de impacto.
Utilizar electricidad renovable no convierte automáticamente a un centro de datos en una instalación ambientalmente inocua.
Otra vez el secreto
Según informó El Observador, el acuerdo suscrito entre el gobierno y Solaria es confidencial. Las negociaciones se desarrollaron durante meses con participación de Presidencia, el Ministerio de Industria y altos funcionarios de UTE.
El director de la empresa pública por el Partido Nacional, Darío Castiglioni, denunció que no había sido informado del proyecto y que se le había negado información sobre las gestiones realizadas. De confirmarse, sería especialmente grave: un integrante del propio Directorio no habría podido conocer asuntos que pueden comprometer a UTE durante décadas.
El senador Sebastián Da Silva presentó un pedido de informes sobre la solvencia de Solaria, la financiación, los compromisos estatales, los beneficios fiscales, los intermediarios y el fundamento de la confidencialidad.
La legislación uruguaya de acceso a la información pública no puede quedar subordinada a cláusulas genéricas de reserva impuestas por particulares. Los secretos comerciales legítimos no habilitan a ocultar indiscriminadamente las condiciones bajo las cuales el Estado asume obligaciones o concede beneficios.
Además, el proyecto funcionaría bajo el régimen de zona franca, con las correspondientes ventajas tributarias. Aunque la inversión fuera íntegramente privada, sus consecuencias para el Estado y los recursos públicos merecen ser conocidas.
El país necesita inversiones, no actos de fe
Sería excelente que Solaria concretara el proyecto y Uruguay recibiera esos US$ 5.700 millones. Nadie razonable puede desear lo contrario.
Pero hoy tenemos una empresa con dimensiones financieras muy inferiores a la inversión anunciada; antecedentes empresariales que merecen explicaciones; inversores finales sin identificar; financiación no acreditada públicamente; terrenos y autorizaciones pendientes; un eventual compromiso eléctrico de hasta 40 años y un impacto ambiental todavía sin evaluar completamente.
Todo ello fue presentado como si la mayor inversión de la historia nacional fuera ya una realidad prácticamente consumada.
No alcanza con exhibir una cifra impresionante en una conferencia de prensa. Hay que demostrar quién pondrá el dinero, bajo qué condiciones, qué recibirá a cambio, cuáles serán los costos ambientales y qué obligaciones asumirá el Estado uruguayo.
La inversión extranjera merece ser bienvenida. La transparencia, exigida. Y la credibilidad de los anuncios oficiales, preservada mediante hechos verificables y no mediante promesas.
Porque Uruguay no está para convertirse, una vez más, en escenario de grandes ceremonias y mayores expectativas que después nadie sabe cómo financiar.
Los US$ 5.700 millones están anunciados. Ahora falta saber quién tiene la plata.
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