Correo de los Viernes - Solaria: entre la recuperación bursátil y las garantías pendientes

Solaria: entre la recuperación bursátil y las garantías pendientes

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 3'

La inversión de US$ 5.700 millones anunciada por el gobierno sería una excelente noticia para Uruguay. Sin embargo, pese a la reciente recuperación de las acciones de la empresa española y los avances en las negociaciones, persisten interrogantes fundamentales sobre su financiación y los compromisos que deberá asumir el Estado.

El anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre la mayor inversión de la historia uruguaya despertó, naturalmente, grandes expectativas. La instalación de centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, acompañados de generación de energía renovable, representaría un salto importante en la diversificación productiva del país. Nadie razonable debería desear que semejante emprendimiento fracase. Pero tampoco corresponde confundir las expectativas con las certezas.

La evolución bursátil de Solaria Energía y Medio Ambiente es uno de los elementos que aconsejan prudencia. Tras una prolongada caída, sus acciones tocaron los 13,73 euros el viernes pasado, para experimentar una importante recuperación durante esta semana, incluyendo una suba del 9,61% el martes 27. El miércoles cerraron a 15,41 euros y este jueves continuaban recuperándose. La reacción es favorable, aunque no elimina el considerable deterioro acumulado en los últimos meses.

Conviene aclarar que una caída bursátil no implica necesariamente dificultades de solvencia. Solaria es una empresa con actividad consolidada y resultados positivos. Tampoco puede exigírsele que financie con recursos propios la totalidad de los US$ 5.700 millones anunciados, puesto que el proyecto contempla la participación de operadores tecnológicos y otros inversores. Precisamente por eso, la cuestión fundamental es conocer quiénes serán esos participantes, cuánto invertirán y qué compromisos efectivos han asumido.

Hasta ahora, esa información no se ha hecho pública. El acuerdo comunicado por Solaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España establece que la compañía desarrollará y administrará la zona franca, además de contemplar un contrato de compraventa de energía con UTE de hasta 40 años. Pero no identifica a los operadores de los centros de datos ni acredita el cierre financiero del emprendimiento.

Las negociaciones continúan. Según informó Búsqueda ayer jueves, la ministra Fernanda Cardona viajará nuevamente a España a principios de noviembre, mientras UTE prepara licitaciones para ampliar la capacidad de generación eléctrica. El acuerdo definitivo, sin embargo, recién está previsto para mayo de 2027. Es positivo que las adjudicaciones se condicionen a la confirmación de la inversión privada, una precaución que corresponde reconocer.

Ello no despeja todas las interrogantes. UTE ha estimado que necesitará US$ 120 millones adicionales para adelantar inversiones vinculadas con el proyecto. También deberán resolverse las condiciones económicas de los contratos energéticos, los costos de infraestructura y las garantías frente a eventuales incumplimientos o demoras. Tratándose de compromisos que pueden extenderse durante décadas, resulta imprescindible conocer cómo se distribuirán los riesgos entre el inversor privado y la empresa pública.

Incluso la calificadora Moody's, que reconoce el potencial del proyecto para mejorar la productividad y fortalecer la economía uruguaya, ha advertido sobre los desafíos financieros, energéticos e hídricos, así como sobre los eventuales riesgos fiscales derivados de garantías o inversiones estatales.

El gobierno tiene razones para promover una iniciativa de esta magnitud, pero no para presentarla como una realidad consumada. Todavía falta demostrar que existen los recursos, los contratos y las condiciones técnicas necesarias para ejecutarla.

Uruguay necesita inversiones, no anuncios espectaculares que puedan terminar en frustraciones. Ojalá Solaria concrete su proyecto. Pero precisamente por su importancia, lo que corresponde exigir es transparencia, prudencia y garantías suficientes para proteger el interés nacional. Porque entre anunciar US$ 5.700 millones y conseguir que efectivamente se inviertan existe una diferencia que ningún entusiasmo político puede disimular.