Sin sueldo no hay casa
Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 3'
Por Alicia Quagliata
21,3%. Esa es la tasa de desempleo entre los jóvenes uruguayos a nivel nacional (según el INE a junio de 2026), más del triple del promedio general del país (7%). Es un promedio que mezcla realidades muy distintas en cuanto al nivel socioeconómico. Dentro de ese promedio, hay territorios donde el problema es sensiblemente más agudo y que sirven para entender qué hay detrás del número nacional.
En Cerro Norte, primer territorio del plan Más Barrio, los datos oficiales muestran un 14% de desempleo —el doble del promedio nacional—, pero ocultan una realidad más profunda: una bajísima tasa de actividad en la que la mayoría ni siquiera busca trabajo, lo que eleva a uno de cada cuatro la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (frente al promedio nacional del 12,6% para ese mismo indicador).
Ese es el verdadero núcleo del problema, y no se resuelve enviando un currículum a un portal de empleo o postulándose a una búsqueda laboral, sino en el aula, mucho antes de intentar ingresar al mercado de trabajo.
Es la misma lógica que atraviesa cualquier asentamiento del país: donde la educación no llega con calidad ni el empleo con oportunidades reales, la intervención urbana no alcanza para sostener nada.
El déficit de partida —66.882 hogares con carencia crítica, según el propio ministerio— se explica siempre igual: falta suelo, falta financiamiento, sobra burocracia. Casi nunca por lo obvio: tener un techo regularizado y poder sostenerlo en el tiempo son cosas distintas, y lo que las separa es el trabajo que genera ingreso.
El desafío de la integración es el mismo para todos: implica costos fijos que requieren un flujo de ingresos estable. Mientras el Estado interviene conectando viviendas al saneamiento o al alumbrado público, en el fondo del mismo lote se empiezan a levantar piezas, ampliaciones de chapa y bloques para la familia ampliada: los hijos y nietos que no tienen cómo emanciparse, ya que no tienen ingresos.
El caso analizado alcanza para entender el mecanismo. Uruguay tiene programas que conectan estudio y trabajo: Uruguay Estudia lleva años dando becas y este año arrancó Uruguay Impulsa con empleo protegido y formación. Tampoco faltan incentivos para que el sector privado incorpore a jóvenes: la Ley 20.506, aprobada este año por unanimidad, subsidia hasta el 80% del salario de un joven contratado. Más Barrio, además, incluye a la ANEP entre las instituciones que lo articulan, junto con la OPP, el MIDES, la ANV y el BHU. La educación y el empleo están en el organigrama y en la ley.
El Estado uruguayo lleva más de un siglo sabiendo hacer algo que hoy parece haberse olvidado: articular políticas distintas alrededor de un mismo objetivo. Así se construyeron, generación tras generación, las instituciones capaces de sostener la movilidad social en este país. Hoy, con todas las herramientas en la mano, el gobierno actual no logra juntarlas donde más falta hacen.
La precariedad social no se resuelve con obra pública ni con subsidios al empleo por separado. Se resuelve cuando educación y trabajo avanzan juntos, como dos condiciones que no funcionan una sin la otra.
La articulación real exige ir más allá de los logos: implica establecer cupos de becas y empleo protegidos asignados específicamente a la zona y realizar un seguimiento con nombre y apellido de cada joven desconectado del sistema educativo.
Sin estudio no hay trabajo. Sin sueldo no hay casa. Y sin una política que junte esas tres cosas, regularizar el territorio no alcanza para integrar a quienes viven en él.
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