La ausencia de Sandra Lazo en la Comisión de Defensa no disipa las dudas: las multiplica.
La decisión de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, de no concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para explicar el controvertido caso del astillero español Cardama S.A., no es una simple omisión circunstancial. Es un gesto político que, por su carga simbólica e institucional, dice más que cualquier declaración. En la nota enviada al Parlamento, Lazo comunicó que “no concurrirá por el momento”, alegando que probablemente sería objeto de una interpelación posterior. La oposición interpretó ese argumento como una maniobra dilatoria. Como dijo el diputado colorado Maximiliano Campo, “cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”.
El caso Cardama excede el terreno administrativo: involucra un contrato de unos 92 millones de dólares para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) cuya adjudicación y desarrollo fueron cuestionados por presuntas irregularidades en la garantía presentada por la empresa. Tras meses de advertencias y revisiones, el Estado uruguayo resolvió rescindir el acuerdo, abriendo un frente diplomático y jurídico con la compañía española. La responsabilidad política del episodio recae inevitablemente sobre el Ministerio de Defensa, que condujo el proceso bajo la dirección de Lazo.
La negativa de la ministra a comparecer ante los legisladores adquiere, por tanto, un significado mayor. No sólo evita el control político que la Constitución reserva al Parlamento, sino que erosiona la confianza pública en la transparencia de las decisiones de gobierno. En un régimen democrático, la rendición de cuentas no es una cortesía institucional sino una obligación republicana. La figura del ministro —y más aún la de quien encabeza una cartera sensible como Defensa— no puede quedar al margen del escrutinio parlamentario sin que ello suponga un deterioro de la legitimidad del cargo.
El silencio de Lazo abre interrogantes sobre la fortaleza del vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. En un contexto de creciente tensión política, la ausencia de explicaciones oficiales puede interpretarse como una señal de debilidad institucional o, peor aún, como un intento de eludir responsabilidades. Mientras tanto, la oposición ya prepara una interpelación formal, lo que podría escalar el conflicto a una nueva fase. Si eso ocurre, la ministra no sólo deberá enfrentar las preguntas que hoy evita, sino hacerlo bajo una presión política mucho mayor.
En definitiva, la estrategia del silencio no cierra el tema: lo amplifica. El Parlamento sigue esperando respuestas, la prensa mantiene el foco sobre el caso y la ciudadanía percibe, una vez más, que los compromisos de transparencia se diluyen cuando las explicaciones resultan incómodas. En política, callar también es hablar, y cuando el silencio proviene de quien debe rendir cuentas, se convierte en una forma de respuesta que interpela tanto como una palabra dicha.
