Correo de los Viernes - Sí, el comisario general Clavijo debe ser sancionado

Sí, el comisario general Clavijo debe ser sancionado

Edición Nº 1076 - Viernes 10 de abril de 2026. Lectura: 4'

Un jerarca policial en actividad enfrentando públicamente a un senador no es una anécdota: es una señal grave de indisciplina institucional. Cuando la Policía se permite entrar en la disputa política, lo que está en juego no es un cruce verbal, sino el principio mismo de subordinación al poder civil.

La polémica se originó en un cruce que, en apariencia, podría leerse como una simple disputa retórica, pero que en realidad expone una tensión mucho más profunda entre política e institucionalidad. El senador Andrés Ojeda cuestionó con dureza el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el Ministerio del Interior, utilizando la conocida metáfora de que “la montaña parió un ratón” para describir lo que consideró un resultado decepcionante frente a las expectativas generadas.

La respuesta no provino de un actor político, sino del subdirector nacional de la Policía, comisario general Alfredo Clavijo, quien en una entrevista radial expresó su malestar por la comparación. Clavijo no solo rechazó la metáfora, sino que la reinterpretó en clave identitaria: cuestionó si los policías debían ser considerados “ratones” y afirmó que, si debieran compararse con un animal en su lucha contra el crimen, serían “un puma bravo”. La intervención, lejos de cerrar la discusión, la trasladó a un terreno institucional delicado.

La denuncia: límites legales y constitucionales

A partir de esas declaraciones, Ojeda presentó una denuncia formal ante el Ministerio del Interior, en la que sostiene que Clavijo incurrió en una “infracción grave”. El argumento central no se apoya en el contenido anecdótico de la metáfora, sino en la naturaleza de la intervención: un jerarca policial en actividad que responde públicamente a un senador de la República en el marco de un debate político.

Según Ojeda, las expresiones de Clavijo no pueden ser consideradas opiniones personales amparadas por la libertad de expresión en abstracto, ya que fueron emitidas desde una posición institucional y en ejercicio de su jerarquía. En ese sentido, el senador invoca el literal O) del artículo 36 de la Ley N.º 19.315, que establece como deber inherente al estado policial la abstención de toda actividad política —pública o privada— mientras el funcionario se encuentre en actividad, salvo el ejercicio del voto conforme a la Constitución.

La denuncia también subraya un elemento clave: la jerarquía del funcionario involucrado agrava la situación. No se trata de un policía raso ni de una expresión marginal, sino de uno de los principales mandos de la fuerza. Para Ojeda, esto proyecta hacia la ciudadanía una señal preocupante de politización de la Policía, incompatible con los principios republicanos de neutralidad institucional.

Un precedente peligroso

El planteo del senador incorpora además una dimensión de coherencia normativa: recuerda que numerosos policías han sido sancionados por expresiones públicas —muchas de ellas de menor entidad— y que incluso existe jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que avala sanciones por manifestaciones de contenido proselitista en cargos que exigen neutralidad.

En consecuencia, Ojeda solicita la apertura inmediata de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y, eventualmente, aplicar sanciones.

Una cuestión de fondo: la línea que no debe cruzarse

Más allá de la discusión jurídica, el episodio plantea un problema institucional de fondo que no admite ambigüedades. En un sistema republicano, la subordinación de las fuerzas de seguridad al poder civil no es solo una formalidad: es una garantía esencial del equilibrio democrático. Y esa subordinación implica, necesariamente, abstención política.

Que un alto jerarca policial responda públicamente —y en tono crítico— a un senador de la República no es un detalle menor ni un exabrupto aislado. Es, en los hechos, la irrupción de un actor armado del Estado en el debate político. Y eso, en cualquier democracia madura, es inadmisible.

No se trata de negar a los policías su condición de ciudadanos, sino de recordar que el uniforme impone restricciones específicas precisamente para proteger la institucionalidad. La neutralidad no es un privilegio: es una obligación.

En este contexto, la reacción de Clavijo no puede relativizarse ni diluirse en el plano de lo anecdótico. La discusión no es sobre metáforas ni sobre animales, sino sobre límites. Y esos límites existen por una razón: evitar que quienes detentan el monopolio legítimo de la fuerza se conviertan en actores políticos.

La posición de Ojeda, en este sentido, no solo es jurídicamente consistente, sino institucionalmente imprescindible. Permitir que este tipo de conductas pasen sin consecuencias sería abrir una puerta que la democracia uruguaya, con su tradición de equilibrio civil-militar y policial, no debería siquiera entreabrir.

Porque cuando la Policía deja de ser neutral, el problema ya no es político: es estructural. Y ahí, las metáforas dejan de ser inocuas.