Correo de los Viernes - Rusia votó, pero no eligió

Rusia votó, pero no eligió

Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

La contundente victoria de Rusia Unida consolida el dominio de Vladímir Putin sobre la Duma Estatal. Sin embargo, la exclusión de la oposición contraria a la guerra, la falta de observación independiente y la utilización de los recursos del Estado impiden considerar que haya existido una competencia electoral auténtica.

Con más del 95% de los votos escrutados, las elecciones parlamentarias rusas concluyeron con un resultado tan contundente como previsible. Rusia Unida, el partido que sostiene políticamente al presidente Vladímir Putin, obtuvo el 57,83% de los votos y alcanzaría 355 de los 450 escaños de la Duma Estatal. Se trata de su mejor resultado histórico y de una mayoría superior a los dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales sin depender de ninguna otra fuerza.

La participación oficial fue del 59,3%, la más alta registrada en una elección parlamentaria rusa desde comienzos de siglo. Para el Kremlin, ambos datos —la concurrencia y la magnitud de la victoria— demuestran la unidad de la sociedad en torno a Putin y constituyen una ratificación indirecta de la guerra contra Ucrania.

La realidad es más compleja. Rusia Unida conserva un apoyo social considerable, pero las condiciones en las que se desarrolló la elección impiden determinar qué proporción del resultado corresponde a adhesión genuina, cuánto responde a la movilización de los recursos del Estado y cuánto obedece simplemente a la inexistencia de una alternativa electoral viable.

La Duma se elige mediante un sistema mixto. La mitad de sus integrantes surge de listas partidarias nacionales y la otra mitad de circunscripciones uninominales, en las que resulta electo el candidato más votado. Este segundo componente favorece de manera extraordinaria al partido gobernante: con algo menos del 58% del voto por listas, Rusia Unida controlará cerca del 79% de la Cámara. La dispersión de sus adversarios y el peso de los aparatos administrativos regionales le permitieron imponerse en la gran mayoría de los distritos individuales.

El Partido Comunista de la Federación Rusa quedó nuevamente en segundo lugar, con aproximadamente el 13,8%, pero experimentó un retroceso considerable frente al 18,93% obtenido en 2021. Aunque conserva un electorado estable entre los mayores, los sectores industriales y quienes añoran el sistema soviético, hace tiempo que dejó de representar una amenaza para el poder. Critica algunas decisiones económicas y sociales del gobierno, pero respalda al Kremlin en las cuestiones estratégicas y acompañó las principales medidas relacionadas con la guerra.

El Partido Liberal Democrático obtuvo alrededor del 9%. Pese a su nombre, se trata de una formación nacionalista, autoritaria y militarista. Su crecimiento después de la muerte de su fundador, Vladímir Zhirinovski, indica que una parte del descontento existente no se desplaza hacia posiciones liberales o pacifistas, sino hacia un nacionalismo todavía más radical.

Gente Nueva alcanzó el 7,96% y confirmó su presencia parlamentaria. Surgido como una opción urbana, empresarial y tecnocrática, procura captar a votantes jóvenes o moderadamente críticos sin cuestionar los fundamentos del sistema. Puede diferenciarse de Rusia Unida en determinadas políticas internas, pero no constituye una oposición real a Putin ni a la orientación internacional del país.

Rusia Justa, por su parte, quedó en torno al 5%, apenas sobre el mínimo requerido para ingresar en la Duma. La combinación de estatismo económico, nacionalismo y respaldo a la guerra ya no parece suficiente para distinguirla de las restantes fuerzas oficialistas. Su resultado abre interrogantes sobre su supervivencia como partido autónomo.

En apariencia, la nueva Duma conservará cinco partidos. En los hechos, ninguno de ellos ofrece una alternativa sobre las cuestiones centrales. Comunistas, nacionalistas, socialpatriotas y tecnócratas han acompañado habitualmente a Rusia Unida en las votaciones importantes. Existe una pluralidad de siglas, pero no una verdadera competencia por la dirección del Estado.

El caso de Yábloko permite comprender mejor los límites del proceso. Era el único partido registrado que reclamaba abiertamente el final de la guerra y un acuerdo de paz con Ucrania. Su lista nacional fue excluida por una decisión judicial antes de las elecciones. Casi simultáneamente, uno de sus principales dirigentes, Lev Shlosberg, fue condenado a once años de prisión por sus declaraciones sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.

Yábloko no pudo, por lo tanto, competir por bancas nacionales. Sin embargo, obtuvo alrededor del 6,2% en la elección regional de Nóvgorod, el único lugar donde su lista fue admitida. Es un resultado modesto, pero significativo: incluso bajo fuertes restricciones subsiste dentro de Rusia un electorado dispuesto a respaldar una posición contraria a la guerra.

La transparencia del proceso debe analizarse en dos planos diferentes. El primero es el escrutinio propiamente dicho. La Comisión Electoral Central publicó porcentajes, cifras de participación y resultados territoriales, y afirmó que la votación había sido limpia. Pero no existe una verificación independiente que permita confirmar esa conclusión.

Rusia no invitó a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Fue la tercera elección nacional consecutiva que el organismo no pudo supervisar. Al mismo tiempo, el movimiento ciudadano Golos, especializado en la observación electoral, fue perseguido hasta su disolución, y sucesivas modificaciones legales limitaron la presencia de fiscalizadores independientes.

La votación durante tres días y la creciente utilización del sufragio electrónico también redujeron la posibilidad de auditar integralmente el proceso. Se denunciaron presiones sobre empleados públicos, irregularidades en algunas mesas y problemas con el sistema digital. La ausencia de observadores imparciales hace imposible establecer el alcance real de esos episodios. No existen elementos suficientes para afirmar que todos los resultados hayan sido fabricados, pero tampoco los necesarios para certificarlos independientemente.

El segundo plano es más importante que el recuento de los votos: la libertad de la competencia. Incluso si cada papeleta hubiera sido contabilizada correctamente, la elección no podría calificarse como libre y equitativa. La única fuerza nacional abiertamente contraria a la guerra fue apartada; numerosos opositores estaban presos, exiliados o inhabilitados; los medios independientes habían sido clausurados o severamente restringidos, y las leyes contra los “agentes extranjeros” y el “descrédito” de las Fuerzas Armadas imposibilitaron un debate público normal.

La intervención más decisiva, por consiguiente, se produjo antes de que se abrieran las urnas. El poder determinó quién podía presentarse, qué podía decir y a qué información tendría acceso el electorado. Las elecciones permitieron escoger entre distintas expresiones del sistema, pero no decidir sobre la continuidad del propio sistema ni sobre la guerra.

A ello se añade la celebración de votaciones en Crimea y en las zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Rusia las considera parte de su territorio; Ucrania y la mayor parte de la comunidad internacional no reconocen su anexión. La Unión Europea declaró que los comicios realizados en esas regiones carecen de validez y constituyen una nueva violación de la soberanía ucraniana.

La consecuencia inmediata será una Duma todavía más subordinada al Ejecutivo. Con 355 diputados, Rusia Unida podrá aprobar leyes ordinarias, presupuestos, nuevas restricciones internas e incluso modificaciones constitucionales sin negociar con ninguna otra fuerza. El Parlamento funcionará menos como ámbito de deliberación que como instrumento de legitimación de las decisiones adoptadas por el Kremlin.

También aumentará la militarización institucional. Al menos 49 veteranos de la guerra contra Ucrania fueron elegidos diputados. Su presencia reforzará la influencia política de las estructuras militares y de seguridad, así como las políticas de asistencia a combatientes, exaltación patriótica y expansión del gasto en defensa.

La victoria no significa necesariamente que el Kremlin haya decidido realizar una nueva movilización militar. Pero le permite presentar cualquier medida futura como respaldada por la población. La evolución del frente, las necesidades de efectivos y el costo social de otra convocatoria determinarán si Putin utiliza o no ese margen político.

Las elecciones no modificaron el equilibrio del poder ruso: lo hicieron más visible. Putin conserva el control del Estado, de las instituciones y del sistema partidario. La oposición admitida no pretende sustituirlo y la oposición efectiva ha quedado fuera del Parlamento.

La estabilidad resultante, sin embargo, no depende principalmente de los 355 diputados de Rusia Unida. Dependerá de la marcha de la guerra, de la situación económica, del impacto de las bajas y de una eventual nueva movilización, así como de la cohesión de las élites que rodean al presidente.

Mientras esas variables permanezcan bajo control, la nueva Duma garantizará continuidad. Pero una mayoría parlamentaria puede aprobar casi cualquier decisión; no puede, por sí sola, evitar que una guerra prolongada, el deterioro económico o una fractura dentro del poder terminen alterando el escenario.

Rusia votó durante tres días y distribuyó 450 bancas. Lo que sus ciudadanos no pudieron hacer fue escoger entre proyectos verdaderamente diferentes. El resultado posee una indudable precisión administrativa, pero un significado político mucho más incierto: demuestra la fortaleza del régimen, no necesariamente la profundidad del consentimiento.