Correo de los Viernes - Runa y la justicia que debe dar explicaciones

Runa y la justicia que debe dar explicaciones

Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 5'

La muerte de una adolescente de 16 años, después de permanecer 18 días detenida por una presunta agresión que nunca llegó a juicio, ha desatado una profunda controversia en Japón. El caso pone bajo cuestionamiento las garantías individuales, las prácticas policiales y un sistema judicial acusado desde hace años de privilegiar las confesiones sobre los derechos de los sospechosos.

Japón es una de las democracias más desarrolladas del mundo, admirada por su seguridad, su organización y el respeto de sus ciudadanos por las normas. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un sistema penal cuyas prácticas han sido cuestionadas reiteradamente por organizaciones internacionales de derechos humanos. La muerte de Runa, una adolescente de apenas 16 años, ha vuelto a colocar ese problema en el centro del debate.

Runa —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad— trabajaba en un establecimiento de atención a personas con discapacidad, dirigido por su madre, en la prefectura de Hyogo. En febrero de 2025, durante una actividad, intervino para impedir que una residente mordiera a otra persona. Según la versión familiar, se limitó a sujetarle la mandíbula. Sin embargo, cuatro meses después, el 17 de junio, fue arrestada bajo sospecha de agresión.

Lo que siguió resulta estremecedor. La adolescente permaneció 18 días detenida, sin poder recibir visitas de su madre por una prohibición solicitada por la fiscalía y autorizada judicialmente. Durante los interrogatorios, según las anotaciones que dejó en un cuaderno, los investigadores la presionaban para que reconociera una agresión que ella negaba haber cometido.

Entre aquellas páginas quedaron expresiones desgarradoras: «Mamá, quiero verte», «Quiero comer contigo, dormir contigo, ir de compras y abrazarte». También escribió que estaba tan conmocionada que no podía comer, pese a sostener que no había hecho nada.

Finalmente fue liberada sin que se presentaran cargos. Pero la muchacha que regresó a su casa ya no era la misma. Según los documentos aportados por su familia, había ingresado con 37,5 kilos y salió con apenas 27,7. Posteriormente le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y desarrolló graves dificultades alimentarias. Su deterioro continuó hasta que, en diciembre de 2025, murió por desnutrición, con un peso cercano a los 20 kilos.

Su madre presentó una demanda contra el Estado japonés y la prefectura de Hyogo, reclamando 109 millones de yenes por una detención que considera ilegal y por sus consecuencias. El juicio comenzó el pasado 21 de octubre ante un tribunal de Kobe.

Naturalmente, corresponde respetar las garantías de todas las partes. Que Runa no haya sido acusada formalmente no constituye por sí solo una declaración judicial de inocencia, del mismo modo que su fallecimiento posterior no prueba automáticamente la responsabilidad penal o civil de los funcionarios intervinientes. Esas cuestiones deberán ser examinadas por los tribunales.

Pero semejante prudencia jurídica no puede impedir que se formulen preguntas elementales. ¿Era indispensable mantener encerrada durante 18 días a una adolescente de 16 años? ¿Existían riesgos reales de fuga o destrucción de pruebas? ¿Se adoptaron medidas suficientes para proteger su salud cuando comenzó a perder peso? ¿Por qué fue necesario impedirle el contacto con su madre?

La legislación japonesa establece condiciones especialmente restrictivas para la detención de menores. No obstante, el sistema admite períodos prolongados de privación de libertad antes de formular una acusación y no garantiza la presencia de abogados durante los interrogatorios. Son circunstancias que adquieren particular gravedad cuando el sospechoso es un adolescente.

En 2023, Human Rights Watch publicó un extenso informe denunciando lo que se conoce como «justicia de rehenes»: la utilización de detenciones prolongadas y restricciones a la libertad para presionar a los investigados hasta obtener confesiones. El gobierno japonés rechaza esa caracterización y sostiene que sus procedimientos respetan las garantías legales y los derechos fundamentales.

La controversia ha llegado incluso a figuras relevantes del propio sistema político japonés. Masako Mori, exministra de Justicia, calificó el caso de inconcebible y reclamó reformas en las prácticas de investigación y detención.

Por su parte, la policía de Hyogo sostiene que actuó legítimamente y niega que se haya demostrado una relación causal entre la detención y el fallecimiento. Un alto funcionario policial adelantó, además, que durante el proceso se examinará si la familia brindó una atención adecuada a la adolescente en los meses posteriores a su liberación.

Es legítimo que las autoridades ejerzan su defensa y que se investiguen todas las circunstancias relevantes. Pero sería profundamente preocupante que el esclarecimiento de las responsabilidades estatales terminara desplazado por un intento de atribuir exclusivamente a la familia las consecuencias de una situación que comenzó mientras la menor estaba bajo custodia pública.

La cuestión trasciende largamente este episodio. La fortaleza de un Estado de derecho no se mide únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino también por los límites que impone a quienes ejercen el poder de investigar, detener y juzgar. La presunción de inocencia, la proporcionalidad de las medidas cautelares y la protección de las personas privadas de libertad no son formalidades prescindibles en nombre de la eficacia policial.

Japón tiene instituciones democráticas sólidas y recursos suficientes para revisar sus procedimientos sin que ello implique debilitar la persecución del delito. Por el contrario, un sistema judicial que reconoce sus deficiencias y las corrige fortalece su legitimidad.

Runa tenía 16 años y toda una vida por delante. El proceso judicial deberá determinar qué responsabilidades existen en su muerte. Pero hay algo que no debería admitir discusión: ninguna investigación puede convertir la privación de libertad en una pena anticipada, y mucho menos desentenderse de la integridad física y psicológica de quien todavía conserva plenamente su presunción de inocencia.

Una democracia no demuestra su fortaleza por la severidad con que trata a los sospechosos, sino por las garantías que es capaz de ofrecerles, especialmente cuando son más vulnerables.