Rodrigo Paz anunció el fin de los subsidios a los combustibles en Bolivia y declaró la emergencia económica, desencadenando una respuesta dividida entre mercados, sindicatos y organizaciones sociales.
En un mensaje televisado, el presidente Rodrigo Paz Pereira formalizó el fin de los subsidios a los combustibles, política que rigió por más de dos décadas en Bolivia y que ha marcado la vida económica y política del país sudamericano desde el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS). Paz, que asumió la presidencia el 8 de noviembre de este año, declaró además una emergencia económica, financiera, energética y social, argumentando que las condiciones heredadas —inflación elevada, escasez de combustibles, reservas de dólares deprimidas y un déficit fiscal profundo— exigían medidas drásticas para estabilizar la economía nacional.
El mandatario defendió el ajuste como una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento, ordenar las cuentas públicas y establecer precios “claros y transparentes” para los hidrocarburos en Bolivia, presentando la eliminación de un subsidio que costaba al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales. En su discurso, Paz insistió en que la eliminación de los subsidios no significaba abandono del pueblo, sino un paso hacia la justicia distributiva y la sostenibilidad fiscal.
Contenido esencial del discurso
Según el propio mensaje presidencial, los principales elementos anunciados fueron:
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Fin inmediato de los subsidios al diésel y la gasolina, rompiendo con un esquema de precios fijos vigente desde principios de siglo que había drenado las reservas estatales y contribuido a la escasez física de combustibles.
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Declaración de emergencia económica, social y energética, que habilita al Ejecutivo a tomar medidas rápidas para enfrentar la crisis.
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Permitir la importación directa de diésel por el sector privado, tras retirar al combustible del régimen de Sustancias Controladas, con el objetivo de aliviar la oferta y fomentar la competencia en mercados clave.
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Reformas fiscales y de gasto, incluyendo retomar prioridades presupuestarias y compromisos con disciplina macroeconómica.
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Aumento del salario mínimo en aproximadamente un 20%, anunciado en el mismo paquete de medidas, con el objetivo de amortiguar el impacto social del ajuste estructural.
A la par, el presidente presentó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la supuesta corrupción en el sector de hidrocarburos durante gobiernos anteriores del MAS, reforzando la narrativa de que la crisis actual tiene raíces tanto estructurales como éticas.
Impacto económico inmediato
Los precios de los combustibles sufrieron aumentos significativos desde el mismo anuncio, con el diésel casi triplicando su costo por litro y la gasolina premium casi duplicando su precio con respecto a los niveles subsidiados anteriores. Reuters Este ajuste tiene efectos directos e inmediatos:
- Incremento en los costos de transporte y logística, con repercusiones en alimentos, bienes de consumo y productos básicos.
- Presión inflacionaria adicional a corto plazo, en un contexto donde la inflación ya registra cifras que rondan niveles altos.
- Posible alivio fiscal en mediano plazo, al disminuir el drenaje de las reservas y liberar recursos para gasto social prioritario.
El gobierno ha tratado de subrayar que este reordenamiento de precios y de la economía apunta a recuperar certidumbre macroeconómica, atrayendo eventualmente inversión interna y extranjera para reactivar sectores productivos estratégicos. El gobierno de Estados Unidos destacó que las reformas podrían impulsar la inversión internacional en Bolivia al enviar una señal de disciplina fiscal y apertura de mercado.
Repercusiones políticas y sociales
Las reacciones ante el discurso presidencial han sido diversas y polarizadas:
- Sectores empresariales y mercados financieros recibieron el paquete de medidas con expectativas positivas, valorando la disciplina fiscal como una base para la recuperación económica.
- Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos populares expresaron preocupación y rechazo ante la eliminación de subsidios, advirtiendo que los ajustes de precios pueden traducirse en un aumento del costo de la vida y menor capacidad de consumo de los hogares.
- Transportistas y gremios de trabajadores han señalado la posibilidad de ajustes en tarifas de pasajes y servicios, como respuesta obligada al incremento de los costos de operación.
- Sectores de izquierda y organizaciones vinculadas históricamente al MAS han convocado a la protesta, argumentando que las reformas afectan los derechos sociales conquistados en años previos y representan un giro drástico de política que profundiza desigualdades.
En el plano político, la medida expone la fragilidad de la coalición gobernante, ya que el partido de Paz no cuenta con mayoría legislativa propia y deberá negociar con otras fuerzas para consolidar su agenda de reformas estructurales.
Balance preliminar
El discurso de Rodrigo Paz marca un punto de inflexión en la política económica boliviana, con un intento claro de ruptura con esquemas de subsidios que resultaron insostenibles. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno de equilibrar disciplina macroeconómica con medidas sociales que puedan amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables del país.
