Robert Silva pone en jaque una política educativa sin rumbo claro
Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 4'
Convocados por el senador Robert Silva, el ministro José Carlos Mahía y las autoridades de la ANEP defendieron su gestión ante la Comisión Permanente, pero las respuestas no lograron disipar las dudas sobre la continuidad de la transformación educativa y dejaron expuesta la ausencia de un proyecto integral con rumbo definido.
En una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Parlamento, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, junto con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), comparecieron ante legisladores, convocados por el senador colorado Robert Silva. El objetivo: responder por la gestión del sistema educativo actual y, sobre todo, por lo que Silva y la oposición consideran una “falta de rumbo claro” y una serie de retrocesos respecto a políticas que venían implementándose en años anteriores.
Desde el inicio de la comparecencia, Silva fue incisivo en sus cuestionamientos. Rechazó la idea de que su postura fuera simplemente defender todo lo hecho por la administración anterior, pero afirmó que existen “marchas atrás en forma sucesiva” en lo que fue la transformación educativa impulsada durante años previos de discusión nacional. Entre sus principales críticas estuvo la interrupción de procesos sin evaluaciones previas, lo que a su juicio “es fatal para la educación”, ya que reemplaza la planificación por la reacción.
Cuestionamientos puntuales de Silva
Una de las principales líneas de crítica fue la situación de los centros de tiempo completo en liceos y en la UTU. Silva señaló que la administración actual habría paralizado la expansión de estos centros, contrariamente a evaluaciones que los consideraban exitosos, y que en 2026, a su entender, “no hay más centros de tiempo completo en el Uruguay”.
El senador también puso el foco sobre lo que considera problemas de articulación y coherencia entre los distintos subsistemas educativos —Primaria, Secundaria y UTU—, y habló de una falta de coordinación que debilita el sistema en su conjunto. Destacó, además, cambios curriculares en UTU que, según él, “sacan figuras” y reducen horas de aprendizajes considerados fundamentales.
En materia de inspecciones pedagógicas, Silva denunciò un retroceso al eliminar o modificar cargos de inspectores regionales en Primaria sin consulta ni diálogo con los sectores educativos implicados. Además, criticó la propuesta para la creación de la Universidad de la Educación, asegurando que existe una falsa oposición entre esa iniciativa y la posibilidad de que los docentes tengan título universitario en todo el país.
Respuestas de Mahía y de ANEP
Frente a estos cuestionamientos, el ministro Mahía defendió la gestión del gobierno y de la ANEP. Rechazó que existiera un retroceso general y enfatizó el “legítimo derecho” del gobierno a cambiar políticas educativas heredadas si considera que así debe hacerlo, en el marco de un programa de gobierno aprobado por la sociedad en las elecciones de 2024.
El ministro destacó además iniciativas como la creación de la Universidad de la Educación, señalando su importancia para ampliar las oportunidades de formación, especialmente en el interior del país. Mahía aseguró que para este año hay metas importantes en materia educativa y defendió que estas medidas buscan responder a las necesidades actuales del sistema.
Por su parte, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, remarcó que “Uruguay tiene múltiples experiencias sobre el tiempo educativo” y que la administración está ordenando propuestas bajo un enfoque que, en su visión, responde a compromisos asumidos durante la campaña. También admitió que los avances en cobertura de tiempo extendido han sido lentos, aunque sostuvo que se continúa trabajando en su consolidación.
¿Hay rumbo o solo improvisación?
La comparecencia dejó en evidencia una profunda división sobre el estado actual de la educación pública uruguaya. Silva formuló preguntas y planteó que lo que está ocurriendo no es una continuidad coherente ni una evolución orgánica del sistema, sino una serie de cambios sin evaluación, sin articulación y sin un proyecto integral claro.
Las respuestas del ministro y de las autoridades de la ANEP, si bien defendieron las decisiones del gobierno y subrayaron la legitimidad democrática —lo cual nunca estuvo en cuestión— y la intención de ampliar oportunidades educativas, no lograron disipar las inquietudes planteadas por Silva. Su percepción es que falta un rumbo definido que dé certeza a docentes, estudiantes y familias, y que la actual gestión parece enfocarse más en modificar lo anterior que en construir sobre bases sólidas y acordadas.
Al cabo de la jornada parlamentaria, la sensación de incertidumbre persiste: salvo la voluntad política de diferenciarse marcadamente de la gestión anterior —como ha ocurrido en muchas otras áreas—, no aparece una hoja de ruta clara para la educación uruguaya en los próximos años. La comparecencia no solo puso en debate políticas concretas, sino que volvió a encender la discusión sobre qué modelo educativo se quiere para el país, una pregunta clave en un país con resultados cada vez peores en la materia.
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