“Hay un impacto muy importante y negativo en la transformación curricular”, advirtió Silva en declaraciones a El País, al fundamentar la citación del ministro de Educación.

La educación se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en el inicio de 2026. El senador colorado Robert Silva ha vuelto a poner el acento sobre lo que califica como “retrocesos significativos” impulsados por la actual administración frenteamplista, y encaminó una iniciativa para que las autoridades competentes respondan ante el Parlamento.

Silva promovió la citación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que se realizará el próximo 18 de febrero ante la Comisión Permanente del Parlamento. El objetivo, explicó el legislador, es obtener explicaciones claras sobre una serie de decisiones de política educativa que, a su juicio, han revertido avances recientes.

Las críticas más duras de Silva, según señaló en declaraciones a El País, se concentran en lo que él considera cambios negativos en la transformación curricular y en la pérdida de elementos fundamentales del enfoque educativo que se venía desarrollando. “Hay un impacto muy importante y negativo en todo lo que tiene que ver con la transformación curricular…”, sostuvo el senador, en referencia a la eliminación de talleres optativos y la reducción de horas dedicadas a ciertas materias.

Una de las preocupaciones centrales que Silva plantea es el carácter de la enseñanza y la articulación entre los distintos subsistemas educativos. El senador señaló que, según su lectura de los cambios recientes, la integración que se había construido entre la formación docente, la educación general y la capacitación técnica, se ha “desarticulado”, con consecuencias que definiría como “lo más grave” de la actual orientación del gobierno en materia educativa.

Además, el senador colorado se refirió a la propuesta de crear una Universidad de la Educación, señalando que el oficialismo vuelve a caer en el error de “creer que los cambios estructurales automáticamente traerán calidad educativa”. Según Silva, hay riesgos de que esa iniciativa derive en mayor burocracia y en una desconexión con las necesidades reales de la enseñanza.

La postura de Silva es consistente con otras críticas que ha expresado en diferentes ámbitos, donde advierte que las decisiones tomadas por el gobierno podrían debilitar líneas de trabajo y afectar la calidad del sistema educativo nacional. Esta lectura crítica contrasta con la narrativa oficial, que sostiene que los cambios introducidos forman parte de la llamada transformación educativa.

La convocatoria de Mahía al Parlamento no solo pone a prueba la capacidad de la oposición para marcar la agenda educativa, sino que también genera un debate más amplio sobre el rumbo político del sector, sus prioridades y la manera en que deben implementarse las reformas. En ese marco, la intervención de Silva refuerza una posición frontalmente crítica del oficialismo y exige respuestas públicas que traten de dirimir diferencias sustantivas sobre educación y políticas de Estado.