Correo de los Viernes - Rigidez laboral y competitividad en riesgo

Rigidez laboral y competitividad en riesgo

Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 4'

El llamado de la OIT sobre la negociación colectiva debería abrir un debate serio sobre modernización laboral, en un contexto de competencia regional por inversiones.

La más reciente observación de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vuelve a colocar a Uruguay bajo escrutinio en materia de negociación colectiva. No se trata de un señalamiento menor ni aislado: es la reiteración de una preocupación que el organismo viene formulando desde hace más de una década respecto al funcionamiento de los Consejos de Salarios y al alcance de la negociación colectiva en el país.

El núcleo del señalamiento no es la existencia de negociación colectiva —institución central en cualquier democracia social—, sino el grado de intervención estatal y la forma en que se fijan condiciones que luego se aplican erga omnes. La OIT ha sostenido reiteradamente que la negociación colectiva debe fundarse en el acuerdo libre entre partes y que la extensión de convenios debe cumplir ciertos estándares de representatividad y proporcionalidad. En otras palabras, el organismo no cuestiona el diálogo social, sino la arquitectura normativa que puede convertirlo en una imposición general sin suficiente respaldo en la autonomía de las partes.

Este punto no es nuevo en la discusión uruguaya. Desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, el modelo ha sido defendido por el oficialismo como una herramienta de cohesión social y de mejora distributiva, con lo cual podemos coincidir. Sin embargo, es obvio, la estructura vigente presenta rigideces que dificultan la adaptación sectorial, la negociación a nivel de empresa y la generación de acuerdos más flexibles acordes con realidades productivas heterogéneas.

El señalamiento de la OIT adquiere mayor relevancia en un contexto económico que exige dinamismo, inversión y creación sostenida de empleo. Uruguay compite activamente con otros países de la región para atraer capitales destinados a inversiones productivas. En ese escenario, el marco regulatorio laboral no es un detalle técnico: es un componente central del clima de negocios.

La previsibilidad jurídica, la flexibilidad razonable en la negociación colectiva y la posibilidad de adaptar condiciones a la realidad de cada empresa son factores que inciden directamente en la decisión de invertir. Un régimen percibido como rígido o excesivamente centralizado puede desalentar proyectos, especialmente en sectores intensivos en mano de obra o sujetos a ciclos internacionales volátiles.

Desde esta perspectiva, el llamado de la OIT debería interpretarse como una oportunidad para modernizar el marco normativo, alineándolo con estándares internacionales y con las exigencias de una economía abierta. Modernizar no significa desproteger; significa ajustar mecanismos para que la negociación colectiva preserve su esencia democrática sin convertirse en un corsé que limite la competitividad.

Sin embargo, no se advierte en el actual gobierno del Frente Amplio una voluntad política en esa dirección. Por el contrario, los anuncios recientes apuntan a profundizar regulaciones. Esta orientación, lejos de responder a los señalamientos de la OIT, parece consolidar el modelo cuestionado.

El riesgo no es abstracto. Uruguay necesita generar empleo formal de calidad en un contexto de desaceleración económica y creciente competencia regional por inversiones. Si el país envía señales de mayor rigidez normativa y menor margen de negociación empresarial, el resultado puede ser una pérdida relativa de atractivo frente a economías que avanzan en esquemas más flexibles y adaptativos.

La discusión no debería reducirse a una confrontación ideológica entre “derechos” y “mercado”. Se trata, en rigor, de construir un sistema equilibrado que garantice protección efectiva a los trabajadores y, al mismo tiempo, incentive la creación de empleo y la llegada de capital productivo. La modernización del marco laboral es condición para ese equilibrio.

Ignorar los reiterados señalamientos de la OIT o minimizar su alcance no parece una estrategia prudente. Uruguay tiene tradición de respeto a los estándares internacionales y de diálogo institucional. Aprovechar esta nueva observación para revisar, actualizar y perfeccionar el sistema sería una señal de madurez. Persistir en el inmovilismo o avanzar en mayor regulación sin atender las advertencias externas puede, en cambio, consolidar una estructura que, lejos de favorecer el desarrollo, lo condicione.

En un mundo donde el capital es móvil y las decisiones de inversión se toman comparativamente, la competitividad normativa importa. Modernizar las relaciones laborales no es una concesión ideológica; es una necesidad estratégica. Y cuanto más se demore esa discusión, mayor será el costo en términos de empleo y oportunidades perdidas.