Correo de los Viernes - Rendición de cuentas: el otro yo del doctor Merengue

Rendición de cuentas: el otro yo del doctor Merengue

Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

La decisión de la Coalición Republicana de no acompañar la Rendición de Cuentas expone las contradicciones de un gobierno que reclama acuerdos mientras impulsa un proyecto sin reformas de fondo, con mayor gasto, más burocracia y un preocupante retroceso en las garantías de los ciudadanos frente al Estado.

No apoyar la Rendición de Cuentas es la consecuencia lógica del incumplimiento que la mayoría de la población expresó en las últimas encuestas. La Rendición de Cuentas es insatisfactoria por el accionar del gobierno durante el año: no se ha alcanzado ninguna de las aspiraciones propuestas, ni a nivel económico ni en temas de seguridad. A esta altura del año, es claro que la negativa a la aprobación es de la gente, dados los porcentajes reiterados de las últimas encuestas sobre el propio gobierno.

Pero, además, en los extensos 365 artículos del proyecto, entre las cuestiones más graves —además del déficit fiscal, la creación de organismos, la falta de propuestas para eliminar organismos deficitarios o el sentido puramente asistencialista, que profundiza la pobreza sin generar verdaderas herramientas de crecimiento— está la modificación, a favor del Estado, de los artículos del proceso de lo contencioso administrativo, quitándoles derechos a los ciudadanos.

El caso más llamativo es el que rodea al Código de lo Contencioso Administrativo —Ley 20.333—, aprobado en setiembre de 2024 con el voto unánime de todos los legisladores, de todos los partidos. Ese código fue una reforma técnica, consensuada por toda la cátedra y muy esperada por los beneficios que traería a los administrados frente al Estado.

La Rendición de Cuentas 2026 propone 14 modificaciones a ese código. La más polémica está en el artículo 310 del proyecto, que en cuatro líneas dice: «Deróganse los artículos 48 y 59 de la Ley 20.333, de 11 de setiembre de 2024». Dichos artículos consagran el derecho al «urgimiento». El fin de esto es que, si el Estado no se pronunció ante una petición de un ciudadano, se reabre el plazo para poder recurrir a la justicia administrativa.

La norma que se pretende derogar es una norma garantista a favor del ciudadano, que sanciona al Estado cuando no cumple con el deber constitucional de responder ante cualquier petición de los ciudadanos. Con lo cual, la motivación de la derogación es simplemente disminuir los derechos de las personas, volviendo a fortalecer el contumaz comportamiento de la Administración de no responder, resguardándose en el silencio y evadiendo el control jurisdiccional. Esto constituye un retroceso en la defensa de los derechos, porque se menoscaba el principio de igualdad entre las personas y el poder estatal.

Por lo que no se trata de una casualidad: la Rendición de Cuentas proyectada tiene una tónica insatisfactoria, ya que se habla de seguridad, pero poco se propone, y los órganos como las Fiscalías o la Justicia ni siquiera son mencionados. Se habla de pobreza infantil, pero la idea es dar plata, no fortalecer incentivos e instituciones como la educación, que rompan con el círculo de pobreza.

Por lo que, lamentablemente, la reforma del Código de Procedimiento Administrativo es una muestra más de la filosofía del proyecto elevado, con una tónica en la que se fortalecen las burocracias, sin poner el centro en las personas, en la generación de riqueza ni en el ahorro necesario, como sería terminar con Portland, ANCAP y AFE. Es absolutamente inaceptable que el gobierno se queje de la posición de la Coalición Republicana, porque se lo viene advirtiendo desde antes y porque no ha dado ni una sola muestra de intentar lograr acuerdos, sino todo lo contrario: lo único que hace es atizar las diferencias, poniendo impuestos, encareciendo el costo de vida o aumentando el déficit.

Llama la atención que, por otro lado, el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo —Ministerio de Economía y Finanzas—, introduce mecanismos de silencio positivo para trámites de bajo riesgo, estableciendo que, si el Estado no responde dentro de los plazos legales, la solicitud se considera aprobada.

Todo lo cual nos hace acordar al otro yo del Dr. Merengue, oscuro personaje de una historieta argentina, que, por un lado, es el hombre serio, educado, pulcro y políticamente correcto; y, por otro, «El Otro Yo», la silueta fantasmal que siente y hace lo contrario, con avaricia o con la maldad contradictoria del deber ser.

La pregunta es: ¿quién será el Dr. Merengue de este gobierno, uno o todos?