Recuperar la confianza en la JUTEP ya
Viernes 12 de junio de 2026. Lectura: 4'
 Ante el creciente cuestionamiento a la credibilidad de la JUTEP, la iniciativa del diputado colorado Conrado Rodríguez para modificar los criterios de designación de sus autoridades aparece como una respuesta de fondo a un problema institucional cada vez más evidente. Mientras esa reforma se discute, también cobran fuerza alternativas transitorias que incluyen nombres de reconocida trayectoria, incluso provenientes del propio Frente Amplio, para contribuir a recuperar la confianza pública en el organismo.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) atraviesa una de las crisis de credibilidad más profundas desde su creación. Lo que alguna vez fue concebido como un organismo llamado a velar por la ética pública y la transparencia se ha convertido, para una parte creciente de la ciudadanía y del sistema político, en una institución cuya imparcialidad es puesta en duda de forma permanente.
Las críticas no provienen únicamente de la oposición. Incluso figuras históricamente vinculadas a la izquierda y a la propia defensa de los estándares de integridad pública han advertido sobre el deterioro institucional del organismo. El ex presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, ha señalado que tanto este gobierno como el anterior contribuyeron a la partidización del organismo y al aumento de la desconfianza ciudadana hacia la política. En otras oportunidades fue aún más lejos, al afirmar que la JUTEP se encuentra “absolutamente desprestigiada” y que debería mantenerse al margen de las camisetas partidarias.
En este contexto merece ser destacada la iniciativa impulsada por el diputado colorado Conrado Rodríguez. Su propuesta apunta a modificar los criterios para la designación de los futuros integrantes del directorio, elevando las exigencias de idoneidad y procurando que los cargos recaigan en profesionales con sólida trayectoria en la magistratura, la Fiscalía o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La idea parte de un diagnóstico tan evidente como difícil de refutar: la falta de credibilidad y la percepción de partidización están afectando la legitimidad de la institución.
La propuesta tiene el mérito de atacar el problema estructural. La JUTEP no puede seguir siendo percibida como una extensión de las mayorías políticas circunstanciales. Un organismo de control debe inspirar confianza precisamente entre quienes no comparten las posiciones del gobierno de turno. La independencia no puede ser solamente una declaración de principios; debe estar respaldada por mecanismos de designación que reduzcan al mínimo la sospecha de alineamientos partidarios.
Sin embargo, aun cuando la iniciativa prospere, su implementación demandará tiempo. Y el problema de credibilidad es actual, no futuro. Por eso resultan atendibles las voces que plantean la necesidad de una renovación inmediata de la conducción del organismo, particularmente de los directores identificados con el oficialismo y, en especial, de su presidenta, Ana Ferraris, cuya permanencia se ha transformado en un factor adicional de controversia política.
En ese sentido, no deja de ser significativo que algunos de los nombres manejados desde la oposición para una eventual sustitución provengan del propio ámbito frenteamplista. El caso más notorio es el de Ricardo Gil Iribarne, propuesto por dirigentes opositores precisamente porque su trayectoria ha estado asociada a una concepción rigurosa de la transparencia y porque sus posiciones han demostrado independencia respecto de las conveniencias coyunturales de cualquier gobierno. También ha surgido el nombre de Wilfredo Penco, histórico dirigente frenteamplista y actual presidente de la Corte Electoral, cuya reconocida trayectoria institucional y apego a las garantías democráticas le han valido consideración entre todos los actores políticos. Que la oposición mencione figuras de este perfil resulta revelador: el problema no es la filiación política de origen, sino la capacidad de inspirar confianza más allá de ella.
La discusión, en realidad, trasciende a las personas. Lo relevante es el criterio. Si la confianza pública está dañada, la salida no pasa necesariamente por sustituir a directores frenteamplistas por directores blancos o colorados. Pasa por designar figuras cuya solvencia técnica, independencia de juicio y compromiso con la ética pública sean reconocidos incluso por quienes discrepan políticamente con ellas.
La JUTEP enfrenta en estos meses asuntos especialmente sensibles, incluyendo denuncias vinculadas al presidente de la República. En semejante escenario, la fortaleza institucional del organismo es tan importante como sus resoluciones. Un dictamen jurídicamente correcto pierde valor si una parte sustancial de la sociedad sospecha que detrás de él operan consideraciones partidarias.
La reforma impulsada por Conrado Rodríguez ofrece una oportunidad para corregir un diseño institucional que ha mostrado sus limitaciones. Pero mientras ese debate avanza, también resulta razonable explorar soluciones transitorias que permitan recuperar parte de la confianza perdida. Porque la transparencia no depende únicamente de actuar con imparcialidad; depende también de que los ciudadanos crean que esa imparcialidad existe.
Y hoy, lamentablemente, esa confianza está lejos de ser una realidad.
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