El gobierno de coalición envió al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de que todas las personas -y no un grupo reducido de investigadores-, puedan acceder a la información sobre el pasado reciente en poder del Estado. Increíblemente, los mismos que se autoperciben paladines de los derechos humanos, pusieron el grito en el cielo. Le tienen miedo a la verdad, a que se desmorone el relato que tanto empeño han puesto en construir.

El pasado miércoles 17, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley mediante el cual se crea, en el Archivo General de la Nación dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, una Sección destinada a la "reunión, organización y conservación de documentos" relativos al pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos (art. 1°).

Además de la creación de la mencionada Sección, el proyecto asegura que la información allí reunida será de acceso "libre", sin perjuicio del "mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos", así como todo tipo de información calificada como "sensible" (art. 2°) de acuerdo a la legislación vigente (Ley N° 18.331). En este sentido, se mandata a los ministerios de Defensa y Educación, con el apoyo de la AGESIC, a instrumentar las acciones necesarias para divulgar la información en la web (art. 3°).

El Ejecutivo es claro en la exposición de motivos. En consonancia "[...] con la línea trazada por este Gobierno en materia de transparencia activa, así como de la eliminación de barreras o dificultades para obtener información histórica, asegurando el pleno ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, así como a la verdad, a la memoria y al acceso a la información pública", se asegura, el proyecto tiene como finalidad "[...] facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones, tal el caso de los denominados ‘Archivos Berrutti' u otros a los que en el futuro se logren obtener, siendo este extremo de suma importancia para conocer cabalmente un período trágico y complejo de nuestro pasado".

Como no podía ser de otra manera, desde el Frente Amplio se puso en duda el proyecto del gobierno. En lugar de leer el texto, Fernando Pereira aprovechó el primer micrófono de televisión que le colocaron delante para asegurar que el gobierno busca "exponer" a las víctimas. "Los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Dando ese material a la Justicia, al mismo tiempo hay que cuidar a quienes fueron víctimas y pueden ser otra vez revictimizados", declaró Pereira.

Como el lector advertirá, el "pero" de Pereira está contemplado en el proyecto; por tanto, es necesario indagar en los verdaderos motivos de su oposición al mismo. Es curioso que los que supuestamente han movido cielo y tierra para encontrar información, se opongan a que la ciudadanía toda (y no un selecto grupo de académicos escogidos por la izquierda) tenga acceso a la misma, sin restricciones. Estamos convencidos de que le tienen miedo a la verdad, a que se desmorone el relato que tanto empeño han puesto en construir.

Para muestra un botón: hagamos un poco de memoria a propósito de los "Archivos Berrutti", mencionados como ejemplo de lo que se deberá divulgar abiertamente cuando se apruebe el proyecto. El mencionado archivo fue incautado por la ex Ministra Berrutti en 2006, en la entonces sede de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Un año después, en 2007, el Ministerio de Defensa contrató a un técnico en el manejo de scanners y a una representante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, para digitalizar la información. Dicha tarea terminó dos años después, en 2009, y los insumos fueron trasladados al Ministerio de Educación y Cultura, específicamente al Archivo General de la Nación. Así, el voluminoso archivo pasó al olvido.

Curiosamente, en 2016, una década después de hallazgo, una Comisión Investigadora (que pretendía indagar el "espionaje en democracia" a partir de los "Archivos Castiglioni", a los que la Justicia le negó el acceso) accedió a los "Archivos Berrutti" y, a partir de ellos, comprobó varios casos de seguimientos ilegales en democracia a todos los partidos políticos. En ese momento, la entonces oposición cuestionó que, habiendo tenido esos archivos en su poder, el Frente Amplio no hubiese compartido la grave información contenida en ellos. En su momento, tanto los técnicos encargados de digitalizar el archivo, que argumentaron que sobre ellos pesaba un "acuerdo de confidencialidad", como los responsables políticos, que aseguraron no haberse interesado en el contenido de los archivos, se desligaron de responsabilidad.

Con la evidencia a la vista, el proyecto del gobierno es más que oportuno. Lo del título...