Correo de los Viernes - Que gobierne la excusación

Que gobierne la excusación

Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 15'

El gobierno fue advertido antes de designar a Óscar Caputi como subsecretario de Ambiente. Lo nombró de todos modos, intentó resolver el conflicto mediante una excusación administrativa y ahora lo respalda después de conocerse que había sido técnico y apoderado de Eduardo Costantini. No hay pruebas de un acto de corrupción, pero sí una sucesión de hechos que habría provocado un terremoto político si el protagonista perteneciera a un gobierno de la Coalición Republicana.

El problema no consiste en afirmar que Óscar Caputi haya cometido un delito, recibido un beneficio indebido o intervenido personalmente para favorecer el megaproyecto inmobiliario que Eduardo Costantini impulsa junto a los Bañados de Carrasco. Nada de eso está probado y, por lo tanto, no corresponde sostenerlo.

El problema es otro, bastante más sencillo: si era razonable colocar como número dos del Ministerio de Ambiente a quien venía de trabajar durante años en una de las consultoras que tramitaban autorizaciones ante ese mismo ministerio; si una excusación limitada podía neutralizar una puerta giratoria tan evidente; y si resulta admisible que el jerarca se pronunciara favorablemente sobre las oportunidades ofrecidas por una inversión encabezada por quien había sido su cliente y poderdante.

Para responder no hace falta fabricar conspiraciones. Basta con ordenar los hechos.

La controversia no comenzó ahora. El 18 de junio de 2025, cuando Caputi apenas había sido anunciado como sustituto de Leonardo Herou, la Red Unión de la Costa —integrada por más de cien agrupaciones, movimientos sociales, comisiones vecinales y técnicos— manifestó su “gran preocupación” y rechazó la designación.

La organización sabía que Caputi mantenía desde 2009 una relación profesional con Enviro Consultores, empresa dedicada, entre otras actividades, a elaborar los estudios que luego son presentados ante el Ministerio de Ambiente para obtener autorizaciones. La red afirmó tener numerosos expedientes en los que el futuro subsecretario figuraba como técnico responsable y calificó la situación como un ejemplo de “puerta giratoria” capaz de comprometer la imparcialidad de la Administración. Entre los proyectos cuestionados aparecían El Milagro, Reserva del Mar y un fraccionamiento en Guazuvirá.

No se trató, por tanto, de una objeción retrospectiva fabricada después del escándalo. Orsi y el ministro Edgardo Ortuño fueron advertidos antes de que el nombramiento se formalizara. Pese a ello, el Poder Ejecutivo designó a Caputi el 10 de julio de 2025.

La trayectoria oficial del jerarca confirma esa coexistencia entre actividad pública y consultoría privada. Ingeniero agrónomo con orientación forestal, Caputi ingresó en la Intendencia de Montevideo en 1984 y ocupó sucesivamente cargos en Áreas Verdes, Viveros, Limpieza y otras dependencias municipales. Al mismo tiempo, fue responsable técnico de estudios de impacto ambiental y del seguimiento de proyectos entre 2009 y 2025.

Nada indica que esa actividad profesional haya sido ilícita. Pero tampoco hace falta que lo sea para advertir el problema institucional. Caputi pasó de preparar y tramitar expedientes para particulares ante la autoridad ambiental a ocupar la subsecretaría de esa misma autoridad. Es la definición más elemental de una puerta giratoria: quien conocía el regulador desde el lado de los regulados pasó a integrar la cúpula del organismo regulador.

El 11 de julio de 2025, un día después de ser designado, Caputi comunicó al ministerio las empresas con las que había trabajado. El 31 de julio, Ortuño aceptó su excusación y lo relevó de participar en actuaciones administrativas relacionadas con PIMEFIL S.A. —la sociedad vinculada a Enviro Consultores— y ONTEMAR S.A. La resolución invocó los principios de imparcialidad, objetividad y buena fe.

La excusación demuestra que el conflicto no era una fantasía de los ambientalistas. Existía y requirió una resolución expresa. Pero también revela la debilidad de la solución: el problema no se reducía a dos razones sociales. Enviro había trabajado para numerosas empresas, particulares y desarrolladores; Caputi había conocido proyectos, estrategias, técnicos y clientes que podían aparecer bajo otras denominaciones societarias.

Un subsecretario, además, no es un funcionario perdido en una oficina que puede ser apartado de un expediente sin que eso afecte su tarea cotidiana. Participa en la conducción política de la cartera, integra ámbitos de decisión, representa institucionalmente al ministerio, conoce su agenda y sustituye al ministro durante sus ausencias. De hecho, Caputi fue designado varias veces ministro interino. La idea de que puede dirigir el ministerio y, simultáneamente, permanecer aislado de todo lo relacionado con sus antiguos clientes exige una fe bastante superior a la que suele reclamar la buena administración.

Mucho más que un trabajo ocasional

La investigación publicada por Rosario Touriño en Brecha agregó una dimensión que no era conocida cuando se produjo el nombramiento. Caputi no había realizado simplemente un informe técnico para una empresa que, por casualidad, tuvo entre sus clientes a Eduardo Costantini.

En abril de 2021 fue uno de los tres apoderados designados por el empresario argentino para representarlo ante dependencias de los ministerios de Vivienda y Ambiente y realizar gestiones administrativas relacionadas con la construcción de su residencia en José Ignacio. La carta poder fue certificada el 5 de abril de aquel año e incorporada al expediente oficial.

Caputi también fue responsable del estudio de impacto ambiental de la vivienda: una construcción de 1.647 metros cuadrados, con una inversión declarada de 5,6 millones de dólares, que obtuvo una clasificación ambiental categoría B. El trabajo fue elaborado por Enviro Consultores, donde Caputi se desempeñó como consultor sénior hasta un mes antes de asumir la subsecretaría.

El vínculo profesional con la familia Costantini tampoco terminó allí. En 2023, Caputi fue técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una residencia ubicada en San Vicente, Maldonado, dentro de un desarrollo de Rodolfo Costantini, hermano de Eduardo. Y en 2012 había intervenido en el estudio y la tramitación ambiental de Las Cárcavas, un emprendimiento de chacras marítimas desarrollado por Edo Costantini, hijo del empresario.

No fue, en consecuencia, un contacto fugaz. Hubo una relación profesional documentada con distintos integrantes de la familia y, en el caso de Eduardo Costantini, una representación formal ante el Estado.

El bañado que desapareció de la lista

Esta historia adquiere relevancia por el megaproyecto que Costantini impulsa ahora junto a los Bañados de Carrasco mediante Bislun S.A.S.

La propuesta abarca 228 hectáreas —casi dos veces la superficie de Ciudad Vieja— y prevé unas 3.000 viviendas, comercios, edificios bajos, casas, instalaciones educativas, deportivas y culturales, un centro cívico y un parque lineal. La inversión anunciada asciende a 1.248 millones de dólares a ejecutarse durante unos quince años. El 55% del terreno sería destinado a viviendas y actividades comerciales y el resto a espacios comunes, lagunas y áreas naturales.

Actualmente esos terrenos están categorizados como suelo rural y no poseen el atributo de potencialmente transformables. Para que el emprendimiento pueda avanzar, la Junta Departamental debe declarar de interés el comienzo de un Programa de Actuación Integrada. Después vendrían los estudios ambientales y urbanísticos, la audiencia pública y una nueva votación para decidir la eventual transformación del suelo.

Los promotores presentan el proyecto como una oportunidad para restaurar un ecosistema degradado, extender el saneamiento, mejorar el arroyo Chacarita y crear un parque metropolitano. Vecinos y académicos de la Universidad de la República advierten, en cambio, sobre la pérdida de la función reguladora del humedal, el aumento del escurrimiento y de las inundaciones, la afectación de la biodiversidad y una nueva expansión de la mancha urbana sin que exista crecimiento demográfico que la justifique.

En medio de esa discusión ocurrió algo difícil de explicar.

La Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos había propuesto declarar de importancia ambiental 38 humedales. Entre ellos figuraban 937 hectáreas de los Bañados de Carrasco. La propuesta había sido sometida a consulta pública y, todavía el 23 de setiembre de 2025, la Asesoría Jurídica del ministerio mantenía los 38 ecosistemas.

Sin embargo, el 2 de octubre el expediente fue y volvió de Jurídica en menos de una hora. En ese lapso desaparecieron los Bañados de Carrasco. La abogada interviniente se limitó a escribir: “No se incluye en esta instancia”, sin dejar expresada la fundamentación del cambio. El decreto aprobado el 20 de octubre terminó protegiendo 37 humedales. Al día siguiente, Bislun presentó ante la Intendencia de Montevideo un nuevo documento técnico para impulsar el proyecto inmobiliario.

La coincidencia temporal no prueba que Caputi haya intervenido en la exclusión. No existe información pública que permita atribuírsela. Pero la ausencia de pruebas contra el subsecretario no convierte en satisfactoria la explicación institucional. El humedal entró al proceso y salió sin fundamentación conocida, mientras avanzaba un proyecto encabezado por un antiguo cliente del número dos del ministerio.

Ortuño sostuvo posteriormente que la cartera necesitaba más tiempo para estudiar las particularidades de la zona y anunció un nuevo decreto para incorporar los bañados al régimen de protección. También afirmó que esa medida permitiría “despejar las dudas y manejos” surgidos alrededor del proyecto.

Pero las dudas no eran un invento opositor. Habían nacido dentro del propio expediente administrativo.

La inoportuna “oportunidad”

El episodio más difícil de justificar ocurrió el 18 de agosto de 2026. Entrevistado por Pilar Teijeiro en TV Ciudad, Caputi sostuvo que el desarrollo inmobiliario podía ser una oportunidad para obtener capital privado destinado a conservar y poner en valor el humedal.

La periodista le preguntó si esa no era precisamente una obligación del Estado. Caputi insistió en que una inversión de esa naturaleza “siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado”.

La declaración no fue una resolución administrativa. Pero tampoco fue una conversación de café. La pronunció el subsecretario de Ambiente en un medio público, al referirse a un proyecto que previsiblemente deberá pasar por controles ambientales y cuyo principal inversor había sido su cliente y le había otorgado un poder para representarlo ante el propio ministerio.

Caputi no se limitó a decir que el proyecto sería evaluado con rigor e independencia. Ofreció un encuadre favorable: la inversión podía ser una oportunidad para el humedal. Antes de que los técnicos se expidieran, el número dos de la cartera ya había encontrado el lado positivo.

Cuando la relación con Costantini se hizo pública, Caputi reconoció que no debió hablar. “Hoy, con el diario del lunes, entiendo que no”, declaró. Aseguró que su vínculo con el empresario había terminado en 2023, que solo lo había visto personalmente una vez y que el poder recibido era una exigencia instrumental para tramitar la autorización de la residencia. También afirmó que, si el proyecto de los Bañados de Carrasco llega al ministerio, él no intervendrá y actuarán los técnicos.

Las explicaciones pueden ser ciertas y seguir siendo insuficientes.

Que el poder haya tenido una finalidad administrativa no lo vuelve inexistente. Que Caputi haya visto una sola vez a Costantini no elimina el vínculo profesional ni la representación formal. Que el proyecto todavía no esté a estudio del ministerio tampoco reduce el problema: simplemente significa que el jerarca emitió un juicio favorable antes de que comenzara la evaluación en la que deberá excusarse.

Y decir que “actuarán los técnicos” no responde quién fijará las orientaciones políticas, quién tendrá acceso a la información, quién representará a la cartera ni cómo se garantizará que la opinión adelantada por su subsecretario no pese sobre el proceso.

El Código de Ética de la Función Pública no se limita a castigar el beneficio económico. Su artículo 13 obliga a preservar la preeminencia del interés público y a evitar incluso acciones que exterioricen la apariencia de una violación ética. El artículo 14 considera contraria a la probidad la intervención en decisiones sobre asuntos en los que el funcionario haya participado privadamente como técnico. Y el artículo 19 exige separar radicalmente los intereses personales de los públicos y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir el conflicto.

En sentido jurídico estricto, el proyecto de los Bañados de Carrasco no es el mismo expediente de la residencia de José Ignacio. Tampoco se ha probado que Caputi haya tomado una decisión administrativa sobre él. Pero la ética pública no comienza recién cuando aparece una resolución firmada. También comprende la confianza, la imparcialidad aparente y la prudencia de quien ejerce autoridad.

Asamblea Uruguay y un reflejo conocido

Asamblea Uruguay reaccionó con el automatismo habitual: expresó su “total respaldo” a Caputi y sostuvo que su actuación estuvo orientada por la responsabilidad, la transparencia y el compromiso. Destacó su desvinculación de Enviro, la excusación de 2025 y el hecho de que el emprendimiento todavía no está a consideración del Ministerio de Ambiente.

El sector parece considerar que la transparencia consiste en respaldar primero y averiguar después.

La reacción recuerda inevitablemente al caso de Juan Carlos Bengoa. No porque las conductas sean equiparables —sobre Caputi no existe una imputación penal—, sino por el reflejo corporativo de cerrar filas ante el compañero cuestionado.

En diciembre de 2007, cuando Bengoa fue procesado con prisión por las irregularidades en los casinos municipales, Danilo Astori afirmó que no se había alterado su confianza en la honestidad del dirigente y que lo creía inocente. El Consejo Político de Asamblea Uruguay calificó de “débiles” las argumentaciones jurídicas del fallo y entendió que el avance de la izquierda y la candidatura de Astori estaban siendo atacados por la derecha y por otros sectores del Frente Amplio.

La historia terminó de una manera menos favorable para aquella enfática defensa política. Bengoa fue condenado por fraude, concusión y conjunción del interés personal y el público; el Tribunal de Apelaciones mantuvo sustancialmente la condena y la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación.

La lección no debería ser que todo dirigente respaldado por Asamblea Uruguay terminará condenado. Sería una conclusión absurda e injusta. La lección es que la solidaridad partidaria no sustituye la investigación, y que proclamar la honorabilidad de un compañero nunca ha sido una respuesta suficiente frente a hechos que comprometen la confianza pública.

El experimento de la coalición

Basta modificar las filiaciones políticas para comprobar la magnitud de la doble vara.

Imaginemos que un gobierno de la Coalición Republicana hubiese nombrado subsecretario de Ambiente a un profesional que, hasta pocas semanas antes, trabajaba para una consultora con decenas de expedientes ante la cartera. Imaginemos que organizaciones ambientalistas hubieran advertido públicamente el conflicto antes de la designación y que el gobierno las hubiese ignorado.

Agreguemos que luego se descubriera que el subsecretario había sido apoderado de un millonario extranjero ante el ministerio, que había elaborado el estudio ambiental de su mansión y trabajado en otros desarrollos de su familia. Supongamos también que ese empresario impulsara una inversión de más de 1.200 millones de dólares junto a un humedal que desapareció sin fundamentación de una lista de áreas especialmente protegidas.

Y completemos el cuadro con el jerarca elogiando públicamente la “oportunidad” que ofrecía la inversión de su antiguo cliente.

¿Qué habría dicho el Frente Amplio?

Habría denunciado captura del Estado, conflicto de intereses, entrega del patrimonio ambiental, subordinación al gran capital y corrupción institucional. Habría exigido la renuncia inmediata del subsecretario, convocado al ministro al Parlamento y presentado el caso como demostración de que la derecha gobernaba para los poderosos. Probablemente no habría aceptado que todo quedara resuelto mediante una excusación administrativa archivada en algún despacho.

Tampoco Asamblea Uruguay habría pedido paciencia para estudiar los matices. Difícilmente hubiera considerado suficiente que el jerarca afirmara haber visto una sola vez al empresario o que el proyecto todavía no hubiera llegado formalmente al ministerio.

Lo que en un gobierno de la coalición habría sido un escándalo intolerable, bajo el Frente Amplio se ha convertido en un “error” de comunicación cometido por un compañero que cuenta con el respaldo del ministro, de su sector, del secretario de la Presidencia y, según el propio Caputi, del presidente Yamandú Orsi.

La honestidad como eslogan

En agosto de 2024, durante la proclamación de la fórmula presidencial, Orsi afirmó: “Hoy nos planteamos que gobierne la honestidad”. En el cierre de campaña agregó que no podía haber nada para ocultar ni para barrer debajo de la alfombra.

Aquella consigna no fue neutra. El Frente Amplio la utilizó para contrastarse moralmente con el gobierno de Luis Lacalle Pou y explotar cada episodio controvertido de la administración de la coalición. Se presentó como propietario de una virtud y no simplemente como otro partido sometido a las mismas fragilidades humanas e institucionales.

Precisamente por eso no puede rebajar ahora el estándar.

La honestidad no consiste únicamente en no robar. También exige evitar situaciones que hagan razonable dudar de la imparcialidad del Estado. Supone escuchar las advertencias antes de nombrar, revelar completamente los antecedentes, apartarse de toda manifestación sobre asuntos vinculados a antiguos clientes y aceptar responsabilidades políticas cuando la confianza ha quedado comprometida.

Caputi pudo haber cumplido formalmente con el deber de informar. Pero el gobierno conoció el problema, lo designó de todas maneras y permitió que continuara como segunda autoridad de la cartera. Más tarde, el jerarca habló favorablemente de una inversión asociada a su antiguo cliente. Y cuando los antecedentes completos fueron revelados por la prensa, la respuesta no fue una investigación independiente ni un apartamiento preventivo, sino una sucesión de respaldos partidarios.

Orsi tiene ahora una decisión bastante menos compleja que cualquier estudio de impacto ambiental. Puede aceptar que el cargo de Caputi quedó ética y políticamente comprometido y pedirle la renuncia. O puede mantenerlo y admitir que “Que gobierne la honestidad” era apenas una frase concebida para exigirles a los adversarios aquello que el Frente Amplio no está dispuesto a exigirse a sí mismo.

Porque, a esta altura, la honestidad prometida no parece estar gobernando. Apenas intenta no hundirse en el bañado.