Correo de los Viernes - Puede y debe rendir más

Puede y debe rendir más

Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 4'

Por Santiago Torres

El proyecto aprobado por unanimidad en el Senado es una buena noticia, pero no resuelve los problemas estructurales del país. La estabilidad institucional sigue siendo una fortaleza; el desafío es convertirla en inversión, productividad, innovación y mejores oportunidades.

La aprobación en el Senado, con los votos de todos los legisladores, del proyecto destinado a mejorar la competitividad y reducir el costo de vida constituye una señal alentadora. No solamente por su contenido, sino también porque demuestra que oficialismo y oposición todavía pueden alcanzar acuerdos sobre asuntos relevantes para el futuro del país.

La iniciativa contiene 240 artículos destinados a agilizar trámites, facilitar el comercio exterior, promover la competencia y acelerar las inversiones. Los registros unificados, el silencio positivo, la simplificación del registro de mercaderías y la integración de gestiones ante la DGI y el BPS son avances razonables.

Cada demora, permiso innecesario o trámite repetitivo tiene un costo que termina trasladándose a los precios, a la inversión o al empleo. Por eso corresponde apoyar el proyecto. Pero también importa no exagerar sus efectos.

El senador nacionalista Sergio Botana lo resumió adecuadamente: “Acompañamos en general el proyecto de ley, la comisión lo mejoró, pero acompañar no es lo mismo que dar por terminada la tarea. La competitividad no se resuelve solo con esta ley”.

En efecto, Uruguay no se convertirá en una economía competitiva únicamente porque simplifique algunos registros. Debe discutir también su situación fiscal, la calidad del gasto, el precio de los combustibles, las tarifas públicas, los costos logísticos, el tipo de cambio y las trabas a la inversión. Y deberá evitar que la reglamentación reconstruya las barreras que el proyecto pretende eliminar.

A esa agenda debe agregarse una reforma de las relaciones laborales. No existe una política seria de competitividad si empresas, exportadores e inversores no pueden prever bajo qué condiciones producirán y cumplirán sus compromisos. La seguridad jurídica exige un marco laboral claro, capaz de procesar los conflictos sin convertirlos en crisis interminables.

La conflictividad registrada en el puerto, la pesca, la industria láctea y la educación demuestra que Uruguay necesita una política mucho más proactiva frente a los sindicatos. El gobierno debe anticiparse, establecer negociaciones con plazos definidos, exigir el cumplimiento de los acuerdos y contar con protocolos de contingencia para los sectores estratégicos.

El derecho de huelga debe respetarse, pero no puede autorizar que una minoría paralice indefinidamente la principal puerta comercial del país o utilice la ocupación como mecanismo habitual de presión. También corresponde adecuar la negociación colectiva a la realidad de cada sector y empresa. No se protege a los trabajadores imponiendo condiciones insostenibles ni se defienden empleos haciendo perder mercados, inversiones y clientes.

En un debate organizado por la asociación civil Rumbos y la Fundación Konrad Adenauer hubo una coincidencia sustancial: la estabilidad institucional y la convivencia política continúan siendo activos fundamentales, pero ya no alcanzan para sacar al país de su estancamiento. Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, lo resumió sin rodeos: “No hay chance, no nos va a alcanzar con esto”.

El economista Diego Aboal puso el foco en la inversión. Uruguay invierte actualmente alrededor del 16% de su producto interno bruto, un nivel que apenas permite reponer el capital que se deprecia. Alcanzar una tasa del 20% del PIB —todavía moderada para un país que aspire a aproximarse a las economías desarrolladas— requeriría unos US$ 3.500 millones adicionales de inversión extranjera por año.

Para atraerlos no alcanza con promocionar la democracia, la seguridad jurídica o la estabilidad económica. Uruguay necesita ofrecer proyectos concretos, con infraestructura, condiciones, riesgos y retornos definidos. Como expresó Aboal, “el mundo no financia presentaciones de PowerPoint. Financia oportunidades preparadas y rentables”.

El país puede aprovechar su matriz energética, incorporar inteligencia artificial para aumentar la productividad y utilizar el Mercosur como plataforma regional. Pero necesita trabajadores capacitados, mejor infraestructura, reglas previsibles y una estrategia más agresiva de atracción de capitales.

Tampoco será posible cambiar de escala sin enfrentar los problemas educativos, la pobreza infantil, la caída de los nacimientos y el envejecimiento de la población. La pobreza de los niños no es solamente una injusticia presente: compromete el capital humano que Uruguay necesitará en las próximas décadas.

El crecimiento debe traducirse en empleo de calidad y mejores oportunidades. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, planteó una pregunta pertinente: “Cualquier desarrollo tiene que tener que ver con para qué lo queremos”. Sin crecimiento no hay riqueza sostenible para distribuir; sin educación, movilidad social y cohesión, el crecimiento se apoya sobre bases demasiado frágiles.

Uruguay cuenta con democracia, seguridad jurídica, estabilidad institucional, recursos energéticos y capacidad para construir acuerdos. Está todo muy bien. Pero no alcanza.

El proyecto aprobado por el Senado merece respaldo, pero no debe convertirse en una excusa para dar la tarea por terminada. El país necesita invertir más, elevar la productividad, reformar sus relaciones laborales, mejorar la educación, reducir sus costos y enfrentar la pobreza infantil y el desafío demográfico.

Uruguay cumplió una parte de los deberes. Todavía tiene muchos pendientes. Puede rendir más y debe hacerlo.