Prioridades...
Edición Nº 1087 - Viernes 3 de julio de 2026. Lectura: 3'
 El refuerzo presupuestal para la primera infancia es menor que lo que el gobierno destinó a la compra de la estancia María Dolores.
Cuando un gobierno elabora un presupuesto, mucho más que distribuir dinero, establece una escala de valores. Cada peso asignado revela qué considera urgente, qué entiende estratégico y cuáles son sus verdaderos desvelos.
Por eso resulta inevitable detenerse en una comparación que, por sí sola, interpela el discurso oficial.
La Rendición de Cuentas incorpora un refuerzo de US$31 millones destinado a fortalecer las transferencias para la primera infancia, complemento de los US$50 millones ya previstos en el Presupuesto Quinquenal. El gobierno sostiene que esa inversión permitirá mejorar significativamente la cobertura social para los hogares más vulnerables y reducir la pobreza infantil.
La decisión merece reconocimiento. La primera infancia es, probablemente, el tramo de la vida donde cada peso bien invertido produce el mayor retorno social.
Pero inmediatamente aparece una pregunta incómoda.
Ese esfuerzo adicional de US$31 millones resulta inferior a los US$32 millones que el Instituto Nacional de Colonización resolvió destinar a la compra de la estancia María Dolores, una adquisición que terminó envuelta en una fuerte controversia política, jurídica y administrativa. El Tribunal de Cuentas observó la operación por varias razones, entre ellas cuestionamientos al procedimiento utilizado, a la disponibilidad presupuestal y a otros aspectos de la compra.
La comparación no pretende discutir la importancia de apoyar a la infancia. Todo lo contrario. Busca poner de relieve la magnitud del gasto destinado a una operación cuya conveniencia ha sido ampliamente cuestionada por inconveniente e ilegal, en un exabrupto político pocas veces visto.
Porque mientras el gobierno presenta los US$31 millones como un esfuerzo extraordinario para atender uno de los problemas sociales más graves del país, pocos meses antes había encontrado un millón de dólares más para adquirir un único establecimiento rural.
La imagen es potente. Y terrible.
Todo el incremento presupuestal para fortalecer las políticas hacia la primera infancia equivale —e incluso es levemente inferior— al costo de una sola compra de tierras.
Las prioridades presupuestales suelen medirse justamente cuando los recursos son escasos. El propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha insistido en la necesidad de mantener la disciplina fiscal y evitar expansiones permanentes del gasto. Bajo esa lógica, cada dólar adquiere un valor especial.
Precisamente por eso la comparación resulta tan elocuente.
Si US$31 millones constituyen un esfuerzo fiscal relevante para atender a miles de niños, ¿cómo justificar que US$32 millones pudieran destinarse con tanta facilidad a una operación que continúa siendo objeto de cuestionamientos políticos, técnicos y legales?
El debate no es exclusivamente contable.
Es una discusión sobre las prioridades del Estado.
Los presupuestos siempre terminan revelando aquello que los discursos procuran disimular. Y en este caso la fotografía resulta difícil de ignorar: el refuerzo para la primera infancia vale menos que una sola compra de tierras realizada por el Estado.
Las cifras, por sí solas, hablan bastante más que muchos discursos.
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