La Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) ha decidido poner límites claros a su Consultorio Jurídico. En una reunión del Consejo, se aprobó la creación de un comité de expertos destinado a asesorar en las prácticas docentes del consultorio. Esta medida llega en un momento crucial, donde la visibilidad mediática y los cuestionamientos éticos han puesto en jaque la imagen y el funcionamiento de este importante espacio.

La resolución, aprobada con siete votos a favor y dos en contra, se concreta tras las inquietudes planteadas por el Colegio de Abogados sobre los lineamientos éticos y la mediatización de los casos atendidos por el Consultorio Jurídico. Entre los nombrados para integrar este comité se encuentran figuras destacadas como Alejandro Abal Oliú, Rafael Biurrum y Leslie van Rompaey, quienes se encargarán de ofrecer una perspectiva externa y recomendar las mejores prácticas en la atención a los consultores.

El decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo, defendió la creación de este comité subrayando la necesidad de una visión externa para evitar la autocomplacencia. Afirmó que el grupo asesor no limitará la libertad de cátedra, sino que orientará sobre cuestiones como los requisitos de admisión de casos, las condiciones para atender casos de interés académico, y los mecanismos para la comunicación mediática de estos.

La decisión ha generado divisiones internas. El consejero Juan Ceretta, uno de los docentes más visibles del Consultorio Jurídico conocido por su militancia frentista, votó en contra y anunció que impugnará la resolución ante el Consejo. Ceretta y otros detractores consideran que este tipo de decisiones deben ser debatidas y resultados dentro de los ámbitos de cogobierno de la universidad, sin recurrir a entidades externas.

Pese a quien le pese, la creación de este comité de expertos es, sin duda, un paso significativo hacia la mejora y la transparencia en el manejo del Consultorio Jurídico. No obstante, es crucial entender que este es solo el primer paso. La UdelaR, financiada por todos los contribuyentes, tiene la responsabilidad de ser equitativa y justa en sus prácticas. La comunidad universitaria y la sociedad en general deben mantenerse vigilantes para asegurar que estas medidas iniciales conduzcan a una verdadera transformación en beneficio de todos...