Por lo menos, dudoso...

En lo que podría ser visto como un capítulo más de una larga serie de controversias en la gestión de la Ing. Cosse al frente de la Intendencia de Montevideo, la reciente adjudicación del proyecto de modernización de las paradas de ómnibus al consorcio Global AD360 genera dudas y sospechas. El consorcio, vinculado a una empresa con presuntas conexiones con la campaña de la intendenta, hoy de licencia, se enfrenta a acusaciones de favoritismo y cuestionamientos sobre la integridad del proceso de licitación.

Según publicó recientemente El Observador, el proceso de licitación, que ha sido un dolor de cabeza para las últimas cuatro administraciones, pareciera estar finalmente resuelto con una propuesta de inversión de casi 25 millones de dólares por parte de Global AD360, un consorcio compuesto por Global Media Uruguay SA, Isinblu Sociedad Anónima y Global Media SA. Según los registros publicados, este grupo superó por un margen estrecho a su competidor JC Decaux, actual concesionario de las paradas.

No obstante, detrás de los números y las formalidades del proceso licitatorio, se esconde una trama que genera dudas. El consorcio ganador, particularmente Isinblu SA, se encuentra en el centro de las críticas debido a su presunta vinculación con la campaña de la intendenta Cosse. La oposición departamental ha señalado que la relación entre las empresas de publicidad que manejan la campaña de Cosse y la adjudicación de este contrato podría indicar un conflicto de interés e incluso corrupción.

Según el edil nacionalista Javier Barrios Bove, la conexión entre la campaña de Cosse y la empresa adjudicataria del contrato es, cuando menos, motivo de profunda preocupación. Las denuncias no son nuevas; ya en 2022 se levantaron acusaciones sobre posibles irregularidades en la presentación y cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas involucradas.

La Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior (Aupema) ha expresado también su descontento, acusando a Isinblu SA de violar regulaciones anteriores y de competencia desleal. Esto, sumado a las multas impuestas y no pagadas por infracciones en la reglamentación de cartelería, pinta, al menos, un cuadro de favoritismo y falta de transparencia.

Mientras tanto, desde el entorno de Cosse y la propia intendencia se defiende la integridad del proceso, alegando que la licitación fue competitiva y transparente, y que cualquier asociación entre la campaña de Cosse y la adjudicación del contrato es meramente circunstancial. A pesar de estas afirmaciones, la discusión promete extenderse en la Junta Departamental, donde el proyecto aún debe ser aprobado.

A la espera de la instancia parlamentaria departamental, las circunstancias son, al menos, dudosas...




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