Correo de los Viernes - Periodismo sesgado y política sin límites

Periodismo sesgado y política sin límites

Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 3'

Una publicación deliberadamente incompleta, una acusación amplificada sin verificación y unas disculpas tardías —por obligación— terminaron convirtiendo un dato patrimonial explicado por una herencia en una sospecha política. El episodio expone una preocupante combinación de falta de rigor periodístico y oportunismo partidario que erosiona la credibilidad pública.

Lo ocurrido en torno a la declaración jurada del senador Javier García no fue un simple malentendido ni un exceso retórico propio del fragor parlamentario. Fue la secuencia clásica de una insinuación construida sobre información incompleta, amplificada políticamente y luego corregida a destiempo, cuando el daño ya estaba hecho.

El punto de partida fue la publicación del periodista Eduardo Preve, quien difundió datos de la declaración jurada de García insinuando un incremento patrimonial sospechoso durante el período pasado. El problema no fue informar sobre una declaración jurada —eso es legítimo— sino omitir el dato central que explicaba el aumento: la sucesión de su madre fallecida.

Ese elemento no era marginal. Era la clave de interpretación. Al excluirlo, la publicación indujo a una conclusión que no se sostenía con la información completa. En periodismo, la selección interesada de datos altera el sentido de los hechos. Y cuando se trata de patrimonio y honorabilidad pública, la omisión se convierte en herramienta de sospecha.

No es un tecnicismo. Es una cuestión ética. El periodismo tiene la obligación de contextualizar. Si el incremento patrimonial obedecía a una herencia, omitir ese dato no es un descuido menor: es una construcción narrativa que deja flotando la insinuación de enriquecimiento indebido. García reaccionó con dureza —calificó el episodio como “inmundicia”— precisamente porque lo que estaba en juego no era una cifra, sino su propia integridad.

El segundo eslabón de la cadena fue político. La senadora suplente del Frente Amplio por la lista 1001, Lilián Abracinskas, replicó y amplificó la publicación, dando por buena la insinuación. En lugar de verificar la totalidad de los datos, utilizó la información sesgada para cuestionar públicamente al legislador.

En el Senado el cruce fue tenso, con acusaciones directas y reclamos formales. García llegó incluso a plantear el pedido de desafuero de la senadora suplente por lo que consideró una acusación infame. La gravedad institucional no fue menor: se trasladó al ámbito parlamentario una sospecha nacida de una publicación incompleta.

Abracinskas terminó pidiendo disculpas y reconociendo que la información era “sesgada”. Pero el momento importa. La rectificación llegó cuando el escándalo ya había escalado, cuando el contexto completo era inocultable y cuando la presión pública hacía imposible sostener la acusación. No fue un acto espontáneo de rigor, sino una reacción obligada por los hechos.

Más preocupante aún fue la actitud del Frente Amplio. En lugar de marcar una distancia nítida desde el inicio, el respaldo fue inmediato, habilitando la cuestión de fueros planteada por el senador Javier García.

Aquí no se discute la legitimidad de analizar declaraciones juradas ni el derecho a cuestionar. Eso es parte del sistema republicano. Lo que se cuestiona es el método: insinuar antes de confirmar, amplificar antes de verificar y disculparse solo cuando ya no queda alternativa.

Cuando el periodismo omite información esencial y la política la usa como arma, la frontera ética se difumina. La víctima inmediata puede ser un senador. Pero el daño más profundo es institucional: se banaliza la acusación de enriquecimiento indebido y se degrada el debate público.

La ética periodística no admite recortes selectivos que alteren el sentido de los hechos. La ética política no admite utilizar información incompleta para erosionar adversarios. Si ambas fallan al mismo tiempo, no estamos ante un error aislado, sino ante una forma de hacer política que prioriza el impacto sobre la verdad.

Y cuando la sospecha se convierte en método, la confianza pública es la primera en caer.