Correo de los Viernes - Pérez le puso un límite a Díaz

Pérez le puso un límite a Díaz

Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 5'

La respuesta del fiscal Diego Pérez al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, trasciende una controversia personal. Pone sobre la mesa un asunto institucional mucho más delicado: hasta dónde puede llegar un jerarca del Poder Ejecutivo cuando opina sobre quién debe —o no debe— ocupar una fiscalía que investiga asuntos directamente vinculados con el gobierno.

El fiscal Diego Pérez respondió con una dureza poco habitual, pero enteramente comprensible, a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien había considerado “razonable” que Pérez finalmente no asumiera al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno y agregó que esa decisión “le va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”. Díaz también cuestionó que la sede permanezca desde hace meses sin un titular definitivo.

No estamos ante la opinión académica de un jurista ni ante las reflexiones de un exfiscal de Corte retirado de la actividad pública. Díaz es hoy prosecretario de la Presidencia de la República. Es decir, ocupa uno de los cargos políticos de mayor confianza dentro del Poder Ejecutivo. Y la fiscalía sobre cuya integración decidió pronunciarse tiene bajo su responsabilidad investigaciones de enorme sensibilidad política, entre ellas el caso Cardama, originado precisamente en una denuncia presentada por el actual gobierno, además de los asuntos vinculados con la estancia María Dolores, documentación del caso Marset y República Ganadera.

En el caso Cardama, además, Díaz no es un observador remoto: como integrante de Presidencia ha tenido una participación institucional directa en la estrategia del Poder Ejecutivo respecto de esa denuncia y hasta anunció nuevas ampliaciones de la misma.

Es en ese contexto que deben evaluarse sus palabras.

Pérez lo hizo sin eufemismos. Consideró que las declaraciones del prosecretario se inscriben en una “muestra o mensaje de demostración de poder” y sostuvo que lo más grave no es siquiera que estuvieran dirigidas contra él, puesto que ya resolvió permanecer en Flagrancia, sino que puedan pretender “incidir sobre el fiscal que en definitiva sea designado”. Para Pérez, ello configura una “más que evidente indebida injerencia”.

Cuesta discutirle el punto central.

Un jerarca del Poder Ejecutivo puede tener, naturalmente, opiniones sobre el funcionamiento de la Justicia. Lo que debe preguntarse es si corresponde exteriorizarlas cuando se refieren concretamente a la conveniencia o inconveniencia de que determinado fiscal asuma una sede que investiga causas en las que ese mismo Poder Ejecutivo tiene un interés institucional directo. Porque aquí Díaz no formuló una consideración genérica acerca de la Fiscalía: celebró que un fiscal determinado no asumiera una fiscalía determinada.

Y fue todavía más lejos al afirmar que su alejamiento de esa posibilidad “le va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.

¿Qué debe interpretar entonces quien finalmente resulte designado?

No hace falta que exista una orden, una llamada telefónica ni una presión explícita para advertir el problema institucional. Cuando uno de los principales jerarcas de Presidencia expresa públicamente qué fiscal considera conveniente que no ocupe una sede y asegura que su apartamiento beneficia al sistema de justicia, inevitablemente está enviando una señal. Mucho más cuando esa fiscalía tendrá que pronunciarse sobre una denuncia promovida por el propio gobierno.

Por eso es particularmente contundente la respuesta de Pérez: “Al doctor Díaz le consta de sobra que nunca hemos sido permeables a ningún tipo de presión. Y eso él lo tiene muy claro”.

La trayectoria reciente del fiscal aporta además un dato relevante. Pérez no parece acomodar su concepción de la independencia técnica según el signo político del gobierno de turno. Cuando durante la administración de Luis Lacalle Pou el entonces presidente afirmó que no se negociaba con narcotraficantes, en momentos en que se manejaba una posible entrega de Sebastián Marset, Pérez entendió que tanto aquella declaración como la posterior posición del entonces fiscal de Corte Juan Gómez constituían una intromisión en una causa bajo su responsabilidad. Lo dijo públicamente y afirmó entonces que no toleraría injerencias “viniera de quien viniera”.

Esa coherencia importa.

Se podrá discrepar con decisiones concretas de Pérez, con su estilo o con algunas actuaciones que han generado polémica. Pero resulta bastante más difícil sostener que se trate de un fiscal dispuesto a adaptar su actuación a las conveniencias del poder político. Él mismo reivindica casi tres décadas de carrera en defensa de su independencia técnica y existen episodios bajo gobiernos de distinto signo en los que efectivamente enfrentó cuestionamientos provenientes del poder.

En cambio, Díaz debería comprender mejor que casi nadie la delicadeza de la situación. Fue fiscal de Corte. Conoce desde adentro la importancia de preservar no solamente la independencia efectiva de los fiscales sino también la apariencia de independencia del Ministerio Público. Precisamente por eso resulta más difícil justificar que, convertido hoy en jerarca político, se pronuncie sobre quién conviene que ocupe una fiscalía con investigaciones particularmente sensibles para el gobierno que integra.

Pérez recordó incluso otros episodios que considera antecedentes de esa conducta: las declaraciones de Díaz cuando, ejerciendo como abogado de Yamandú Orsi, cuestionó la actuación de la fiscal Sandra Fleitas en la investigación de la denuncia falsa contra quien entonces era precandidato presidencial, así como pronunciamientos posteriores sobre investigaciones económicas.

Es posible discutir cada uno de esos antecedentes por separado. Pero el episodio actual no necesita de ellos para ser preocupante.

El Poder Ejecutivo tiene perfecto derecho a presentar denuncias, ampliar sus fundamentos, aportar pruebas y defender los intereses del Estado. Lo que no debería hacer es transmitir públicamente preferencias acerca de qué fiscal resulta conveniente para investigar esas mismas denuncias.

La separación institucional también se preserva mediante silencios oportunos.

Jorge Díaz cruzó esa frontera. Y Diego Pérez hizo bien en recordársela.

Más aún: su respuesta debería servir para algo más que para cerrar una polémica entre dos fiscales de larga trayectoria. Debería servir para reafirmar una regla elemental de la República. Los fiscales pueden acertar o equivocarse y sus decisiones están sometidas a los controles que establece el ordenamiento jurídico. Pero no deben mirar hacia la Torre Ejecutiva para averiguar qué decisiones, qué nombramientos o qué investigadores “le hacen bien” al sistema de justicia.

Y desde la Torre Ejecutiva nadie debería inducirlos a hacerlo.