La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay expresó un rechazo unánime a la creación de un Ministerio de Justicia, advirtiendo sobre riesgos de injerencia política en la Fiscalía y reclamando priorizar reformas urgentes del sistema penal antes que nuevas estructuras institucionales.

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay realizó el lunes 14 de abril de 2026, en el café La Imprenta de la Ciudad Vieja de Montevideo, la jornada titulada Ministerio de Justicia: ¿una necesidad institucional o una expansión del Poder Ejecutivo?, en la que juristas y operadores del sistema penal expresaron un rechazo casi unánime a la iniciativa impulsada por el gobierno.

El panel estuvo integrado por Juan Fagúndez, Gonzalo Fernández, Leonardo Guzmán y Eduardo Lust, con la moderación de José Luis González, y contó además con aportes escritos de Jorge Barrera, quien no pudo hacerse presente.

Un rechazo frontal al nuevo ministerio

Las críticas se concentraron en el diseño institucional del eventual Ministerio de Justicia. El constitucionalista Eduardo Lust advirtió que el nuevo organismo “va a tener injerencia directa en la fiscalía”, señalando un riesgo central para la independencia del sistema.

En la misma línea, el penalista Gonzalo Fernández sostuvo que la propuesta “tiene mal pedigree”, en referencia a antecedentes históricos vinculados a períodos de menor calidad institucional.

Desde un enfoque más político-institucional, Juan Fagúndez resumió la preocupación de varios expositores al afirmar que el proyecto implica “la política entrando por la puerta y la justicia saliendo despavorida por la ventana”.

Por su parte, Leonardo Guzmán calificó la iniciativa como “absolutamente inútil” y “perniciosa”, al entender que desviaría recursos sin resolver problemas de fondo.

“Cáscara de poder” y advertencias estructurales

Durante la jornada también se cuestionó la lógica misma de concentrar funciones en una nueva cartera. En ese sentido, se definió al eventual ministerio como una “cáscara de poder”, expresión utilizada para describir una estructura con peso político pero escaso contenido funcional.

El propio Lust profundizó esa idea al advertir: “Es mentira que no van a tener poder… van a buscar injerir en la Justicia”, reforzando el temor a una expansión del Ejecutivo sobre áreas sensibles.

En un documento presentado para la ocasión, Jorge Barrera recordó además que el país ha funcionado históricamente sin ese organismo: “Uruguay vivió como República democrática sin ese ministerio”, subrayando la ausencia de necesidad institucional.

Intervenciones desde el público

Las objeciones no se limitaron al panel. Desde el público, el exjuez Juan Carlos Fernández Lecchini expresó su inquietud ante el alcance del proyecto y afirmó que le daba “mucho miedo” la eventual intervención en la política criminal.

Diagnóstico: problemas más urgentes

Más allá del rechazo al ministerio, la jornada dejó un diagnóstico compartido: el sistema penal enfrenta dificultades que requieren atención inmediata. En ese marco, los participantes coincidieron en que la creación de una nueva estructura “no va a resolver los problemas actuales” del sistema.

Incluso se advirtió que la iniciativa “no mejorará un ápice” la administración de justicia, reforzando la idea de que las prioridades deben centrarse en otros aspectos.

Un mensaje político-institucional

El cierre de la jornada consolidó una postura transversal: la creación de un Ministerio de Justicia no solo resulta innecesaria, sino potencialmente riesgosa para el equilibrio republicano.

Entre argumentos constitucionales, advertencias históricas y críticas operativas, los penalistas dejaron planteada una posición clara: antes que rediseñar la arquitectura institucional, el sistema penal uruguayo requiere ajustes concretos que preserven garantías y mejoren su funcionamiento real.