Patentes 2027: el contribuyente al servicio de la recaudación
Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 7'
El Congreso de Intendentes resolvió mantener las patentes pese a la caída del valor de los vehículos y aumentar las alícuotas de los eléctricos más caros. Las críticas de legisladores de varios partidos y las explicaciones del SUCIVE dejan al descubierto un problema de fondo: la pretensión de garantizar los ingresos del Estado aun cuando disminuya el valor de los bienes gravados.
El Congreso de Intendentes resolvió el pasado domingo mantener durante 2027 los importes de las patentes de rodados correspondientes a 2026 para todos los vehículos a combustión. La decisión fue presentada como una buena noticia, porque no habrá aumentos nominales. Sin embargo, detrás de ese aparente beneficio se esconde una realidad bastante menos favorable para los contribuyentes: los vehículos usados han perdido valor de mercado y, pese a ello, sus propietarios deberán seguir pagando lo mismo.
La resolución también establece nuevas alícuotas para los vehículos eléctricos, con incrementos importantes para los de mayor valor. Así quedó definido el régimen anunciado:
| Categoría |
Resolución para 2027 |
| Vehículos a combustión |
Mantienen el importe de patente de 2026 |
| Eléctricos de menos de US$ 19.000 sin IVA |
Alícuota del 3% |
| Eléctricos de US$ 19.000 a US$ 25.000 sin IVA |
Alícuota del 4% |
| Eléctricos de más de US$ 25.000 sin IVA |
Alícuota del 5% |
Para los eléctricos se anunció un régimen de transición hacia 2028. Las franjas publicadas refieren especialmente a los vehículos cero kilómetro y no deben confundirse con el importe definitivo que pagará cada propietario.
Hasta ahora, los eléctricos cero kilómetro tributaban, en general, una alícuota del 3%. Para apreciar la magnitud del cambio, basta un ejemplo ilustrativo: un automóvil eléctrico cuyo valor imponible sea de US$ 30.000, sin IVA, pasaría de una alícuota del 3% a otra del 5%.
| Concepto |
Importe anual teórico |
| Alícuota anterior (3%) |
US$ 900 |
| Nueva alícuota (5%) |
US$ 1.500 |
| Diferencia |
US$ 600 (+66,7%) |
Comparación de alícuotas sobre una misma base imponible, sin considerar las disposiciones transitorias ni otras particularidades de la liquidación.
No es un incremento menor. Y resulta particularmente contradictorio con una política nacional que procura promover la movilidad eléctrica, reducir el consumo de combustibles fósiles y modernizar el parque automotor.
Pero el aspecto más cuestionable de la resolución no está únicamente en los eléctricos, sino en el criterio empleado para mantener las patentes de los vehículos convencionales.
La confesión del SUCIVE
El propio coordinador del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), César García Acosta, reconoció que los valores de referencia de los vehículos usados disminuyeron entre un 5% y un 6% en promedio, sin considerar siquiera la incidencia del tipo de cambio.
Pese a ello, defendió la decisión de mantener los importes y explicó que los gobiernos departamentales están obligados a preservar la homogeneidad de la recaudación.
Su afirmación fue particularmente reveladora: «Si recaudé X pesos en un año, al siguiente tengo que recaudar lo mismo».
Ahí está, expresada con una franqueza que merece agradecerse, la verdadera filosofía de la resolución.
No importa que los vehículos valgan menos. No importa que las condiciones del mercado hayan cambiado. Lo fundamental, según ese razonamiento, es que las intendencias continúen recaudando lo mismo.
Pero el impuesto de patente de rodados no debería convertirse en una garantía de ingresos fiscales desvinculada del valor del bien sobre el que se calcula.
Si el automóvil de un contribuyente se deprecia y su patente permanece incambiada, la carga tributaria aumenta en relación con el patrimonio gravado, aunque el importe nominal sea idéntico.
No se trata de una cuestión ideológica, sino de una realidad económica elemental.
Las críticas desde el Parlamento
La resolución provocó cuestionamientos de legisladores de distintos partidos, incluso de aquellos que gobiernan la mayoría de las intendencias.
El diputado colorado Juan Martín Jorge ha sido especialmente enfático. Reclama una reforma del sistema, una auditoría externa de los gastos del SUCIVE y criterios objetivos y transparentes para establecer los aforos de los vehículos usados.
También ha cuestionado los mecanismos de contratación de los servicios de tasación y administración del sistema. Propuso una reducción sustancial de los aforos y un mecanismo de depreciación anual que permita a los propietarios conocer de antemano la evolución del tributo.
Su planteo merece atención porque va bastante más allá del monto que se cobrará en 2027. Apunta a la transparencia, los costos y el funcionamiento de un sistema creado en 2012, cuya principal virtud fue terminar con la llamada guerra de patentes entre los departamentos, pero que no puede considerarse por ello exento de controles.
Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar resumió el problema con una frase contundente: «Congelar no es bajar. Es subir sin que se note».
El senador blanco Sebastián Da Silva también cuestionó la resolución y promovió una herramienta para comparar los aforos con precios de mercado, utilizando información de distintas plataformas de compraventa de automóviles.
Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone calificó negativamente la decisión y vinculó las necesidades recaudatorias de las intendencias con problemas de administración, clientelismo y proliferación de cargos de confianza. Reclamó, además, que las deliberaciones del Congreso de Intendentes sean públicas y transparentes.
Resulta significativo que estas críticas provengan de legisladores de partidos cuyos intendentes participaron del acuerdo. La controversia, por tanto, no puede reducirse a la habitual confrontación entre oficialismo y oposición. Se trata de una discusión entre las necesidades financieras de los gobiernos departamentales y los derechos de los contribuyentes.
Las intendencias y sus presupuestos
El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, defendió el acuerdo señalando que los ingresos por patentes constituyen uno de los principales recursos propios de los gobiernos departamentales, especialmente en el interior.
Recordó que esos recursos están previstos en presupuestos quinquenales aprobados y que financian obras, calles, carreteras y servicios.
El argumento es atendible, pero no concluyente.
Nadie desconoce que las intendencias necesitan recursos para cumplir sus cometidos. Tampoco se discute su autonomía constitucional ni la importancia de contar con un sistema nacional que evite las distorsiones que existían antes del SUCIVE.
Lo que se discute es algo diferente: si las necesidades presupuestales de las administraciones departamentales justifican que los contribuyentes paguen una patente que no refleje adecuadamente la depreciación de sus vehículos.
Los presupuestos públicos no pueden transformarse en derechos adquiridos sobre el bolsillo de los ciudadanos.
Si los ingresos previstos disminuyen porque cae el valor de los bienes gravados, corresponde examinar el gasto, mejorar la eficiencia, revisar prioridades y, cuando sea necesario, discutir abiertamente las necesidades fiscales.
Lo que no corresponde es presentar como un beneficio el mantenimiento de un tributo cuya base económica se ha reducido.
Una reforma impostergable
La polémica debería servir para impulsar una revisión profunda del SUCIVE. No para regresar a la guerra de patentes, sino precisamente para preservar lo que el sistema tiene de positivo y corregir sus defectos.
La propuesta de auditar sus costos y contratos, establecer procedimientos competitivos y transparentes para las tasaciones y definir criterios previsibles de depreciación merece ser estudiada con seriedad.
También corresponde revisar la tributación de los vehículos eléctricos para evitar que las necesidades coyunturales de recaudación terminen contradiciendo otras políticas públicas del país.
Pero, sobre todo, es imprescindible recuperar un principio básico: los tributos deben responder a criterios razonables, objetivos y transparentes, no simplemente a las necesidades de caja de las administraciones que los cobran.
La declaración del coordinador del SUCIVE terminó por sintetizar involuntariamente todo el problema. Según su razonamiento, si el Estado recaudó determinada cantidad de dinero un año, debe recaudar lo mismo al siguiente.
La pregunta que corresponde formular es exactamente la contraria: ¿desde cuándo el contribuyente está obligado a garantizar que el Estado recaude siempre lo mismo, aunque disminuya el valor de sus bienes?
Porque los ciudadanos no existen para financiar indefinidamente las necesidades de las administraciones. Son las administraciones las que existen para servir a los ciudadanos.
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