Correo de los Viernes - Paraguay: un escándalo que no deja de crecer

Paraguay: un escándalo que no deja de crecer

Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 5'

La caída de Ueno Bank provocó la destitución y encarcelamiento del presidente Santiago Peña, puso bajo investigación a las autoridades financieras y comprometió centenares de millones de dólares de recursos públicos. Las revelaciones sobre presunto lavado de dinero y negocios con la Conmebol amplían las dimensiones de una crisis sin precedentes recientes en Paraguay.

Paraguay vive una conmoción política, financiera y judicial cuya magnitud continúa creciendo día tras día. En apenas una semana, el colapso de Ueno Bank provocó la destitución y prisión preventiva del presidente Santiago Peña, la caída de la cúpula del Banco Central y la apertura de investigaciones que alcanzan a empresarios, funcionarios públicos y dirigentes deportivos. A ello se suman conexiones con operaciones de lavado de dinero atribuidas a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La última novedad se produjo en la mañana de este jueves, cuando fue detenido Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP). Simultáneamente, la Fiscalía allanó Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, en busca de documentación relacionada con las presuntas irregularidades investigadas.

De la quiebra bancaria a la caída del presidente

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el BCP anunció el proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad de crecimiento vertiginoso que había llegado a reunir casi tres millones de clientes. Las inspecciones habían detectado operaciones entre empresas vinculadas, problemas de documentación y un deterioro patrimonial que colocó la solvencia del banco muy por debajo de las exigencias legales.

El escándalo adquirió inmediatamente una dimensión política. Peña había mantenido vínculos patrimoniales con el grupo empresarial propietario del banco y, durante su administración, numerosas instituciones estatales habían colocado allí cuantiosos recursos. El Senado lo destituyó el 6 de noviembre mediante juicio político y, horas después, fue detenido.

Actualmente permanece en prisión preventiva, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. También está encarcelado Carlos Carvallo, expresidente del BCP, quien anteriormente había presidido la financiera de la que surgió Ueno Bank. Ambos rechazan o podrán controvertir judicialmente las imputaciones, que todavía no constituyen condenas.

La detención de Insfrán agrava el panorama. Un informe técnico de julio había advertido sobre irregularidades en Ueno, pero las autoridades de supervisión no adoptaron oportunamente medidas suficientes para impedir el desenlace, según la hipótesis que investiga la Fiscalía. La cuestión ya no es solamente qué hicieron los directivos del banco, sino qué sabían quienes debían controlarlos y por qué no actuaron.

Millones públicos y ahorristas afectados

La dimensión económica es formidable. Las estimaciones sitúan entre US$ 800 y US$ 850 millones los recursos públicos depositados en Ueno Bank, provenientes de distintos organismos estatales, entre ellos instituciones previsionales y el Instituto de Previsión Social. La investigación procura determinar quiénes autorizaron las colocaciones, bajo qué condiciones y cuánto podrá recuperarse.

También fue allanada la vivienda del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, investigado por decisiones relacionadas con importantes depósitos estatales.

La situación de los pequeños ahorristas, entretanto, comienza a encauzarse. El BCP informó el miércoles que había completado la acreditación de anticipos de garantía para más de 1,8 millones de beneficiarios, por aproximadamente US$ 644 millones. Sin embargo, algunos fondos continúan bloqueados por trámites de identificación y titularidad, mientras permanece pendiente completar los reintegros hasta el límite de la garantía legal.

Los grandes depositantes, cuyos fondos exceden esa cobertura, enfrentan una incertidumbre considerablemente mayor.

La bóveda, Marset y la Conmebol

Los allanamientos también depararon episodios llamativos. En la residencia de verano de Peña, en San Bernardino, fue encontrada una sofisticada bóveda blindada cuya apertura requirió un procedimiento especial. Finalmente se comprobó que estaba vacía. La Fiscalía continúa examinando documentación, dispositivos electrónicos y posibles activos vinculados con los investigados, incluso mediante mecanismos de cooperación internacional.

Más delicadas son las revelaciones sobre presuntas operaciones de lavado de dinero. Una investigación de la periodista Tamara Celano, publicada por Última Hora, reconstruyó movimientos financieros realizados en 2021 por aproximadamente US$ 3,8 millones, mediante empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno, y Alberto Koube, identificado judicialmente como operador financiero de Sebastián Marset.

La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py describe contratos de inversión, préstamos y depósitos utilizados presuntamente para introducir fondos del narcotráfico en el circuito financiero formal. Son antecedentes judiciales de enorme gravedad, aunque no prueban por sí mismos la participación de Peña en esas operaciones.

Otro frente comprometedor involucra a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Unos US$ 14 millones de la Conmebol quedaron inmovilizados en Ueno Bank. Pero este jueves, ABC Color reveló algo todavía más delicado: su presidente, Alejandro Domínguez, recibió personalmente alrededor de US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez, mediante siete transferencias realizadas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Los pagos fueron justificados como anticipos de comisiones futuras relacionadas con un contrato comercial. El diario también documentó negocios compartidos entre Domínguez y el grupo financiero, incluida una sociedad propietaria de una aeronave privada. La licitud de las operaciones deberá determinarse a partir de los contratos, sus contraprestaciones y los controles aplicados.

Alliana ante una crisis institucional

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia tras la destitución de Peña y emprendió una profunda reorganización administrativa. Solicitó la renuncia de ministros, secretarios y responsables de organismos estatales, aunque ratificó a varios integrantes del equipo económico y designó nuevos responsables en áreas sensibles.

La Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado paraguayo, también tomó distancia del expresidente. Alliana prometió colaboración con la Justicia y proclamó una política de «cero impunidad y cero privilegios».

Sin embargo, el desafío excede los cambios de nombres. La crisis ya afectó la evaluación crediticia de Paraguay: Fitch colocó su calificación bajo observación negativa. El gobierno intenta contener el daño económico mientras la investigación alcanza a autoridades que formaron parte de la misma estructura política.

Lo ocurrido demuestra hasta qué punto pueden entrelazarse el poder político, los negocios financieros y los intereses privados cuando fallan los mecanismos de control. Pero también ofrece una oportunidad para comprobar la fortaleza de las instituciones paraguayas.

La cuestión decisiva será si la Justicia logra determinar las responsabilidades, recuperar los recursos comprometidos y esclarecer las operaciones sospechosas, sin excepciones derivadas del poder económico o político de los involucrados. Porque el verdadero alcance de este escándalo no se medirá solamente por los millones desaparecidos o inmovilizados, sino por la capacidad de Paraguay para reconstruir la confianza en sus instituciones.