Paraguay: cayó Peña, pero la ANR conserva el poder
Edición Nº 1105 - Viernes 6 de noviembre de 2026. Lectura: 7'
 El colapso de Ueno Bank precipitó la renuncia del presidente Santiago Peña, abandonado por su propio partido y enfrentado a un juicio político. Mientras la Justicia investiga millonarias operaciones financieras y están comprometidos importantes fondos públicos y jubilatorios, la Asociación Nacional Republicana aseguró la sucesión de Pedro Alliana, rechazando la acusación que también pesaba sobre el vicepresidente.
Paraguay vivió ayer una jornada de extraordinaria conmoción política. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia, acorralado por el escándalo financiero de Ueno Bank y, sobre todo, por la pérdida del respaldo de la Asociación Nacional Republicana (ANR), también conocida como Partido Colorado, que lo había llevado al poder en agosto de 2023. Su caída se produjo mientras la Cámara de Diputados avanzaba hacia un juicio político que terminó aprobando por unanimidad.
El vicepresidente Pedro Alliana, protegido por la mayoría de la ANR en el Congreso, quedó al frente de la sucesión presidencial para completar el período constitucional hasta agosto de 2028. La crisis terminó así con la Presidencia de Peña, pero no con la continuidad de la ANR en el gobierno.
La caída del mandatario tuvo como detonante la intervención de Ueno Bank, una institución financiera de crecimiento vertiginoso, cuyos vínculos con importantes sectores del poder político y cuya administración de centenares de millones de dólares de organismos públicos quedaron bajo investigación.
La crisis financiera
El Banco Central del Paraguay dispuso el lunes 2 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión se conoció públicamente el martes y provocó una reacción inmediata entre los aproximadamente 2,9 millones de clientes de la entidad.
La gravedad del episodio resulta todavía mayor por la magnitud de los recursos estatales comprometidos. Según informaciones de la prensa paraguaya, el banco concentraba alrededor de 850 millones de dólares provenientes de organismos públicos, incluidos unos 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la administración de fondos jubilatorios y prestaciones de salud.
También unos 32.000 jubilados cobraban sus prestaciones a través de la entidad.
Las investigaciones del Banco Central detectaron préstamos a empresas vinculadas con el grupo propietario, deficiencias documentales y graves irregularidades en la administración del riesgo crediticio.
La Fiscalía imputó a 27 personas relacionadas con el banco y empresas vinculadas, por presuntos delitos que incluyen lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa e incumplimiento de obligaciones contables. Se solicitaron medidas cautelares personales y patrimoniales.
El caso adquirió inmediatamente dimensión política por las relaciones que el propio Peña había mantenido con el grupo empresarial propietario de Ueno. El mandatario fue accionista de Ueno Holding, vinculada al Grupo Vázquez, y se desprendió de esas inversiones en 2025, cuando ya ejercía la Presidencia.
A ello se agrega que Carlos Carvallo, designado por Peña al frente del Banco Central en 2023, había presidido anteriormente la financiera Ueno. Aunque el organismo regulador sostuvo que Carvallo se había abstenido de intervenir en decisiones relacionadas con su antigua empresa, su situación provocó cuestionamientos sobre la independencia y eficacia de la supervisión bancaria. Finalmente, presentó su renuncia.
La ANR abandona a Peña
El desenlace político comenzó a precipitarse cuando Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular de la ANR, anunció que acompañaría el juicio político contra Peña.
«Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados», declaró Cartes en un comunicado de extraordinaria dureza, que significó la ruptura pública con quien había sido su principal protegido político.
El presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, también perteneciente a la ANR, reclamó directamente la renuncia presidencial y advirtió que, si no se producía, respaldaría su destitución parlamentaria.
La pérdida del respaldo de la ANR dejó a Peña prácticamente sin margen político. El mandatario había dado señales de que resistiría el juicio, pero terminó anunciando su dimisión mediante un mensaje difundido en las redes sociales.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», expresó.
También pidió disculpas a la ciudadanía, aunque no reconoció responsabilidades concretas en las irregularidades investigadas.
La Cámara de Diputados aprobó, pese a la renuncia, la acusación para someterlo a juicio político por 78 votos a favor y ninguno en contra, remitiendo las actuaciones al Senado.
Quedó planteada así una controversia institucional: mientras la ANR procuraba aceptar la renuncia para acelerar la transición, sectores opositores reclamaban completar el juicio político. Sostienen que la aceptación de la dimisión podría permitir a Peña acceder a la condición de senador vitalicio y a las prerrogativas que ella supone.
Alliana, salvado por la ANR
La otra gran decisión de la jornada tuvo como protagonista al vicepresidente Pedro Alliana, que también había sido incluido en el pedido de juicio político.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con Peña, la ANR cerró filas en su defensa. La Cámara de Diputados rechazó la acusación contra Alliana por 48 votos contra 30, con el respaldo de las bancadas oficialistas, mientras la oposición reclamaba que también se examinaran sus eventuales responsabilidades políticas.
Los legisladores de la ANR argumentaron que el vicepresidente no tenía intervención directa en las decisiones financieras cuestionadas y que debía garantizarse una sucesión constitucional ordenada.
La oposición denunció, en cambio, una maniobra destinada a preservar el control del Poder Ejecutivo por parte de la ANR.
La diferencia de tratamiento es elocuente: los mismos sectores políticos que retiraron su respaldo al presidente y votaron unánimemente su enjuiciamiento impidieron que prosperara la acusación contra su vicepresidente.
De esta manera, Alliana queda como sucesor constitucional y conductor del gobierno de la ANR hasta el 15 de agosto de 2028.
Su ascenso deja vacante la Vicepresidencia, que deberá ser cubierta por el Congreso. Según las informaciones difundidas ayer, la ANR acordó proponer al senador Antonio «Tony» Barrios para ocupar ese cargo, aunque su designación requiere el correspondiente procedimiento parlamentario.
Una crisis que no termina con la renuncia
Mientras se desarrolla la transición política, el problema más urgente continúa siendo la situación de los depositantes de Ueno Bank.
El Congreso aprobó una legislación extraordinaria para adelantar la restitución de depósitos amparados por el sistema de garantías. El Banco Central anunció el inicio de los pagos a un primer grupo de clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes, sin deudas con la entidad y con cuentas habilitadas en otras instituciones financieras.
La garantía general alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aunque el procedimiento de devolución se realizará por etapas. La situación de los recursos estatales, particularmente los fondos del IPS, constituye una preocupación adicional que requiere información precisa y controles rigurosos.
La renuncia presidencial, por otra parte, no extingue las eventuales responsabilidades penales que puedan surgir de las investigaciones. Tampoco responde a los interrogantes sobre las relaciones empresariales entre el banco y el poder político, los criterios utilizados para colocar recursos públicos ni la actuación del Banco Central durante los meses anteriores a la intervención.
Paraguay había logrado avances significativos en materia de estabilidad macroeconómica y reputación internacional, incluyendo la obtención del grado inversor. El escándalo introduce ahora serias dudas sobre la calidad de su supervisión financiera y sobre la transparencia de las relaciones entre los negocios privados y las autoridades públicas.
La caída de Peña también deja una conclusión política. Horacio Cartes y la dirigencia de la ANR retiraron su respaldo al presidente, pero conservaron el gobierno mediante la sucesión de Alliana. La continuidad constitucional quedó garantizada; el esclarecimiento de las responsabilidades, en cambio, sigue pendiente.
El desafío para las instituciones paraguayas no termina con el reemplazo de un presidente. La cuestión esencial es determinar cómo pudo producirse semejante crisis financiera, quiénes permitieron que llegara a esa magnitud y qué garantías existen de que los intereses privados no vuelvan a imponerse sobre el patrimonio de los ciudadanos.
Porque la sustitución de un gobernante puede resolver una crisis de poder, pero no basta para restaurar la confianza de una sociedad cuyos ahorros y fondos jubilatorios quedaron expuestos a un escándalo de esta magnitud.
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