Correo de los Viernes - ¿Otra vez naranjas?

¿Otra vez naranjas?

Edición Nº 1091 - Viernes 31 de julio de 2026. Lectura: 4'

Hace poco más de una década, el gobierno de José Mujica aceptó recibir en Uruguay a los exprisioneros de Guantánamo y, ese mismo año, a un grupo de refugiados sirios, en decisiones rodeadas de polémica y de escasa transparencia. Tiempo después, el propio expresidente resumiría aquella negociación con una frase que quedó para la historia: “Para vender unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo”. Hoy, cuando el gobierno de Yamandú Orsi negocia con Washington la eventual recepción de cubanos deportados, el país tiene derecho a conocer exactamente qué se está acordando, bajo qué condiciones y a cambio de qué.

Las revelaciones sobre las negociaciones entre el gobierno uruguayo y la administración de Donald Trump para recibir en nuestro país a ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos abren un debate que no puede desarrollarse entre rumores, filtraciones periodísticas y versiones parciales. Si el Poder Ejecutivo está dispuesto a asumir un compromiso de esta naturaleza, tiene la obligación de informar con precisión cuáles son sus alcances, sus condiciones y sus contrapartidas.

Según la información publicada por diversos medios internacionales y nacionales, Washington negocia con Uruguay la recepción de cubanos —e incluso de deportados de otras nacionalidades— como parte de su política migratoria. La Cancillería uruguaya habría mantenido conversaciones durante varios meses con el Departamento de Estado, en una iniciativa que el gobierno justifica, entre otros argumentos, por la necesidad de incorporar trabajadores inmigrantes al mercado laboral y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

No se trata de un antecedente menor. En 2014, durante el gobierno de José Mujica, Uruguay aceptó recibir a seis detenidos de la prisión de Guantánamo como parte de un acuerdo con la administración de Barack Obama. Años después, el propio Mujica reconocería crudamente el costo político de aquella decisión al afirmar que, para vender unas toneladas de naranjas a Estados Unidos, tuvo que “bancarse” a los prisioneros de Guantánamo. Esa frase terminó sintetizando la percepción de que Uruguay había aceptado una negociación cuyos beneficios nunca quedaron suficientemente claros para la ciudadanía.

Aquel episodio, además, dejó aspectos difíciles de justificar. Entre las condiciones impuestas figuraban restricciones que impedían a esas personas abandonar Uruguay durante un período determinado, una limitación incompatible con los principios que el propio gobierno decía defender en materia de derechos humanos. La experiencia demostró que los acuerdos migratorios improvisados, negociados con escasa transparencia y sin suficiente debate público, generan más interrogantes que certezas.

Por eso resulta llamativo que, esta vez, uno de los principales reclamos provenga del propio Frente Amplio. La fuerza política anunció que solicitará información oficial al gobierno sobre el contenido de las negociaciones, reclamando conocer exactamente qué se está discutiendo con Washington. En esta oportunidad corresponde decirlo con claridad: ese pedido del Frente Amplio es totalmente razonable.

Conviene dejar algo igualmente claro. La discusión no es sobre inmigración. Uruguay ha construido buena parte de su identidad nacional gracias al aporte de sucesivas corrientes inmigratorias, y necesita seguir siendo un país abierto para quienes llegan a trabajar, producir y construir un proyecto de vida respetando nuestras leyes.

Lo que está en discusión es otra cosa muy distinta.

Cuando se habla de personas deportadas desde Estados Unidos, la primera obligación del gobierno consiste en explicar quiénes son esas personas y por qué fueron expulsadas. No todos los deportados se encuentran en la misma situación jurídica. Algunos pueden haber cometido únicamente infracciones migratorias; otros pueden tener antecedentes penales o condenas por delitos graves. Esa diferencia no es un detalle administrativo: es la diferencia entre una política migratoria responsable y una decisión potencialmente riesgosa para la seguridad pública.

La ciudadanía tiene derecho a conocer si Uruguay aceptará únicamente personas sin antecedentes criminales o si la negociación contempla otros supuestos. Tiene derecho a saber cuáles serán los procedimientos de selección, qué controles realizará el Estado uruguayo y qué garantías existen de que no se trasladarán al país problemas que corresponden a otras jurisdicciones.

También corresponde preguntar qué obtiene Uruguay a cambio. En toda negociación internacional existen contraprestaciones. Si nuestro país asume una responsabilidad adicional en materia migratoria, el Poder Ejecutivo debe explicar qué beneficios concretos recibirá el país. ¿Habrá acuerdos comerciales? ¿Facilidades de acceso al mercado estadounidense? ¿Cooperación económica? ¿Programas de inversión? ¿O simplemente se trata de un gesto político hacia Washington?

Nada de eso ha sido explicado.

En asuntos de esta sensibilidad no alcanza con pedir confianza. La confianza se construye mediante información verificable, debate parlamentario y rendición de cuentas. Mucho más cuando el tema involucra seguridad, política migratoria y compromisos internacionales.

El gobierno tiene la oportunidad de evitar que esta negociación repita los errores del episodio de Guantánamo. Para ello solo necesita hacer lo que corresponde en una democracia madura: informar con transparencia, explicar las condiciones del acuerdo y permitir que la sociedad conozca exactamente qué obligaciones asumirá Uruguay y por qué razones. Solo entonces podrá discutirse seriamente si el interés nacional está siendo adecuadamente protegido.