Edición Nº 1097 - Viernes 11 de setiembre de 2026

Otra vez la misma discusión

Viernes 5 de diciembre de 2025. Lectura: 4'

Por Luis Hierro López

La central obrera y algunos sectores del Frente Amplio reiteran la discusión ya mantenida contra Tabaré Vázquez en el sentido de gravar a los más ricos, propósito de muy difícil concreción como lo demuestran los hechos.

En este caso, la iniciativa del PIT-CNT apunta a la creación de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) que alcanzaría a unas 25 mil personas con patrimonios de entre U$S 1 millón y U$S 1.000 millones.

Con esa sobretasa, se intentarían recaudar unos U$S 700 millones anuales que se volcarían a un fondo estatal para atacar la pobreza infantil.

Por ahora es una discusión que se produce en el seno del gobierno, con el MPP, el grupo predominante, apoyando la posición del presidente Orsi y del ministro Oddone, contrarios a la propuesta. Y con el Partido Comunista, los socialistas dispersos y el intendente de Montevideo a favor.

Un escenario similar se produjo en 2015, al asumir por segunda vez la presidencia Tabaré Vázquez. La central obrera y varios dirigentes políticos, entre ellos el más notorio el señor Olesker, promovieron un impuesto a las empresas y Vázquez les salió al cruce, argumentando que no se podía asfixiar a las empresas, que son las que generan trabajo y salario, y que se corría el riesgo de una fuga de inversiones con efectos muy negativos en los sectores laborales.

Prácticamente lo mismo ha dicho en estos días el ministro de Economía, por lo que vale interrogarse si el nuevo empuje de los grupos radicales se debe realmente a una cuestión ideológica o si estamos otra vez ante un nuevo capítulo de la puja por el poder entre las alas del Frente Amplio.

Los argumentos en torno a la concentración de la propiedad de la tierra y a la internacionalización de las empresas ya se manejaban en 2015, por lo que la situación no ha cambiado drásticamente. Y, más allá de la justicia que los reclamos de esa índole puedan tener, la evidencia de que gravar a los millonarios en dólares es muy difícil o casi imposible se mantiene vigente.

La explicación anterior de Tabaré Vázquez y la actual reiteración de Oddone, que son las que han dado en el pasado dirigentes colorados y blancos, son correctas. No olvidemos que el Frente Amplio manejó la misma biblioteca para legislar sobre el impuesto a la renta personal —que paguen más los que tienen más— que terminó siendo, lamentablemente, un impuesto al trabajo y a los ingresos, sin que ello cambiara la situación del 1% de personas más ricas.

Si el país necesita imprescindiblemente inversiones para crecer, como cualquier ciudadano sensato lo admite, sería como pegarnos un tiro en el pie recurrir a una política de esa índole.

Da la impresión de que el contexto político puede estar en el fondo de este proceso. Desde la propia coalición oficialista han surgido voces descontentas con la falta de acción del Poder Ejecutivo, con la ausencia de propuestas de izquierda y con el reconocimiento de que el programa no se puede aplicar por falta de recursos, como explicó descarnadamente el viceministro de Economía, Martín Vallcorba, quien agregó que ese veredicto se conocía al elaborar las propuestas electorales. Las imposibilidades, sentenció Vallcorba, no estaban provocadas por la “herencia maldita” dejada por el gobierno de Lacalle Pou, sino por las propias exageraciones incumplibles del programa.

Es increíble que, luego de esa poderosa advertencia, haya frentistas que insistan en redoblar la apuesta, manejando una iniciativa que complica la gestión de un presidente, Orsi, que se comprometió a no subir los impuestos.

Además, está en discusión el tema de fondo: ¿cómo sacar a las familias de la pobreza extrema? Tras veinte años de existencia y con un presupuesto anual de U$S 630 millones, que desde el año próximo subirán a U$S 754 millones, el creado Ministerio de Desarrollo Social no ha resuelto el problema, porque ya no alcanza con las transferencias monetarias, sino que hay que insistir con políticas educativas, trasmisión de valores y fortalecimiento de la familia, para alcanzar mejores comportamientos.

Así como estamos, los U$S 700 millones que, en el mejor de los casos, se recaudarían con la sobretasa impositiva irán a engrosar la red burocrática y clientelar ya existente, con poca o nula influencia en la recuperación de los sectores más golpeados.

Uruguay tiene un problema con el núcleo duro de la pobreza y debe atenderlo, pero con políticas de larga duración, alejadas de los vaivenes partidarios, y superando el viejo concepto del Frente Amplio de que los problemas de las familias pobres se resuelven con más impuestos vengativos contra los ricos.

Se empiezan a resolver con más educación, educación, educación, esa consigna que el Frente Amplio repite pero que siempre traiciona.



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