Una nueva denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, volvió a encender las tensiones internas del organismo. El caso no solo involucra la eventual omisión de información en declaraciones juradas, sino que expuso fuertes diferencias dentro del directorio y reavivó las críticas sobre el creciente sesgo político de sus dictámenes.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) analiza una denuncia presentada contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, por una presunta omisión de información en sus declaraciones juradas patrimoniales, informó Nicolás González Keusseian en Informativo Carve.

La denuncia fue presentada el 23 de junio y sostiene que el jerarca habría vendido un inmueble a mediados de 2025 sin registrar posteriormente en su declaración jurada el dinero correspondiente a esa transacción inmobiliaria.

De acuerdo con las actas del organismo, el asunto fue tratado en una reunión del directorio y el vocal Luis Calabria, de la oposición, informó a Carve que la JUTEP resolvió dar vista del expediente a Rodrigo Arim para que presente sus descargos.

Las declaraciones juradas de bienes e ingresos constituyen uno de los instrumentos centrales del sistema de transparencia del Estado, ya que permiten controlar la evolución patrimonial de los jerarcas públicos.

En el directorio...

En el marco del expediente, la Asesoría Jurídica de la JUTEP elaboró un informe técnico sobre la situación patrimonial declarada por Arim.

Según señaló el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, ese informe concluía que “la diferencia en la exposición de los inmuebles podría presumir falta de integridad o completitud en la declaración patrimonial”.

El análisis jurídico fue uno de los insumos centrales para la discusión del directorio.

En un correo electrónico citado por Calabria durante la sesión del directorio, el vicepresidente Asti sostuvo que el informe jurídico no contemplaba una posible explicación diferente de los movimientos inmobiliarios.

En ese mail Asti escribió: “No se maneja la posibilidad de la venta de los dos inmuebles declarados anteriormente por separado y la compra de otro en conjunto por valores similares, lo que no implicaría de por sí ninguna irregularidad”.

El vicepresidente agregó que, para verificar esa hipótesis, debería solicitarse una ampliación del análisis al área de Declaraciones Juradas, con el objetivo de revisar los datos completos de los padrones y otras identificaciones.La interpretación sugería que los movimientos patrimoniales podrían corresponder simplemente a una reorganización inmobiliaria sin irregularidades.

Sin embargo, esa hipótesis fue cuestionada durante la reunión.

Una asesora de la JUTEP intervino en la discusión y sostuvo que incluso considerando las variables planteadas por Asti, el análisis jurídico seguía indicando irregularidades en la declaración patrimonial. Concretamente, la asesora señaló que “la naturaleza jurídica de los activos declarados seguiría siendo irregular”, agregando que “la coexistencia de activos propios y gananciales en su última declaración contraviene el marco normativo que rige su régimen de bienes, conforme a lo detallado exhaustivamente en el informe”.

El vocal opositor Luis Calabria también cuestionó el procedimiento seguido por Asti, cuestionando que el vicepresidente solicitó un informe adicional sobre declaraciones juradas que no pasó por la supervisora del área correspondiente, lo que —según afirmó— implicó avanzar “en forma paralela y fuera de expediente”.

Para Calabria, esa actuación dejó de lado el análisis técnico elaborado por los servicios jurídicos del organismo.

Un antecedente reciente

La denuncia actual se suma a una polémica previa que involucró a Arim.

En abril del año pasado se informó que el director de la OPP no había regularizado su casa de veraneo en el balneario Solís, en Maldonado.

Según ese informe, la vivienda había sido construida sin regularización ante Catastro y sin contar con final de obra, lo que implicaba que no se estuviera abonando el impuesto a Primaria.

Arim respondió entonces que había comprado el terreno en 2011 y que la construcción contaba con los permisos correspondientes de la Intendencia de Maldonado y del Banco de Previsión Social. También explicó que la vivienda presentaba defectos constructivos que requerían obra adicional, por lo que no había solicitado el final de obra. Posteriormente inició trámites ante Catastro para regularizar la situación.

También con la presidenta

Esto se suma a que el vocal Luis Calabria también cuestionó recientemente a la presidenta de la JUTEP, Ana Ferraris, por incumplimientos en las rendiciones vinculadas a viajes oficiales.

Calabria señaló que el Decreto Nº 148/992 obliga a los funcionarios que participan en misiones oficiales a presentar, dentro de los quince días de su regreso al país, un informe detallado sobre las actividades realizadas y la documentación recibida.

Según planteó, en algunos casos esos informes fueron presentados con retrasos de varios meses, además de existir demoras en la devolución de viáticos sobrantes.

Ferraris respondió que las demoras se debieron a “un alto cúmulo de trabajo en tareas urgentes”, entre ellas la preparación del Presupuesto Nacional y el proceso de reorganización interna del organismo.

La JUTEP en el centro del debate político

Las controversias actuales se suman a otras decisiones recientes de la JUTEP que generaron críticas en el ámbito político.

Entre ellas se encuentran los pronunciamientos sobre el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y sobre la exministra de Economía Azucena Arbeleche, resueltos en votaciones divididas dentro del directorio.

Una credibilidad en juego

La JUTEP fue creada para garantizar estándares de ética pública y fortalecer la confianza en las instituciones, como hemos señalado en varias ocasiones.

Sin embargo, las diferencias internas en su directorio, las denuncias cruzadas y las controversias políticas que han rodeado algunos de sus pronunciamientos han colocado al organismo en el centro del debate.

La denuncia contra Rodrigo Arim vuelve ahora a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Junta.

Y el modo en que se procese este expediente será observado con atención, no solo por las implicancias para el jerarca denunciado, sino también por lo que pueda decir sobre la capacidad del organismo para actuar con independencia técnica y credibilidad institucional.