Correo de los Viernes - Orsi y el Compromiso de Santiago: de las declaraciones a la acción

Orsi y el Compromiso de Santiago: de las declaraciones a la acción

Edición Nº 1099 - Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 5'

La participación de Yamandú Orsi en la reunión de Nueva York confirmó que Uruguay seguirá involucrado en una iniciativa regional que ya comenzó a transformar las declaraciones políticas contra el crimen organizado en mecanismos concretos de cooperación entre los Estados.

En medio de una agenda internacional cargada de discursos, declaraciones y gestos políticos, la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi en Nueva York con sus pares de los países que integran el Compromiso Regional de Santiago tuvo una característica que conviene observar: se habló de implementación.

El encuentro se realizó el miércoles 23 de setiembre en la sede de las Naciones Unidas, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General. Participaron los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Bolivia, Rodrigo Paz; Paraguay, Santiago Peña; Perú, Keiko Fujimori, y Uruguay, Yamandú Orsi, además de los cancilleres de Argentina y Ecuador. Los siete países reafirmaron allí su intención de avanzar con el mecanismo creado para enfrentar conjuntamente la delincuencia organizada transnacional.

El origen de la iniciativa es relativamente reciente. El Compromiso Regional de Santiago fue acordado el 28 de mayo pasado por Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Paraguay se incorporó posteriormente y Uruguay formalizó su adhesión en julio, después de la visita oficial que Kast realizó a Montevideo y de sus conversaciones con Orsi.

No se trata, al menos en su diseño, de crear otro organismo internacional cargado de burocracia. El acuerdo estableció un Grupo de Trabajo integrado por las instituciones competentes de los países participantes, encargado de elaborar un Plan de Acción Conjunto y de proponer acciones concretas cuyos resultados puedan ser medidos y verificados. El objetivo declarado es mejorar la coordinación técnico-operativa y el intercambio de información entre Estados frente a organizaciones criminales que actúan precisamente aprovechando las fronteras y las diferencias entre las jurisdicciones nacionales.

Ese trabajo ya comenzó.

El 19 de agosto quedó formalmente constituido el Grupo de Trabajo. La primera instancia reunió a cerca de un centenar de representantes de cancillerías y organismos técnicos de los siete países y organizó la tarea en cuatro mesas específicas: Seguridad; Inteligencia Financiera y Tributaria; Trazabilidad y Control Migratorio; y Control y Fiscalización Fronteriza.

La división no es simplemente administrativa. Apunta a distintos puntos de la estructura de las organizaciones criminales. Una mesa aborda directamente la cooperación en seguridad; otra sigue el dinero, uno de los aspectos decisivos para atacar organizaciones que necesitan lavar, transferir y ocultar enormes recursos; una tercera atiende los movimientos migratorios y la trazabilidad de personas; y la cuarta procura mejorar el control de fronteras, por donde circulan drogas, armas, mercaderías ilícitas y miembros de las propias organizaciones.

Las instituciones de cada país deberán identificar en esas mesas medidas concretas de cooperación y volcarlas a un Plan de Acción. Además, cada mesa tendrá que evaluar sus avances y aportar los insumos correspondientes dentro del plazo de 180 días previsto originalmente. La Secretaría Técnica será la encargada de consolidar ese trabajo y ponerlo a disposición de los Estados participantes.

Este punto permite distinguir el Compromiso de Santiago de tantas declaraciones regionales cuya vida útil termina con la fotografía de los mandatarios. El acuerdo original fijó una primera reunión técnica dentro de los 90 días, creó una estructura de trabajo y estableció una revisión de avances a los 180 días. La primera etapa se cumplió y la reunión de Nueva York sirvió para mantener el respaldo político al proceso que desarrollan los organismos especializados.

Orsi puso precisamente el énfasis en esa necesidad de coordinación. Después de la reunión señaló que los países se necesitan mutuamente frente a organizaciones que actúan con una velocidad creciente y agregó que “nuestro nivel de sintonía tiene que ser cada vez mayor”. En la misma intervención sostuvo que la cooperación regional en esta materia “no es una opción, es una necesidad”.

Hay además una continuidad que merece ser registrada. Cuando Kast visitó Montevideo el 1.º de julio, Orsi ya había expresado interés en la propuesta chilena y había destacado la necesidad de una mayor articulación regional en materia de seguridad. Uruguay oficializó poco después su incorporación al mecanismo y ahora participa tanto de sus instancias políticas como de su estructura técnica.

La siguiente prueba será en noviembre. Argentina propuso que Buenos Aires reciba la próxima reunión de alto nivel y asumirá allí la Presidencia pro tempore de la Secretaría Técnica. Será el momento de comenzar a evaluar qué produjeron las cuatro mesas y cuánto de la voluntad expresada por los gobiernos pudo convertirse efectivamente en intercambio de información, coordinación institucional y operaciones concretas.

El crimen organizado sudamericano ya funciona regionalmente. Sus rutas financieras, logísticas y humanas atraviesan países con mucha mayor facilidad que las administraciones públicas encargadas de perseguirlas. El Compromiso de Santiago parte de esa realidad y procura que la cooperación entre los Estados se vuelva igualmente sistemática.

Que Uruguay esté sentado en esa mesa, participe de los grupos técnicos y acompañe el pasaje desde las declaraciones generales hacia mecanismos de ejecución coloca al país dentro de un esfuerzo regional que recién comienza y cuyo resultado deberá medirse por hechos. Ese será, finalmente, el examen relevante del Compromiso de Santiago: no cuántas reuniones celebre, sino cuánto consiga dificultar la actuación de quienes hace mucho tiempo dejaron de reconocer las fronteras que todavía condicionan a quienes los combaten.