El mayor operativo policial en la historia de Brasil dejó más de un centenar de muertos y abrió un intenso debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal.
Antecedentes: la expansión del crimen organizado y la respuesta del Estado
El Comando Vermelho, surgido en la década de los años 70 en el sistema penitenciario de Brasil, consolidó una red criminal que controla extensos territorios de Río de Janeiro y además opera en múltiples estados del país. Ante su crecimiento, el gobierno estadual lanzó la Operación Contención con el objetivo de romper esa estructura de poder criminal que, según las autoridades, había superado la capacidad institucional de control tradicional.
El operativo se desarrolló justo en un contexto político complejo: por una parte, la reputación de seguridad del estado estaba gravemente comprometida; por otra, la necesidad de mostrar resultados rápidos se volvió imperiosa. Analistas señalan que el desplazamiento del crimen, la militarización de la policía y el agotamiento de políticas pacificadoras generaron una bisagra en la estrategia estadual.
Desarrollo y tácticas de la operación
La acción incluyó allanamientos simultáneos en 26 comunidades, con vehículos blindados, helicópteros, drones y cientos de órdenes de arresto. En algunos puntos, se registraron enfrentamientos intensos y barricadas improvisadas por criminales que, incluso, emplearon drones cargados con explosivos contra las unidades policiales.
Al día siguiente del operativo, residentes trasladaron decenas de cuerpos —en algunos casos con signos de decapitación o apuñalamiento— a plazas como la de São Lucas, lo que alimentó acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. La escala del despliegue y la violencia del choque provocaron el cierre de múltiples escuelas, interrupciones en el transporte público y un clima de pánico entre la población local.
Consecuencias inmediatas y cuestionamientos
Las autoridades celebraron el operativo como un éxito estratégico, con el gobernador de Río declarando que el estado estaba “en guerra”. No obstante, organizaciones de derechos humanos y observatorios internacionales exigen una investigación profunda, denunciando que la intervención podría equivaler a una política de exterminio de sospechosos.
Desde el plano institucional, el operativo expone varias fisuras:
- La coordinación entre el gobierno estadual y el federal se mostró fallida, con declaraciones cruzadas sobre el apoyo recibido.
- La táctica policial de alto impacto deja dudas sobre su eficacia a largo plazo: el control territorial puede revertirse si no se acompañan medidas de reconstrucción social.
- La legitimidad del uso de la fuerza y el respeto a la vida quedan comprometidos cuando se registran tantos muertos en un solo día sin transparencia plena.
Una estrategia de corto plazo, con interrogantes de largo
Los resultados iniciales podrían influir positivamente en la percepción de que el Estado puede actuar con firmeza frente al crimen organizado. Sin embargo, los obstáculos estructurales persisten: las favelas siguen marginadas, las milicias y facciones retienen poder local, y la prevención sigue siendo débil.
Si bien el golpe al Comando Vermelho puede considerarse simbólico, no garantiza que la cadena de mando criminal sea rota, ni que sus redes sean desmanteladas de raíz. La historia de Brasil muestra que este tipo de operaciones tienen efecto limitado si no se articula con políticas de desarrollo urbano, educación, salud y reintegración social.
