Después de casi un año de acusaciones, el oficialismo no logró demostrar la corrupción que insinuó contra el gobierno anterior. La Asamblea General cerró la investigación con una mayoría circunstancial, impidió votar las mociones opositoras y dejó sin respuesta las dudas sobre la rescisión del contrato y la adquisición de las patrulleras.
La Operación Cardama terminó como empezó: con un espectáculo político protagonizado por el oficialismo. La conferencia presidencial del 22 de octubre de 2025, definida por Hebert Gatto como una «fantochada política, plena de tambores y fanfarrias», abrió una campaña de descrédito contra el gobierno de Luis Lacalle Pou. Su cierre, este miércoles en la Asamblea General, añadió un grave atropello a los derechos de la oposición.
La corrupción que no apareció
Tras 17 sesiones y 23 comparecientes, la comisión investigadora no acreditó coimas, beneficios personales ni hechos de corrupción de los anteriores gobernantes. El Frente Amplio sostiene que hubo irregularidades y pretende que la Fiscalía investigue posibles delitos. Está en su derecho; pero una denuncia no equivale a una prueba, y la responsabilidad del astillero por la garantía cuestionada no puede trasladarse sin más a quienes contrataron con él.
Nada de lo investigado permitió sustentar la campaña de sospechas contra Lacalle Pou y sus ministros Javier García y Armando Castaingdebat. Eso no impidió que el senador Nicolás Viera volviera a cargar contra el expresidente durante el debate, confirmando el propósito político que ha atravesado todo el episodio.
Un final vergonzoso
El Frente Amplio contaba con 65 de los 130 integrantes de la Asamblea General: no tenía mayoría propia. La retirada de los dos legisladores de Cabildo Abierto redujo los presentes a 128 y permitió aprobar, con los 65 votos oficialistas, la resolución que envió a la Fiscalía el informe del Frente Amplio. El diputado colorado Adrián Juri pidió un cuarto intermedio de apenas dos minutos para que regresaran los cabildantes. La mayoría se negó.
Álvaro Perrone explicó que buscaba destrabar el empate y permitir que alguna resolución llegara a la Justicia. El hecho político, sin embargo, es evidente: Cabildo Abierto le proporcionó al oficialismo una mayoría que no tenía.
Lo peor ocurrió a continuación. Daniel Caggiani, que presidía la sesión, se negó a someter a votación las restantes mociones. Pablo Abdala protestó y señaló que sus disposiciones no eran incompatibles con lo aprobado. La Mesa sostuvo lo contrario; el oficialismo respaldó su actuación y luego votó levantar la sesión, impidiendo que la oposición terminara de ejercer sus derechos parlamentarios, incluida la fundamentación de sus votos.
Las propuestas podían aprobarse o rechazarse, pero debían considerarse. Clausurar el debate con semejante procedimiento, después de meses de invocar la transparencia y el respeto institucional, exhibe una prepotencia incompatible con la tradición republicana uruguaya. Una mayoría circunstancial no concede patente para silenciar a las minorías.
La rescisión que el gobierno no explica
El presidente Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz siguen debiendo una explicación esencial: ¿qué alternativas se evaluaron antes de rescindir el contrato y por qué se concluyó que la rescisión era la opción más favorable para el país? La administrativista Cristina Vázquez advirtió que, aun existiendo causales jurídicas para rescindir, correspondía valorar las alternativas y motivar la decisión en función del interés general.
Los artículos 21, 23 y 25 de la Ley 19.823 establecen deberes vinculados a la eficiencia, la motivación de los actos y la buena administración de los recursos públicos. Cabe preguntar si se compararon costos, riesgos de litigio y demoras, y si se estudió la posibilidad de obtener nuevas garantías sin perder la contratación.
Se suma una denuncia que exige aclaración: ante un pedido de informes sobre esos análisis, Sánchez afirmó que Defensa había remitido la documentación al Parlamento, extremo que los solicitantes niegan. Si los estudios existen, que se exhiban. Si no existen, que se explique sobre qué fundamentos se adoptó una decisión de semejante magnitud. Y si se informó incorrectamente al Parlamento, que se determinen las responsabilidades.
Mucho ruido, ninguna patrullera
La comparecencia de Sandra Lazo, un día antes de la Asamblea, confirmó la otra cara del problema: el gobierno todavía no ha definido cómo ni cuándo adquirirá las patrulleras oceánicas que la Armada necesita para proteger nuestro espacio marítimo. A los posibles costos patrimoniales y judiciales de la rescisión se añade una demora estratégica cuya factura paga el país.
La Operación Cardama deja así un balance elocuente: corrupción insinuada y no probada, rescisión insuficientemente explicada, patrulleras sin solución y un cierre parlamentario bochornoso. Frente a ello, la Coalición Republicana actuó unida en defensa de sus anteriores gobernantes y de las garantías institucionales. El oficialismo quiso exhibir culpas ajenas y terminó poniendo de manifiesto sus propios métodos. Mucha propaganda; pocas respuestas; y un preocupante desprecio por las formas republicanas.
