Correo de los Viernes - Oddone tiene razón, pero falta una pieza decisiva

Oddone tiene razón, pero falta una pieza decisiva

Viernes 14 de agosto de 2026. Lectura: 7'

Gabriel Oddone acierta al reclamar que el sector privado asuma riesgos y deje de pedir menos Estado mientras exige subsidios y protecciones. Pero la competitividad no se recuperará sin corregir un marco de relaciones laborales cada vez más hostil para la inversión.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, formuló un planteo tan incómodo como necesario: el Estado puede crear condiciones favorables para la inversión, eliminar trabas y preservar la estabilidad, pero no puede sustituir al empresario ni asumir los riesgos que corresponden a la actividad privada.

Oddone habló en la mañana del miércoles 12 de agosto, en el hotel Sofitel de Montevideo, durante una conferencia organizada por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su exposición se produjo mientras el Ministerio de Economía y Finanzas concentra su atención en la Rendición de Cuentas y en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, actualmente en proceso parlamentario.

El ministro comenzó por describir un escenario internacional marcado por una incertidumbre creciente. A las tensiones geopolíticas se suman el regreso de los aranceles como instrumento de presión, las decisiones discrecionales que alteran el comercio mundial, los efectos del cambio climático y una transformación tecnológica que modifica el mercado laboral, la seguridad social y hasta la forma de financiar los sistemas de protección.

Para un país pequeño como Uruguay, sostuvo, la respuesta debe ser disminuir los riesgos y mantener la conexión con aquellos espacios internacionales que todavía se rigen por reglas y acuerdos multilaterales.

Oddone también relacionó la capacidad del país para atraer inversiones con la preservación de su modelo de convivencia. La inseguridad, la pobreza y la fragmentación social no constituyen solamente problemas humanos y políticos: terminan afectando uno de los principales activos del Uruguay. En ese punto lanzó una advertencia particularmente severa: “Un tercio de los niños de este país son pobres, eso es una bomba de tiempo”.

Al mismo tiempo, reivindicó las fortalezas construidas por Uruguay a lo largo de varios gobiernos. La estabilidad macroeconómica, la solidez del sistema financiero, la situación energética, el acceso al crédito internacional y el bajo riesgo país no son, a su juicio, patrimonio de una administración determinada, sino el resultado de un proceso acumulativo.

Esas fortalezas permiten que hoy la economía uruguaya absorba perturbaciones externas que en otras épocas habrían provocado consecuencias mucho más graves. Incluso el bajo costo de financiamiento del Estado termina beneficiando al sector privado, porque establece una referencia más favorable para el conjunto de la economía.

Por eso Oddone reclamó abandonar dos actitudes igualmente perjudiciales: la autocomplacencia y el lamento permanente. “En un mundo más convulso, más incierto, Uruguay está preparado para jugar el partido, pero ese partido lo tenemos que jugar con más riesgo”, afirmó.

También reconoció que persiste un desafío fiscal. Defendió la prudencia en el manejo de las cuentas públicas y una política cuidadosa del gasto, aunque diferenciándola de una austeridad excesiva que pueda provocar una recesión innecesaria.

El núcleo de su exposición estuvo, sin embargo, en la competitividad. Oddone rechazó que esta pueda recuperarse manipulando el precio del dólar. “El partido de la competitividad no es con el tipo de cambio”, sostuvo. Utilizarlo para abaratar artificialmente los costos ocasionaría inflación, alteraría los precios relativos y produciría efectos redistributivos injustos.

La alternativa es actuar sobre la productividad y sobre los costos reales de producir en Uruguay. Allí colocó las reformas en materia de energía, logística, operativa portuaria, comercio exterior, financiamiento, competencia y relacionamiento entre los contribuyentes y la administración pública. Advirtió, además, que Uruguay deberá seguir con atención la nueva estrategia logística y portuaria de Argentina, después de años durante los cuales se benefició de parte de los flujos comerciales regionales.

En ese contexto defendió la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que busca disminuir regulaciones, facilitar el comercio exterior, combatir prácticas que restringen la competencia y permitir el ingreso de nuevos operadores. Los monopolios, las distribuciones exclusivas y otras barreras terminan encareciendo productos y perjudicando a consumidores y empresas.

Oddone puso particular énfasis en la distribución de responsabilidades entre el Estado y los particulares. Durante demasiado tiempo, dijo, se esperó que el gobierno ofreciera certezas sobre variables que no controla y funcionara como receptor final de los riesgos privados. Esa cultura se expresó en las demandas sobre el tipo de cambio, en las cláusulas paramétricas de los contratos y en la expectativa de que el Estado siempre aparezca cuando una actividad atraviesa dificultades.

“El sector privado cree que el Estado le va a resolver más cosas de lo que le va a resolver”, resumió.

El ejemplo de los seguros para productores afectados por eventos climáticos resultó elocuente. Aunque existen coberturas para infraestructura subsidiadas por el Estado hasta en un 70%, su contratación continúa siendo escasa. El gobierno puede facilitar los instrumentos, pero corresponde a cada empresario utilizarlos y asumir los riesgos inherentes a su actividad.

El ministro cuestionó igualmente al sistema financiero. Calificó como “un escándalo” que el crédito represente apenas alrededor del 30% y reclamó que bancos y demás instituciones salgan de su “zona de confort”. Uruguay necesita más crédito, mayor sofisticación financiera, nuevos instrumentos de cobertura y una oferta más amplia de financiamiento en moneda nacional.

En materia laboral, descartó que la competitividad pueda construirse mediante salarios bajos. Uruguay no debe aspirar a ser un país barato, sino más productivo. Para eso también consideró necesario revisar algunos aspectos de la negociación colectiva y reconocer que la productividad no puede medirse con un único indicador aplicable indistintamente a todas las ramas y empresas.

Finalmente, recordó que aproximadamente el 80% de la inversión uruguaya es privada. El gobierno no debe decidir dónde ni cómo invertir: su tarea consiste en proporcionar estabilidad, previsibilidad y reglas adecuadas. La decisión y el riesgo pertenecen al empresario.

Oddone tiene razón. No resulta coherente reclamar menos Estado, mayor libertad económica y mejores condiciones para la iniciativa privada y, al mismo tiempo, concurrir al Ministerio de Economía en busca de subsidios, protecciones, excepciones o ventajas sectoriales. Como señaló con crudeza, quienes exigen reducir el costo estatal suelen ser los mismos que se presentan ante el gobierno para pedir recursos: “Los únicos que no vienen a mi oficina son los chiquilines que viven en los cantegriles, todos los demás pasan para pedirme algo”.

El sector privado debe abandonar esa contradicción y animarse a invertir, innovar, recurrir al financiamiento y gestionar sus propios riesgos. La libertad de empresa también supone responsabilidad y no únicamente el derecho a reclamar condiciones favorables.

Pero el razonamiento del ministro queda incompleto si el gobierno no reconoce su propia responsabilidad. La Ley de Competitividad es necesaria y la elogiamos cuando fue presentada. Sin embargo, desburocratizar, estimular la competencia y reducir algunos costos no será suficiente si no se corrige el marco de relaciones laborales, severamente deteriorado desde que asumió esta administración.

La creciente conflictividad, la debilidad de las garantías frente a ocupaciones y medidas sindicales, la rigidez de ciertos mecanismos de negociación y la incertidumbre provocada por la actuación del propio gobierno también forman parte de la ecuación de riesgo que evalúa cualquier inversor. No puede reclamarse al empresario que “se la juegue” mientras se vuelve más inseguro contratar, producir, cumplir plazos y mantener una actividad en funcionamiento.

Oddone acierta al exigir un sector privado menos dependiente y más audaz. Pero para que esa audacia aparezca, el gobierno debe ofrecer algo más que estabilidad macroeconómica y una buena ley de competitividad. Debe reconstruir la seguridad jurídica y el equilibrio en las relaciones laborales. De lo contrario, reclamar que los privados asuman mayores riesgos equivaldrá a pedirles que se arrojen al agua mientras desde el propio Estado se agita la corriente.