Correo de los Viernes - Oddone, el ministro de las dos caras

Oddone, el ministro de las dos caras

Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 10'

Por Juan Carlos Nogueira

El ministro Gabriel Oddone procura ofrecer previsibilidad a los mercados sin contrariar las demandas transformadoras de la izquierda. Sus vacilaciones en materia previsional, fiscal y social exponen las contradicciones de una gestión que todavía no logra definir con claridad hacia dónde conduce la economía.

Jano, el antiguo dios romano de los umbrales, tenía dos rostros: uno vuelto hacia lo que queda atrás y otro hacia lo que está por venir. En Gabriel Oddone, la metáfora adquiere otro sentido. Sus dos caras no miran al pasado y al futuro, sino hacia la izquierda y hacia la derecha.

Una busca transmitir racionalidad económica, prudencia fiscal y confianza a los mercados. La otra parece obligada a responder a las expectativas de una izquierda que reclama transformaciones más profundas. Entre ambas posiciones queda atrapada su gestión, marcada por señales contradictorias y cambios de rumbo que hacen difícil saber hasta dónde llega el economista y dónde empieza el político.

Jano podía mirar en dos direcciones porque su función era precisamente custodiar los umbrales y presidir las transiciones. Un ministro de Economía, en cambio, necesita ofrecer algo más que una mirada hacia cada lado. Necesita fijar un rumbo claro.

Y en Oddone hay algo más que una metáfora literaria. La secuencia de decisiones que ha tomado hace preguntarse si detrás del economista racional que llegó al Ministerio existe una política económica coherente o si, en realidad, estamos ante un funcionario que intenta mantener simultáneamente dos discursos incompatibles.

Conviene recordar una declaración de Oddone durante la campaña electoral, porque muestra una faceta de su pensamiento que después quedó bastante más escondida.

En octubre de 2024, mientras se discutía la reforma de la seguridad social, Oddone sostuvo que la prioridad del país debía estar en los niños y adolescentes. Hasta allí, nada objetable. La pobreza infantil es un problema grave y una sociedad responsable debe combatirla.

Pero Oddone fue bastante más lejos.

Según consignó Montevideo.com.uy el 12 de octubre de 2024, Oddone afirmó:

“Por cada adulto mayor pobre tenemos diez niños pobres y las personas que tenemos más de 60 años tenemos que ser generosas en decir que lo que se juega el país está en esos niños y no en nosotros, donde, mal que bien, ya estamos en el final de nuestras vidas”.

Y agregó que, aunque había adultos mayores pobres y había que atenderlos, “no precisamos seguirlos protegiendo”.

La frase no es inocua. Detrás de ella hay una idea sobre la solidaridad que merece ser discutida. Puede interpretarse como si el derecho a ser protegido perdiera peso a medida que una persona envejece.

Naturalmente, el Estado tiene que establecer prioridades. Es razonable, por ejemplo, que destine más recursos a la primera infancia, donde se juegan oportunidades decisivas. Lo que resulta mucho más discutible es convertir esa prioridad en una razón para considerar menos valiosa la protección de quienes ya envejecieron.

Hay, además, una ironía que Oddone parece no haber advertido. Todos esos niños, si tienen la fortuna de vivir muchos años, pasarán algún día a integrar el grupo de los adultos mayores, que hoy parece ocupar un lugar secundario.

La cuestión no es si Uruguay debe gastar más en los niños. Probablemente deba hacerlo. La cuestión es si para justificarlo necesitamos decirles a quienes tienen más de sesenta años que ya están “al final de sus vidas” y que, por tanto, deben ser generosos y ceder su lugar.

Y aquí aparece una primera pista para entender al Oddone de dos caras. Aquellas declaraciones, hechas antes de llegar al Ministerio, contrastan con el tono mucho más cuidadoso que adoptó después desde la cartera.

Oddone llegó al Ministerio con una ventaja que pocos ministros de Economía pueden darse el lujo de tener. Por su trayectoria como socio de la prestigiosa firma CPA Ferrere, tenía reputación de economista serio, técnico y moderado.

Su formación y su reputación parecían particularmente útiles para un gobierno de izquierda. Su posición le permitía hablarle a la izquierda de reformas sociales y, al mismo tiempo, transmitir al sector privado responsabilidad fiscal, inversión y crecimiento. En teoría, podía ser el puente entre las aspiraciones políticas del Frente Amplio y las restricciones económicas.

El problema apareció cuando los dos discursos dejaron de complementarse y empezaron a chocar.

El episodio de las AFAP es probablemente el ejemplo más evidente.

Durante 2026, en el marco de la discusión sobre la reforma previsional, el gobierno llegó a considerar cambios importantes en el papel de las administradoras y la posibilidad de centralizar la gestión de las cuentas individuales.

La sola posibilidad generó incertidumbre en torno al futuro del ahorro previsional y obligó posteriormente al gobierno a despejar el escenario. Oddone explicó después que las condiciones económicas, financieras e institucionales “no están maduras” para avanzar en esa dirección. La decisión, sin embargo, llegó después de que el gobierno recibiera señales claras de preocupación desde el sistema financiero. Cuando finalmente confirmó que las AFAP seguirían administrando las cuentas, la reacción del mercado fue favorable.

Modificar una propuesta no constituye, por sí mismo, una falta. Los gobiernos pueden cambiar de opinión. Lo que importa es por qué el gobierno cambió de opinión y qué tanto había evaluado las consecuencias de su propuesta inicial.

Si las condiciones no estaban maduras, ¿por qué puso sobre la mesa una modificación institucional de semejante magnitud que puso en riesgo la obtención de fondos? Un ministro que pretende transmitir previsibilidad no puede ignorar el efecto que producen sus propias señales.

El problema se hizo todavía más evidente en la política de endeudamiento.

Oddone ha defendido que la reputación financiera de Uruguay es un activo nacional que debe preservarse. Y cuando recibió críticas políticas, llegó a sostener que esa reputación debía estar por encima del “oportunismo político”.

Es una afirmación correcta. Pero tiene una consecuencia que el propio ministro debería aceptar: si la reputación financiera está por encima del oportunismo político, ese principio también debe aplicarse al gobierno.

La reputación no se construye mediante declaraciones. Se construye mediante señales consistentes. Si una administración introduce incertidumbre sobre el régimen previsional, genera dudas sobre la arquitectura del ahorro individual y luego necesita salir a explicar que las condiciones no están dadas para llevar adelante las reformas anunciadas, el problema no está solamente en quienes interpretan esas señales. También está en quien las emite.

Un ministro de Economía no puede exigir a los demás la prudencia que no siempre muestra el propio gobierno.

Y aquí vuelve a aparecer Jano. Una cara mira a los mercados y dice: confianza, previsibilidad, reputación. La otra mira hacia su propia coalición política y dice: reforma, cambio, transformación. El mercado no tiene que preguntarse cuál de las dos caras es la verdadera. Solo necesita saber cuál será la política del gobierno.

Algo semejante ocurre con la regla fiscal.

Con el Presupuesto 2025-2029, el gobierno modificó el diseño de la regla fiscal que había heredado. Sustituyó el esquema basado en un límite al crecimiento del gasto por otro sustentado en un ancla de deuda y metas de resultado fiscal estructural.

La modificación puede defenderse técnicamente. La discusión, sin embargo, está en cuán exigente es realmente la nueva regla y, sobre todo, en su capacidad para limitar efectivamente el gasto. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre los riesgos asociados al crecimiento del gasto y sobre la necesidad de adoptar medidas compensatorias cuando se producen desvíos respecto de las metas fiscales.

Una regla fiscal es un compromiso de limitar el margen de discrecionalidad del gobierno de turno. Por eso, su eficacia no depende solamente de la fórmula que la define, sino también de la firmeza con que se la aplica. Que una regla incorpore supuestos sobre la evolución de la economía es inevitable. Pero cuando esos supuestos permiten acomodar los resultados o cuando, ante el incumplimiento de las metas, las correcciones terminan modificando de hecho las condiciones que la propia regla pretendía imponer, la regla deja de tener sentido.

Una regla que admite ser corregida cada vez que se vuelve incómoda corre el riesgo de convertirse, más que en un límite a la política fiscal, en una referencia que la política fiscal puede adaptar a sus necesidades.

Oddone puede afirmar, correctamente, que no está incumpliendo la regla. Pero lo importante es que la regla no parece ser suficientemente fuerte como para obligar al gobierno cuando las circunstancias se vuelven adversas.

Y llegamos al problema central de cualquier programa económico: el crecimiento.

Oddone habla de productividad, competitividad, inversión y crecimiento. Sin duda, Uruguay necesita crecer. El problema es que el crecimiento no se obtiene mediante conferencias de prensa.

El PIB uruguayo creció apenas 1,8% en 2025. El propio Oddone reconoció que ese menor crecimiento significó unos $10.000 millones menos de recaudación respecto de lo previsto.

Una parte importante del programa del gobierno depende de que la economía crezca lo suficiente como para financiar simultáneamente mayor gasto social, reducción de la pobreza, nuevas políticas públicas y sostenibilidad fiscal. Pero si el crecimiento decepciona, la ecuación cambia. Y entonces aparece la tentación de aumentar la deuda o confiar en que el crecimiento futuro termine resolviendo las dificultades presentes.

Oddone habla de crecimiento como condición para financiar las transformaciones. Pero mientras ese crecimiento no alcanza las magnitudes esperadas, el gobierno ya está tomando decisiones que comprometen recursos.

La discusión fiscal debería empezar por definir cuántos recursos puede comprometer el Estado en función del crecimiento que razonablemente cabe esperar, y no del que desearía que hubiera para que las cuentas cerraran.

La misma ambigüedad aparece en la política social.

Oddone ha colocado la pobreza infantil en el centro de su agenda y está impulsando mecanismos de transferencia destinados a ese objetivo. La intención es legítima.

Pero transferir dinero no equivale necesariamente a modificar las condiciones que producen la pobreza. Si el Estado entrega recursos sin mejorar sustancialmente la educación, la salud, el acceso al empleo y la movilidad social, puede terminar administrando la pobreza en lugar de crear las condiciones para que las personas puedan dejarla atrás.

Por eso resulta interesante otra frase de Oddone, pronunciada al defender el nuevo sistema de transferencias:

“Todo el mundo puede hacer lo que quiere y no hay que condicionarlo en nada. Salvo el pobre”.

La frase parte de una idea atendible. La libertad real de quien vive en la pobreza está condicionada por su situación material. Pero si el objetivo es sacar a una persona de la pobreza, ¿no debería el Estado utilizar sus transferencias para incentivar aquellas conductas que realmente aumentan las posibilidades de salir de ella? Tal como está diseñado el sistema de transferencias, nada asegura que el dinero se destine finalmente a la educación, la alimentación, la salud, el cuidado infantil, etc.

Una transferencia puede aliviar una situación, pero no necesariamente cambiarla. Y un gobierno que se presenta como reformista debería aspirar a lo segundo.

Al final, la cuestión no es si Oddone ha cometido errores. Naturalmente, los ha cometido. Todos los gobiernos los cometen. Cada error por sí solo dice poco. Pero esos errores, observados en conjunto, revelan la enorme dificultad que tiene Oddone para conciliar las dos caras de su gestión.

Intenta seguir mirando simultáneamente hacia lados opuestos. Pero la economía tiene la desagradable virtud de obligar a elegir.

En algún momento aparecen las restricciones que ningún discurso puede eliminar. El gasto tiene que financiarse, la deuda tiene un límite y las reformas tienen que convivir con la inversión y el crecimiento. Cuando dos objetivos chocan, el gobierno tiene que decidir cuál priorizar. Ahí termina la retórica del economista y comienza la política. Quizás sea ahí donde Oddone se encuentra con su verdadero problema.

Durante años pudo presentarse como el economista capaz de aportar racionalidad a una izquierda que necesitaba demostrar que podía gobernar con restricciones económicas. Ahora debe demostrar algo más difícil: mantener su racionalidad cuando entra en conflicto con las necesidades políticas de la izquierda.

Porque un ministro de Economía puede tener muchos interlocutores y hablarle a públicos diferentes. Lo que no puede hacer indefinidamente es sostener políticas económicas contradictorias.

Jano podía mirar hacia dos lados porque su función era custodiar el umbral. Oddone, en cambio, tiene que atravesarlo.

Ahora el país y los mercados esperan saber en qué dirección lo hará.