No solo comercio: la cumbre también puso el foco en Venezuela
Viernes 13 de diciembre de 2024. Lectura: 3'
 La LXV Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en Montevideo, puso sobre la mesa temas clave para la región, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la flexibilización del bloque. Sin embargo, más allá de las discusiones comerciales y diplomáticas, un asunto destacó por su gravedad: el deterioro continuo de las libertades y los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el caso de nuestro compatriota Fabián Buglione, desaparecido tras ingresar a ese país.
Uruguay, a través del canciller Omar Paganini, manifestó su “extrema preocupación” por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Paganini denunció el endurecimiento de la represión tras las elecciones del 28 de julio, que consolidaron a Nicolás Maduro como autoproclamado vencedor y desconocieron la voluntad popular. Además, el canciller exigió información sobre el paradero de Buglione, afirmando: “Hemos solicitado en más de una oportunidad información por diversos canales, formales e informales, sin obtener respuesta de parte de las autoridades”. Paganini calificó esta situación como “inaceptable” y apeló a la racionalidad de las autoridades venezolanas para encauzar una salida política y humanitaria.
Mediante un comunicado oficial, firmado por Uruguay, Argentina y Paraguay, el bloque reafirmó el compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho, y expresó la preocupación por la falta de publicación de los resultados desagregados de las elecciones en Venezuela. Textualmente, el comunicado señala: “Manifiestan su extrema preocupación por la situación en Venezuela, Estado Parte suspendido del MERCOSUR en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, ante la no publicación de los resultados desagregados de las elecciones, así como las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales registradas en Venezuela”. Asimismo, se exhortó a las autoridades venezolanas a otorgar los salvoconductos necesarios para las seis personas asiladas en la Embajada Argentina en Caracas.
Sin embargo, este gesto diplomático careció del apoyo de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, el principal aliado regional del Frente Amplio, optó por no firmar la misiva, en una decisión que resalta su postura ambivalente –por momentos crítica y por momentos complaciente– hacia el régimen de Maduro.
La ausencia de Brasil en este gesto de condena plantea interrogantes incómodos para el Frente Amplio: ¿Con qué amigos se queda? ¿Con los autócratas que reprimen, encarcelan y hacen desaparecer a sus críticos, o con su propio compatriota, cuya suerte permanece en la penumbra bajo un régimen que se niega a dar respuestas?
Orsi, que desesperadamente ha decidido aliarse con Brasil, debería dar una respuesta clara: ¿estará del lado de los derechos humanos y la democracia, o preferirá proteger a sus aliados ideológicos? No es aceptable que el próximo gobierno uruguayo adopte un doble discurso, condenando en público las violaciones a los derechos humanos mientras estrecha la mano de quienes las perpetúan. La decisión es simple: exigir justicia para un compatriota desaparecido o ceder al oportunismo político. En este dilema, el Frente Amplio debe recordar que el precio de la indiferencia siempre es la complicidad.
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