El Senado alteró el espíritu de la reforma que buscaba transparentar los ingresos a las intendencias, pero el Partido Colorado se mantuvo firme en su defensa del mérito y las reglas claras.
El Senado aprobó este miércoles 15 un proyecto que regula el ingreso de personal a las intendencias por concurso o sorteo, pero lo hizo con modificaciones sustanciales y sin contar con los votos del Partido Colorado. La versión final votada introdujo cambios que claramente diluyen los controles del proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados.
Estas modificaciones marcan la diferencia entre una reforma genuina y un maquillaje político. Si el objetivo era democratizar el acceso a las intendencias, el texto de Senado terminó incorporando excepciones que permiten nombramientos discrecionales. Eso resta transparencia, margina el mérito y favorece la discrecionalidad política local.
Ante ese deslizamiento normativo, el Partido Colorado decidió no apoyar la versión votada en el Senado. Esa negativa no es obstinación: es coherencia con un diseño que, desde su origen (el proyecto del malogrado senador Adrián Peña), proponía concursos abiertos y sorteos, reglas claras. Al abstenerse, los colorados reivindican el proyecto de Diputados original como estándar, frente a la versión diluida.
El contraste es elocuente: diputados y ciudadanos pidieron normas estrictas; el Senado las suavizó. Votos importantes pasaron a respaldar excepciones. Y el Estado, que debía erigirse en garante del acceso justo y competitivo, aparece nuevamente como actor permisivo. Quienes intervinieron —por acción u omisión— permitieron que la reforma perdiera fuerza en el tránsito parlamentario.
La lucha por el principismo no es solo simbólica. En una concesión discrecional radica el riesgo de que cada intendente siga teniendo márgenes para hacer favores políticos.
El Partido Colorado alza la voz en esa grieta: rechaza que lo que se aproxime al estatuto del mérito se convierta en mera fachada. Su posición también señala un camino político: que un partido pueda decir “no” cuando el proyecto se tuerce, que no se acomode al defecto de las mayorías. Esa negativa puede costar, pero demuestra que no todo vale si lo que está en juego es la integridad institucional.
El Senado, con su poder modificador, no puede convertirse en instrumento para satisfacer liderazgos o mayorías locales. Si la reforma del acceso a las intendencias va a tener sentido, debe definirse por normas consistentes, mecanismos de control y sanciones claras. De lo contrario, quedará como otra promesa de transformación que, en el acto legislativo, se diluye.
Uruguay merece reformas que no se tergiversen en el camino. El paso dado por el Senado no es solo un retroceso parcial: es una advertencia de que las buenas ideas pueden perder su sustancia si se las modifica por pragmatismo político. En esa encrucijada, la coherencia del Partido Colorado adquiere nuevo valor: ser el contrapeso que recuerda que el fin noble no legitima medidas débiles.
