Correo de los Viernes - ¡No pasarán!

¡No pasarán!

Viernes 1 de mayo de 2026. Lectura: 5'

No fue diálogo ni fue social: fue un rodeo político para reescribir en un escritorio lo que la ciudadanía rechazó en las urnas en 2024. Sin la oposición, sin números y con propuestas que erosionan el sistema previsional, el resultado expone algo más grave que un mal documento: una peligrosa vocación por desconocer los límites democráticos cuando el veredicto no gusta.

El llamado “Diálogo Social” sobre seguridad social no fue un ejercicio de construcción colectiva. Fue, en los hechos, un intento de reabrir por la vía deliberativa lo que la ciudadanía ya laudó en las urnas. Y ese pecado de origen contamina todo el proceso: lo vuelve políticamente cuestionable, técnicamente inconsistente y económicamente riesgoso.

El gobierno presentó la instancia como un ámbito plural. Participaron el Banco de Previsión Social, organizaciones sociales, técnicos y, de forma destacada, el PIT-CNT. Pero no estuvieron los partidos de la Coalición Republicana.

No fue una omisión menor ni un problema de agenda. Los partidos de la Coalición Republicana resolvieron explícitamente no participar porque entendieron que el proceso carecía de garantías de neutralidad, que sus conclusiones estaban orientadas de antemano y que no se trataba de un verdadero ámbito de negociación sino de validación política. En otras palabras, no se negaron al diálogo: se negaron a convalidar un formato que consideraron sesgado.

Esa ausencia no solo debilita el resultado: lo condiciona. Una reforma previsional sin la participación de la oposición relevante nace sin vocación de permanencia.

Pero hay algo aún más grave. El “Diálogo Social” se desarrolló apenas meses después del plebiscito de 2024, en el que la ciudadanía rechazó modificar sustantivamente el régimen previsional en el sentido que impulsaban sectores hoy predominantes en este proceso. Insistir, por otras vías, en propuestas que fueron descartadas en las urnas no es perseverancia política: es una forma de eludir el veredicto democrático.

Se podrá argumentar que no son exactamente las mismas medidas. Es cierto en la forma, pero no en el fondo. La orientación general —debilitar el pilar de capitalización individual, expandir el rol estatal y flexibilizar condiciones de acceso— es inequívocamente la misma.

El informe final organiza sus propuestas en siete ejes. Pero más allá del orden formal, lo relevante está en el contenido concreto, donde aparecen definiciones que merecen una crítica frontal:

1. AFAP: el avance silencioso hacia el control estatal
Aunque el gobierno —a través del presidente Yamandú Orsi y el ministro Oddone— niega cualquier intención de estatización, el documento plantea que las cuentas individuales puedan ser gestionadas por un organismo público. Es difícil no ver ahí una forma indirecta de vaciar el sistema mixto. No se lo elimina: se lo captura.

2. Redefinición de las jubilaciones
Se introducen orientaciones para revisar las tasas de reemplazo, los años de aporte y los criterios de acceso. El problema no es discutirlos, sino hacerlo sin un respaldo actuarial claro. Se sugiere mejorar beneficios sin explicar cómo se financian en el largo plazo.

3. Expansión de transferencias sin contraprestaciones
El documento plantea eliminar o reducir exigencias en programas sociales, sustituyéndolas por “acompañamiento”. El concepto es políticamente atractivo, pero peligrosamente vago. Sin mecanismos claros de incentivo, se consolidan las dependencias en lugar de superarlas.

4. Ampliación del concepto de protección social
Se incorporan dimensiones como cuidados, género y desigualdades estructurales. Todo legítimo. Pero se diluye el foco del sistema previsional y se cargan sobre él funciones que deberían discutirse en otras políticas públicas.

5. Falta de cuantificación fiscal
Este es el punto más crítico: el documento evita sistemáticamente poner números. No hay estimaciones de costo, ni escenarios, ni impacto en la sostenibilidad. En un sistema que ya enfrenta tensiones demográficas, esta omisión no es técnica: es política.

El PIT-CNT celebró el documento como un avance. Era esperable: fue la estrategia definida por el PCU y sus aliados.

Pero las cámaras empresariales fueron categóricas: el documento no recoge sus aportes y carece de rigor. Más que un proceso de síntesis, lo perciben como una imposición.

En el plano técnico y financiero, las señales son aún más preocupantes. Asesores de inversión y analistas han advertido sobre el impacto potencial en la confianza. Uruguay ha sido, durante años, un país previsible en materia de reglas de juego. Introducir incertidumbre en el régimen de ahorro previsional es, directamente, erosionar uno de sus activos más valiosos. Y el potencial —y muy tangible— riesgo de terminar pagando más intereses por la deuda soberana por incremento del riesgo-país.

El gobierno ha anunciado que utilizará el informe como insumo para definir prioridades. Es decir: seleccionará qué partes avanzar y cuáles no.

Ese margen de discrecionalidad es problemático por dos razones. Primero, porque el documento carece de una jerarquización clara, lo que facilita decisiones ad hoc. Segundo, porque refuerza la percepción de que todo el proceso fue más político que técnico.

El “Diálogo Social” no fracasa por falta de buenas intenciones. Fracasa por algo más profundo: por intentar construir legitimidad en forma bastarda.

Desconoce el resultado del plebiscito de 2024. Excluye —por diseño y por decisión política de los propios actores— a la oposición relevante. Produce un documento que elude las restricciones fiscales y minimiza los riesgos económicos. Y deja al país con más dudas que certezas.

Uruguay ya discutió su sistema previsional durante décadas. Lo reformó en los años 90, lo ajustó después y lo volvió a revisar recientemente. Pretender ahora rediseñarlo sobre bases imprecisas y descociendo a la ciudadanía no es audacia reformista: es irresponsabilidad y ausencia de convicciones democráticas.

El problema no es que el gobierno quiera cambiar cosas. El problema es cómo y contra qué lo está haciendo.

Y cuando un proceso de esta magnitud se propone rodear las urnas en lugar de respetarlas, la crítica no solo es válida. Es imprescindible. Porque cuando aparezca un proyecto de ley concreto del Poder Ejecutivo —hasta entonces reinará la más absoluta incertidumbre— la oposición deberá ser categórica para impedir que se lance al país por el despeñadero.