Edición Nº 1073 - Viernes 20 de marzo de 2026

No hay ni "negociación estancada", ni "impasse": Ferrero seguirá y el gobierno deberá definirse

Edición Nº 1073 - Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 6'

La discusión terminó antes de empezar. La oposición cerró filas en defensa de Mónica Ferrero y dejó en claro que no prestará sus votos para removerla. Sin mayorías especiales no hay nuevo fiscal de Corte, y esa realidad fija el escenario institucional: Ferrero seguirá al frente de la Fiscalía General hasta 2030. Pero en las últimas horas, lejos de diluirse, el tema adquirió un nuevo cariz político a partir de las propias declaraciones del presidente Yamandú Orsi, que terminaron por reforzar —quizá involuntariamente— la posición de la oposición.

En política, las palabras importan. Y a veces también confunden. En los últimos días se ha señalado por parte de operadores oficialistas la idea de que las negociaciones por la Fiscalía General de la Nación entraron en un “impasse”. La palabra sugiere una pausa, un compás de espera, un momento de indefinición.

Pero lo cierto es que no hay ningún “impasse” ni “compás de espera”.

Lo que hay es una decisión política ya tomada.

La oposición resolvió que la doctora Mónica Ferrero continuará al frente de la Fiscalía General de la Nación. Y, con la correlación de fuerzas parlamentarias actual, eso significa algo muy concreto: Ferrero seguirá en el cargo al menos hasta 2030.

No se trata de una especulación ni de una hipótesis. Es una consecuencia directa de la aritmética parlamentaria.

El fiscal de Corte solo puede ser designado con mayorías especiales en el Senado. Sin los votos de la oposición, no hay nombramiento posible. Y la oposición ya dejó claro que no acompañará ningún movimiento destinado a remover a Ferrero si no existe una razón institucional seria ni un candidato que reúna los consensos necesarios.

Por lo tanto, lo que algunos describen como una negociación trabada es, en realidad, una definición política: Ferrero seguirá.

En este contexto, las declaraciones del presidente Orsi no hicieron más que confirmar la falta de un rumbo alternativo. “Nunca hubo problema ahí”, aseguró el mandatario al referirse a la situación de Ferrero, y agregó que no le retiró su apoyo. En la misma línea, defendió su actuación y sostuvo que no hay objeciones de fondo a su desempeño. Lo cual, es menester subrayarlo, contradice lo que había señalado el prosecretario de la Presidencia, Dr. Jorge Díaz, en el sentido de que Ferrero no era un nombre de consenso.

Esas afirmaciones del presidente tienen una consecuencia política directa: si no hay problema con Ferrero, si su desempeño es adecuado y si mantiene el respaldo del Ejecutivo, entonces la discusión sobre su eventual reemplazo pierde sustento y el prosecretario Díaz debería tragarse sus palabras y dejar de operar para eyectar de la Fiscalía a la Dra. Ferrero.

Recordemos que la doctora Mónica Ferrero no es una figura improvisada. Es una fiscal de carrera con décadas de trabajo dentro del Ministerio Público, con conocimiento profundo del funcionamiento de la institución y con una trayectoria vinculada a investigaciones complejas, particularmente en materia de crimen organizado.

Su labor no fue meramente técnica ni burocrática. Fue también una tarea de riesgo.

En un episodio que marcó su carrera, Ferrero sufrió un atentado en su domicilio, una represalia directa vinculada a las investigaciones que llevaba adelante. Ese antecedente no es un dato menor. Es la prueba concreta de que su trabajo incomodó a organizaciones criminales reales y peligrosas.

Y también explica por qué muchos actores del sistema judicial consideran que su desempeño ha estado marcado por la independencia de criterio y el compromiso con la función pública.

Precisamente por ese perfil independiente es que resulta difícil de entender (o tal vez no) la persistente insistencia del oficialismo frenteamplista en revisar su continuidad.

La pregunta es inevitable. ¿Por qué tanta urgencia en remover a una fiscal general que está ejerciendo su función con normalidad? Hasta ahora no han aparecido argumentos institucionales de peso que justifiquen un cambio inmediato en la conducción de la Fiscalía.

Sin embargo, las versiones sobre posibles sustituciones, traslados o nuevas designaciones reaparecen una y otra vez.

Ese contraste alimenta una sospecha cada vez más extendida: que la independencia de Ferrero podría resultar incómoda para quienes aspiran a ejercer mayor control político sobre el Ministerio Público. Y en ese contexto aparece la figura del actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien durante años ocupó el cargo de fiscal de Corte.

Díaz no solo fue el titular del organismo durante una larga etapa. También dejó una estructura institucional y una red de vínculos dentro del sistema del Ministerio Público que siguen siendo relevantes. Inconvenientemente relevantes, para ser más precisos.

Por eso, cada movimiento en torno a la Fiscalía es observado con atención.

Frente a ese escenario, la reacción política fue rápida: la oposición cerró filas y así lo comunicó en conferencia de prensa.

Fue en el Partido Colorado que surgió la iniciativa de establecer una posición común dentro de la Coalición Republicana. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, el pasado lunes 16, el secretario general Andrés Ojeda planteó abiertamente la necesidad de garantizar la continuidad de Ferrero y de evitar que su nombre siguiera siendo “manoseado” en el debate político.

Pero ahora fue más allá. Tras las declaraciones de Orsi, Ojeda respondió de forma directa en la red X: “Sí, como dice, apoya a Ferrero como fiscal General, mande la solicitud de venia al Senado para designarla como titular”, en referencia a la venia necesaria para designar a Ferrero como fiscal de Corte titular. El mensaje, breve pero contundente, expone la contradicción del oficialismo: si el presidente Orsi respalda a Ferrero, entonces debe formalizar ese respaldo en el Parlamento. Y de paso —aunque eso Ojeda no lo dijo— ordenarle a Díaz que deje de operar contra Ferrero.

Esa posición se tradujo, una vez más, en un paso institucional concreto: los 14 senadores de la oposición enviaron una nota al presidente Orsi solicitándole formalmente que remita al Parlamento la venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte titular.

El planteo no es menor. Supone trasladar la discusión desde el terreno de las especulaciones políticas al ámbito institucional donde debe resolverse: el Senado. Y, al mismo tiempo, coloca al Poder Ejecutivo ante una disyuntiva clara: respaldar formalmente a Ferrero o admitir que el presidente no quiso decir lo que efectivamente dijo.

Desde entonces, el panorama institucional quedó definido. Sin los votos de la oposición no hay nuevo fiscal de Corte. Y sin nuevo fiscal de Corte, la conducción de la Fiscalía General sigue en manos de quien hoy la ejerce con dedicación, coraje y probidad.

Por eso, no hay ningún “impasse”: lo que existe es una decisión política firme.

Y ahora, además, hay un emplazamiento institucional al gobierno.

La oposición resolvió sostener a Ferrero en el cargo. Y esa decisión, en la práctica, fija un horizonte temporal claro: la Fiscalía General de la Nación tiene conducción estable y la fiscal de Corte seguirá siendo Mónica Ferrero hasta 2030.

Salvo que el propio presidente Orsi decida, de una vez por todas, actuar en consecuencia con sus palabras y decida solicitar la venia para que la actual Fiscal General interina pase a ser Fiscal General titular.

Y en cualquiera de ambas hipótesis, mande el Poder Ejecutivo la venia para Ferrero o no, el prosecretario Díaz pierde la pulseada luego del claro e irreversible pronunciamiento de la oposición.

Así de sencillo. Así de claro. Así de contundente.



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