Nicaragua: ni los Somoza se atrevieron a tanto
Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 6'
 Las recientes declaraciones de Daniel Ortega, anunciando que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, no inauguran una nueva etapa, sino que oficializan el fin de cualquier simulacro democrático. El antiguo líder revolucionario consolida así una dictadura familiar sostenida por la represión, las alianzas con las viejas élites económicas y la eliminación de toda competencia política, mientras resurge el debate sobre quienes, dentro y fuera de la región, continuaron legitimando un régimen cuyo giro autoritario era visible desde hace casi dos décadas.
Las palabras de Daniel Ortega ya no admiten eufemismos. “Aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó durante la celebración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista. No se trató de un exabrupto ni de una frase improvisada: fue la verbalización de una realidad política que Nicaragua viene construyendo desde hace más de una década y media. Si hasta ahora el régimen conservaba la ficción institucional de celebrar elecciones sin competencia real, Ortega anunció que incluso esa fachada resulta innecesaria. La dictadura decidió dejar de fingir.
Paradójicamente, quien encabezó la lucha contra una dinastía familiar terminó construyendo otra. La revolución que prometía democracia, justicia social y participación popular desembocó en un régimen copresidencial encabezado por Ortega y Rosario Murillo, donde la concentración absoluta del poder ya no busca legitimarse mediante el sufragio sino mediante la fuerza del Estado.
Del autoritarismo competitivo a la dictadura abierta
Las declaraciones de Ortega no cambian sustancialmente la situación política de Nicaragua. Desde hace años las elecciones dejaron de ser libres.
La deriva comenzó gradualmente tras el regreso del sandinismo al poder en 2007. Las elecciones municipales de 2008 ya fueron denunciadas por graves irregularidades; posteriormente el oficialismo fue eliminando uno a uno los contrapesos institucionales: subordinó el Poder Judicial, colonizó el Consejo Supremo Electoral, expulsó observadores internacionales, ilegalizó partidos opositores, encarceló candidatos presidenciales, confiscó medios de comunicación y expulsó a cientos de opositores, muchos de ellos privados incluso de su nacionalidad.
La reforma constitucional de 2025 terminó de institucionalizar ese proceso. Eliminó en los hechos la separación de poderes, creó la figura de la copresidencia para Rosario Murillo, amplió los mandatos y subordinó todos los órganos del Estado al Poder Ejecutivo. Las recientes declaraciones de Ortega constituyen simplemente el paso siguiente: ya no habrá siquiera competencia simulada.
En términos politológicos, Nicaragua deja atrás el modelo de “autoritarismo competitivo” para acercarse explícitamente a un régimen de partido único o de hegemonía permanente, más cercano a Cuba o Corea del Norte que a los sistemas híbridos latinoamericanos.
La confesión de un régimen que ya no necesita legitimarse
Las dictaduras suelen conservar ciertos rituales electorales, aunque sean fraudulentos. Es una forma de obtener legitimidad internacional, dividir a la oposición y mantener una apariencia institucional.
Ortega acaba de reconocer que ni siquiera considera necesario ese recurso.
Cuando afirma que nunca más permitirá elecciones porque podrían ganar quienes él denomina “somocistas” o “puestos por los yanquis”, está estableciendo un principio incompatible con cualquier definición de democracia: el pueblo sólo puede elegir mientras elija correctamente. Si existe la posibilidad de alternancia, entonces se elimina la elección.
En realidad, Ortega no está confesando fortaleza sino miedo. Si estuviera seguro del respaldo popular, convocaría elecciones auténticas. Precisamente porque sabe que una competencia libre podría terminar con casi veinte años de poder absoluto, decide prohibirla.
La paradoja del sandinismo: combatir a Somoza para parecerse a Somoza
La mayor ironía histórica consiste en que Ortega justifica la eliminación de las elecciones para impedir el regreso del somocismo.
Sin embargo, el sistema político que construyó reproduce muchos de los rasgos que caracterizaron precisamente a la dinastía Somoza:
- concentración familiar del poder;
- control absoluto de las Fuerzas Armadas y la Policía;
- subordinación de la Justicia;
- inexistencia de oposición efectiva;
- persecución de periodistas y disidentes;
- utilización patrimonial del Estado.
La diferencia ideológica resulta secundaria frente a una semejanza institucional cada vez más evidente.
Las alianzas con el antiguo establishment somocista
Otro de los grandes contrastes con el discurso revolucionario reside en las alianzas construidas por Ortega durante su regreso al poder.
Diversos estudios académicos muestran cómo el sandinismo abandonó progresivamente buena parte de su programa original para consolidar una amplia coalición de poder integrada por sectores empresariales tradicionales, antiguos dirigentes vinculados al somocismo, jerarquías religiosas —antes de la ruptura con parte de la Iglesia— y grupos económicos interesados en la estabilidad política que ofrecía el régimen. El llamado “modelo de diálogo y consenso” funcionó durante años como un acuerdo corporativo entre el gobierno y las principales cámaras empresariales, garantizando crecimiento económico a cambio de escasa confrontación política. Sólo tras la represión de las protestas de 2018 esa alianza comenzó a fracturarse de manera significativa.
Esa evolución demuestra que el conflicto ya no es entre sandinistas y somocistas. El verdadero eje es entre quienes aceptan la concentración absoluta del poder y quienes reclaman instituciones democráticas.
¿Cuánto puede sobrevivir la dictadura?
Responder esa pregunta exige distinguir entre legitimidad y capacidad de control.
Desde el punto de vista de la legitimidad democrática, el régimen prácticamente agotó cualquier argumento. Pero las dictaduras no caen por perder legitimidad; caen cuando dejan de controlar los instrumentos de coerción o cuando se fracturan las élites que las sostienen.
Hoy Ortega conserva varios factores que explican su permanencia:
- control absoluto de las Fuerzas Armadas y la Policía;
- eliminación casi total de la oposición organizada dentro del país;
- fragmentación del exilio;
- escasa presión internacional efectiva;
- cierto crecimiento económico sustentado en remesas, exportaciones y estabilidad macroeconómica relativa.
Sin embargo, también enfrenta factores de desgaste importantes:
- envejecimiento de la conducción política;
- creciente aislamiento internacional;
- dependencia creciente del aparato represivo;
- ausencia de mecanismos institucionales para una sucesión ordenada;
- creciente personalización del poder en el matrimonio Ortega-Murillo.
Las dictaduras altamente personalistas suelen parecer extremadamente sólidas... hasta que dejan de serlo. La historia latinoamericana muestra que muchas permanecieron durante décadas para luego derrumbarse en plazos sorprendentemente breves cuando se rompió alguno de esos equilibrios.
La responsabilidad de quienes siguieron idealizando al régimen
La situación actual también obliga a revisar las responsabilidades políticas fuera de Nicaragua.
En Uruguay, en 2008, la administración frenteamplista de la Intendencia de Montevideo entregó las Llaves de la Ciudad a Daniel Ortega. Para entonces su proceso de concentración de poder ya era evidente: las cuestionadas elecciones municipales de ese mismo año comenzaban a despertar fuertes críticas internacionales y, muchos años antes, su hijastra, Zoilamérica Narváez, había formulado una grave denuncia pública por abuso sexual, ampliamente conocida en América Latina.
Aun así, numerosos sectores de la izquierda regional continuaron presentándolo durante años como heredero legítimo de la revolución sandinista, minimizando o relativizando los crecientes atropellos institucionales.
Aquella distinción otorgada por Montevideo permanece como un símbolo incómodo de esa ceguera política: cuando muchos preferían seguir viendo al guerrillero que derrotó a Somoza, el nuevo caudillo ya estaba construyendo otra forma de autoritarismo.
El final de una ficción
Las declaraciones de Ortega no inauguran la dictadura nicaragüense; simplemente eliminan el último velo que todavía la cubría.
Durante años existía la ficción de elecciones sin competencia, parlamentos sin independencia y tribunales sin autonomía. Ahora el propio régimen reconoce que la voluntad popular dejó de tener cualquier función.
Resulta una de las grandes tragedias políticas latinoamericanas: una revolución nacida para derrotar una dictadura terminó convencida de que el voto constituye un peligro. Y cuando un gobierno considera que el principal enemigo es la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente, ya no quedan dudas sobre su verdadera naturaleza.
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