La investigación de CNN sobre las inversiones de Jared Kushner vuelve a exhibir una característica inquietante del segundo gobierno de Donald Trump: la creciente dificultad para distinguir entre la política exterior de Estados Unidos y los negocios privados de la familia presidencial.

CNN no probó que Jared Kushner —yerno de Trump— haya recibido un soborno ni que modificara una decisión diplomática para favorecer sus inversiones. Pero lo que reveló quizá sea institucionalmente más perturbador: el hombre al que Donald Trump confía algunas de las negociaciones internacionales más delicadas mantiene intereses económicos multimillonarios directamente vinculados con los países y mercados sobre los que negocia.

Kushner fundó Affinity Partners apenas abandonó la Casa Blanca, en 2021. Poco después recibió US$2.000 millones del fondo soberano de Arabia Saudita, pese a las objeciones planteadas por técnicos del propio fondo. Luego llegaron capitales de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Ahora CNN reveló otra pieza del rompecabezas. Affinity se convirtió en el principal accionista de Phoenix Financial, uno de los grandes grupos financieros israelíes. Phoenix posee, entre muchas otras inversiones, participaciones en empresas relacionadas con la industria militar de Israel, incluida Elbit Systems y proveedores de equipamiento utilizado por sus Fuerzas Armadas.

Kushner no decidió esas inversiones, según su defensa, y CNN no encontró pruebas de que lo hubiera hecho. Pero Affinity gana dinero con la valorización de Phoenix. Y Kushner, al mismo tiempo, participa de negociaciones diplomáticas que involucran directamente a Israel y a varios de los gobiernos que financiaron su empresa.

El conflicto de interés es difícil de disimular.

No hace falta encontrar un sobre debajo de una mesa para que exista un problema. Basta con que quien representa a Estados Unidos ante determinados gobiernos tenga, simultáneamente, una relación económica extraordinariamente lucrativa con esos mismos gobiernos.

Durante décadas Washington exigió —a veces con considerable arrogancia— transparencia, separación entre negocios y poder político y reglas estrictas contra los conflictos de interés en otros países. Resulta difícil sostener ese discurso cuando un familiar directo del presidente puede negociar cuestiones de guerra, paz e inversiones mientras administra un fondo financiado fundamentalmente por Estados extranjeros interesados en las decisiones norteamericanas.

Y Kushner es apenas una parte del problema.

Durante el segundo mandato de Trump se han multiplicado las controversias por negocios internacionales de su familia, propiedades, inversiones y criptomonedas. El fenómeno ya no puede describirse simplemente como la existencia de empresarios que ingresaron a la política. Se ha creado un sistema en el que poder político y negocios privados conviven permanentemente y en ocasiones resultan prácticamente imposibles de separar.

La investigación de CNN no demuestra corrupción penal. Conviene decirlo con claridad.

Pero también conviene decir otra cosa con igual claridad: una democracia no debería necesitar demostrar un delito para considerar intolerable que quienes conducen su política exterior puedan enriquecerse gracias a actores directamente afectados por ella.

Porque llegado cierto punto el problema deja de ser solamente qué decisión tomó Kushner.

El problema es que nunca debería haber quedado en situación de obligar a los estadounidenses a preguntarse para quién estaba negociando.