El gobierno presentó con tono fundacional su proyecto de “Ley de Empleo Integral”. Sin embargo, detrás del nombre ambicioso y la puesta en escena política, la iniciativa reproduce —con leves ajustes— el esquema ya vigente desde la Ley 19.973 impulsada en la pasada administración por el entonces ministro Pablo Mieres.

El gobierno dio a conocer ayer su proyecto de “Ley de Empleo Integral”, impulsado por los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone, con el objetivo declarado de mejorar la inserción laboral de sectores con mayores dificultades de acceso al trabajo. El corazón de la propuesta es conocido: subsidios e incentivos económicos a empresas que contraten a determinados grupos considerados prioritarios.

En concreto, el proyecto prevé otorgar beneficios —fundamentalmente en forma de subsidios salariales o reducciones de aportes— a empleadores que incorporen trabajadores jóvenes, personas mayores de cierta edad, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y otros colectivos con dificultades de inserción. La lógica es sencilla: abaratar el costo de contratación para estimular la demanda laboral en segmentos donde el mercado no está respondiendo.

Hasta ahí, nada novedoso.

Durante el período anterior, bajo la conducción del entonces ministro de Trabajo Pablo Mieres, se aprobó la Ley 19.973 de promoción del empleo, que estableció un régimen prácticamente idéntico en su concepción.

Esa norma ya contemplaba subsidios a la contratación de jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales. También preveía exoneraciones y apoyos económicos a empresas, con el mismo objetivo de facilitar el acceso al empleo formal.

El propio Mieres defendía entonces la ley como un instrumento para “generar mayor equidad en el acceso al trabajo”, subrayando la necesidad de intervenir allí donde el mercado dejaba rezagados a ciertos colectivos.

La arquitectura del sistema —incentivos focalizados, transitorios y condicionados a la contratación— quedó plenamente establecida.

El nuevo proyecto introduce algunos matices. Puede ampliar o redefinir los grupos beneficiarios, ajustar montos o condiciones de los subsidios, o modificar aspectos operativos en la implementación. También incorpora un relato más abarcativo bajo la idea de “empleo integral”, sugiriendo una mirada más sistémica del problema.

Pero en lo sustancial, la herramienta es la misma.

No hay un cambio de paradigma en la política de empleo. No se sustituye el enfoque de incentivos a la contratación ni se introduce un mecanismo radicalmente distinto. Lo que hay es una continuidad, con retoques.

Donde sí aparece una diferencia clara es en la presentación política.

El proyecto es exhibido como una iniciativa novedosa, con un título amplio y ambicioso que sugiere integralidad, innovación y un nuevo comienzo. Sin embargo, al analizar su contenido, resulta evidente que se trata de una fórmula ya ensayada, vigente y operativa desde la Ley 19.973.

Esto no necesariamente es un problema en sí mismo. Las políticas públicas pueden —y muchas veces deben— sostenerse en el tiempo cuando funcionan razonablemente. La continuidad no es un defecto.

El problema aparece cuando esa continuidad se presenta como ruptura.

El contraste es, entonces, más discursivo que sustantivo.

Por un lado, un gobierno que impulsa un proyecto con pretensión de novedad y alcance transformador. Por otro, una base normativa que ya existía, con objetivos, instrumentos y lógica prácticamente idénticos.

En términos estrictos, el proyecto de Castillo y Oddone no inaugura una nueva política de empleo: la reempaqueta.

Y lo hace bajo un rótulo que amplifica su alcance en el plano simbólico, pero que no se corresponde con un cambio estructural en las herramientas utilizadas.

La “Ley de Empleo Integral” confirma una constante en la política pública: las buenas ideas tienden a persistir, pero también a ser reinterpretadas según la conveniencia política del momento.

En este caso, la iniciativa oficial no rompe con el pasado reciente, sino que se apoya en él casi por completo. Los matices existen, pero no alteran la esencia.

Así, lo que se presenta como una gran novedad no es más que la reedición —con otro nombre y otra narrativa— de un esquema ya probado.

Una nueva etiqueta para una receta conocida.