Correo de los Viernes - Muertes en la calle: los dogmas cuestan vidas

Muertes en la calle: los dogmas cuestan vidas

Viernes 27 de junio de 2025. Lectura: 5'

Siete muertes. Siete personas fallecidas en situación de calle en menos de dos semanas. Siete vidas que se apagaron a la intemperie mientras el gobierno miraba hacia otro lado o, peor aún, se excusaba con tecnicismos. Que el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, haya considerado pertinente aclarar que “ninguna muerte fue por hipotermia” no es solo insensible, es una confesión brutal de incompetencia. Como si el frío no fuera un factor determinante. Como si el problema no fuera previsible. Como si el Estado, que tanto invocan los frentistas, no tuviera responsabilidad alguna cuando sus ciudadanos más vulnerables mueren solos, en plazas, bajo puentes o en carpas improvisadas.

Lo más doloroso de este panorama no es solo la muerte, sino la hipocresía. Porque los mismos que hoy dan explicaciones a los tropezones, ayer acusaban de “homicidio” al gobierno anterior cada vez que una persona fallecía en la calle. ¿Qué pasó ahroa? ¿Dónde quedaron las certezas ideológicas de Civila, de Melgar, de Lasa, de todo ese equipo que gritaba sensibilidad y justicia social desde la oposición y hoy se limita a improvisar, a corregir sobre la marcha, a esconder la cabeza?

La respuesta del gobierno fue tardía y errática. Solo después de la séptima muerte, Civila pidió una reunión urgente con el presidente Orsi y activaron la llamada “alerta roja por frío extremo”. ¿Y cuál fue la gran innovación que trajo esa alerta? Permitir evacuaciones obligatorias. Sí, justo lo que la oposición reclamaba desde semanas antes: usar las herramientas legales disponibles, como la ley de internación involuntaria. Pero como eso sonaba “represivo” para la ortodoxia frentista, se demoraron. Mientras tanto, la gente moría.

La ley que autoriza la internación involuntaria fue aprobada en 2024. No es una carta blanca, tiene criterios médicos estrictos, y apunta a proteger vidas cuando el juicio de una persona está alterado por adicciones o enfermedades mentales. Civila lo sabía. Pero prefirió no aplicarla. Prefirió la inacción. Prefirió que la ideología valiera más que la vida. Hasta que el frío y la muerte lo arrinconaron.

Y ni siquiera tuvo el coraje de asumir su error. Salió a decir que ahora se aplicará la “evacuación obligatoria” y que “los equipos de salud decidirán si corresponde la internación involuntaria”. ¿Recién ahora? ¿Después de siete muertes? ¿Qué parte del término “urgencia” no entendieron?

Para peor, las críticas ya no vienen solo de la oposición. Según consigna Búsqueda, en su edición de ayer, dentro del propio Frente Amplio hubo malestar. Legisladores le pidieron a Civila que adelante su comparecencia en el Parlamento. Miembros del Ejecutivo admiten, por lo bajo, que el MIDES está desbordado, sin respuestas innovadoras y sin liderazgo. La sensación de descontrol se profundizó cuando se supo que un refugio de 24 horas tuvo que cerrar porque no había personal. Justo después de que el mismo ministerio decidiera reducir las horas de trabajo de sus funcionarios, a pedido del sindicato. Todo encaja en un mismo patrón: la inoperancia sostenida por dogmas.

La propia organización Ni Todo Está Perdido (Nitep), que agrupa a personas en situación de calle, se desmarcó del MIDES. Uno de sus referentes, Eduardo Cabrera, fue tajante: “Civila se comprometió a cortar esto de una vez por todas y no cumplió”. Denunció además que los refugios son inseguros, que hay robos, que las pertenencias de los usuarios desaparecen. Y describió como una “calesita mágica” el sistema que asigna cupos de noche en un barrio y los manda a otro, como si desplazarse fuera un detalle menor cuando no se tiene nada.

Las muertes no se detienen. Cada nuevo caso es presentado como si fuera una fatalidad inevitable. Pero no lo es. El sistema tenía herramientas para intervenir. Tenía información, experiencia acumulada, diagnósticos y alertas tempranas. Lo que no tuvo fue decisión. No hubo anticipación ni estrategia. Solo una sucesión de medidas reactivas, desordenadas y superficiales.

Es llamativo, por no decir indignante, que quienes se escandalizaban con cada muerte en la calle durante el gobierno anterior hoy se escondan detrás de tecnicismos para justificar la suya. El archivo condena, y las redes lo recuerdan. La actual directora del MIDES, Micaela Melgar, dijo en 2020: “La muerte de una persona en calle es responsabilidad del Estado siempre y nunca de los trabajadores”.

Ni qué hablar de Nicolás Lasa, hoy director de Desarrollo Social, quien en su momento acusó al gobierno de homicidio. Hoy guarda silencio. Y en el Senado solo atinan a culpar al “modelo neoliberal” y a repetir cifras desmentidas por el propio Instituto Nacional de Estadística. Lo que no se dice es que el Frente Amplio tuvo cinco años para preparar una estrategia seria. Lo que no se dice es que en todo ese tiempo, mientras se oponían a cada intento de endurecer los protocolos de atención, no propusieron una sola medida alternativa que tuviera resultados concretos.

Hoy el sistema colapsa. El MIDES corre detrás de los hechos. El presidente Orsi admite que “sabía que podía pasar”, pero no explica por qué no se actuó antes. Y Civila sigue atrapado entre el discurso y la realidad, entre sus creencias y la vida de quienes no tienen otra opción que dormir en la calle.

Lo peor de todo es que esto no terminó. El invierno recién empieza. Y si no hay un cambio profundo de enfoque, si no se sacude el letargo ideológico, vamos a seguir sumando nombres a una lista que no debería existir. No es momento para repartir culpas. Es momento de actuar con urgencia y sensatez.

Y si no pueden lo que están, que se hagan a un lado, e intenten otros. Porque la ideología, cuando no se acompaña de responsabilidad, termina costando vidas. Y no hay discurso que alcance para justificar eso.