Montevideo: lo que heredamos y lo que está en juego
Viernes 9 de octubre de 2026. Lectura: 3'
Por Dante Steffano
El autor reflexiona sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, la preservación de su patrimonio y la necesidad de conciliar el desarrollo urbano con el interés general. Reivindica, además, el legado del reformismo batllista y la responsabilidad del Partido Colorado en este debate.
La Intendencia de Montevideo impulsa el Plan Montevideo 300, un proceso de revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en 1998. Es una oportunidad para discutir algo más profundo que las alturas de los edificios, los usos del suelo o las normas de construcción: definir qué departamento queremos, para quiénes y bajo qué principios deberá desarrollarse en las próximas décadas.
Montevideo no es simplemente una acumulación de edificios, calles, infraestructuras y espacios productivos. Es una construcción histórica, social y cultural, en la que se expresan relaciones de poder, desigualdades, conflictos y posibilidades de convivencia y desarrollo. Como planteaba Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad implica participar en su construcción y transformación.
Nuestro departamento posee un patrimonio extraordinario: la rambla, los parques, las plazas, los barrios, la costa y un territorio rural de enorme valor ambiental y productivo. Esa identidad montevideana, construida durante generaciones, constituye un patrimonio colectivo que debemos preservar y proyectar hacia el futuro.
La rambla merece una consideración especial. Es uno de los espacios más representativos de nuestra identidad, un patrimonio paisajístico, cultural y social, y un lugar privilegiado de encuentro y convivencia. La presión inmobiliaria sobre su entorno, particularmente en materia de alturas y densidades constructivas, exige especial atención. Protegerla supone preservar sus espacios públicos, el paisaje, las visuales y la relación de Montevideo con el Río de la Plata.
El Partido Colorado, especialmente a través del reformismo batllista, desempeñó un papel fundamental en la modernización de Montevideo, mediante el impulso de servicios públicos, infraestructuras y espacios de convivencia. Ese legado constituye también una responsabilidad frente a los desafíos actuales.
Como han señalado, desde distintas perspectivas, Jordi Borja y Saskia Sassen, la ciudad es un espacio de ciudadanía que no debería subordinarse a las lógicas de rentabilidad inmobiliaria.
En este contexto, el nuevo POT debe abordar una cuestión fundamental: la relación entre las normas urbanísticas, el poder económico y el interés general. ¿Qué sentido tiene establecer límites de altura, densidad o edificabilidad si luego pueden flexibilizarse mediante excepciones o compensaciones económicas? ¿Qué sucede cuando determinadas infracciones pueden regularizarse mediante el pago de una multa?
Sin desconocer que pueden existir excepciones justificadas, debemos cuestionar una lógica según la cual aquello que está prohibido para algunos termina siendo posible para quienes disponen de mayores recursos. Cuando la norma se vuelve negociable en función de la capacidad económica, el ordenamiento territorial corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de reproducción de privilegios. La ciudad no puede organizarse bajo el principio de que todo tiene un precio.
No se trata de oponerse a la inversión privada ni al crecimiento urbano, sino de establecer quién orienta ese desarrollo, bajo qué controles y en beneficio de quiénes. El nuevo POT debe reafirmar la función social del suelo, la protección del patrimonio, la sostenibilidad ambiental y la primacía del interés general.
Desde su tradición republicana y reformista, el Partido Colorado tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a este debate. Sus organismos deben asumirlo como una tarea política y programática, aportando ideas, propuestas y el trabajo de sus equipos a esta iniciativa, con una mirada de largo plazo.
Defender Montevideo no significa inmovilizarla ni convertirla en un museo. Significa orientar sus transformaciones sin renunciar a aquello que la distingue. Porque Montevideo no es solamente un territorio donde invertir y construir: es un patrimonio compartido, una forma de convivencia y una responsabilidad con las próximas generaciones.
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