Correo de los Viernes - México: cuando el poder señala a los medios

México: cuando el poder señala a los medios

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 6'

El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió desde el Palacio Nacional a 54 periodistas, medios y organizaciones como parte de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” contrario a la Cuarta Transformación. Aunque la presidenta negó la existencia de una lista negra, el señalamiento oficial constituye una peligrosa forma de hostigamiento que amenaza la libertad de prensa en uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo.

El gobierno de Claudia Sheinbaum cruzó una línea peligrosa al exhibir públicamente a periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles como integrantes de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” dedicado a difundir mensajes contra la llamada Cuarta Transformación. Podrá discutirse el nombre que corresponde darle al ejercicio; lo que no puede negarse es que el Estado mexicano seleccionó, clasificó y expuso desde el Palacio Nacional a decenas de voces críticas.

La presentación estuvo a cargo de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante la emisión del 12 de agosto del programa gubernamental Derecho de Réplica. La funcionaria afirmó que su equipo había analizado la actividad registrada entre el 1.º de enero y el 8 de agosto y describió una estructura compuesta por cuatro capas. La primera estaba integrada por 54 cuentas pertenecientes a medios y personas a las que denominó “comentócratas”; la segunda, por 32 figuras políticas; la tercera, por 34 cuentas anónimas, trolls o perfiles de ataque, y la última, por más de 560.000 cuentas que supuestamente actuaban como un “anillo de amplificación” mediante millones de publicaciones.

Dentro de la primera capa aparecieron periodistas y comunicadores como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Adela Micha, Azucena Uresti, Denise Dresser, Héctor de Mauleón y Sergio Sarmiento. También fueron exhibidos medios como El Universal, Reforma, Latinus, Aristegui Noticias, ADN 40 y Azteca Noticias, además de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Alcalde llegó incluso a deformar despectivamente el nombre de esta última, llamándola “Mexicanos A Favor de la Corrupción”.

El gobierno tiene derecho a responder las críticas, corregir informaciones falsas y denunciar la utilización de cuentas automatizadas. También es legítimo investigar si existen campañas digitales coordinadas y quién las financia. Pero para realizar una acusación de esa gravedad debe presentar pruebas verificables, explicar la metodología utilizada y diferenciar rigurosamente entre una operación clandestina de manipulación y la circulación normal de noticias, opiniones y denuncias en una sociedad democrática.

Eso fue precisamente lo que la presentación no hizo. Al colocar en un mismo diagrama a periodistas profesionales, organizaciones civiles, dirigentes opositores, trolls y cientos de miles de supuestos bots, el gobierno construyó visualmente una relación de pertenencia o colaboración que luego pretendió negar. La aclaración posterior de Alcalde —según la cual la aparición de un periodista o un medio no significaba que formara parte consciente de una operación— no elimina el efecto producido por la exposición. Si no los consideraba integrantes de la red, no existía razón para mostrar sus nombres, fotografías y cuentas dentro de ella.

La presidenta Sheinbaum defendió a su consejera y negó que existiera una lista negra. “No hay ninguna lista. Luisa lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales”, afirmó durante su conferencia del 14 de agosto. También sostuvo que en México existe libertad de expresión y que nadie es censurado.

Pero una lista no deja de serlo porque el gobierno decida llamarla “análisis”, “mapa” o “ecosistema”. Tampoco es necesario que exista una orden formal de censura para que se produzca un efecto intimidatorio. Cuando el aparato estatal identifica públicamente a determinados periodistas como generadores y legitimadores de narrativas contrarias al gobierno, envía una señal inequívoca: esas personas están siendo observadas, clasificadas y presentadas ante la sociedad como parte de una maquinaria política adversaria.

La contradicción de Sheinbaum es particularmente notoria. En octubre de 2021, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, reaccionó contra una iniciativa destinada a identificar a personas vinculadas a Morena preguntando: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo”. En aquella oportunidad sostuvo que las listas con amenazas implícitas eran características del fascismo y defendió la diferencia entre el debate democrático y el señalamiento de adversarios. Cinco años después, su propia administración protagoniza una práctica inquietantemente similar.

El episodio resulta todavía más grave por el contexto mexicano. El Comité para la Protección de los Periodistas informó el 11 de agosto —apenas un día antes de la presentación de Alcalde— que seis periodistas habían sido asesinados en México en lo que iba de 2026, cinco de ellos en un período de poco más de dos meses, uno de los picos de violencia más mortíferos registrados en más de una década. Por su parte, ARTICLE 19 documenta 181 periodistas asesinados desde el año 2000 en posible relación con su trabajo, 14 de ellos durante el gobierno de Sheinbaum.

En un país con semejante historial de violencia, impunidad y amenazas contra la prensa, el gobierno está obligado a extremar la prudencia. Un señalamiento pronunciado desde el Palacio Nacional puede convertirse rápidamente en una autorización implícita para el hostigamiento digital, las amenazas o las represalias. Los simpatizantes más radicalizados no necesitan recibir una orden directa: les basta con que el poder identifique públicamente a quienes considera responsables de difundir narrativas adversas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los funcionarios públicos pueden formular críticas y correcciones frente a informaciones periodísticas, pero también ha señalado que deben observar un deber especial de cuidado para no generar situaciones de riesgo contra periodistas y organizaciones sociales. Ese deber es particularmente exigente cuando el Estado posee los recursos necesarios para investigar, vigilar, fiscalizar o promover procedimientos contra las personas señaladas.

También existen dudas acerca de las facultades utilizadas para realizar el estudio. El especialista mexicano en derecho de la información Ernesto Villanueva sostuvo que la Consejería Jurídica no posee una atribución legal que la habilite a analizar y exhibir datos de particulares. A su juicio, la discusión sobre si se trató técnicamente de una lista negra es secundaria frente al problema de que una dependencia estatal haya destinado recursos públicos a clasificar a periodistas, medios y dirigentes políticos.

La Constitución mexicana protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas y prohíbe restringirla por medios indirectos. El gobierno puede y debe defender su gestión, pero no puede convertir la crítica en una categoría sospechosa ni utilizar la autoridad presidencial para desacreditar colectivamente a quienes investigan, opinan o publican información incómoda.

Lo peligroso de esta conducta no reside solamente en sus consecuencias inmediatas. El mayor riesgo es que se normalice la idea de que el Estado puede determinar qué periodistas son legítimos y cuáles integran redes adversarias; qué investigaciones constituyen información y cuáles forman parte de una campaña; qué opiniones merecen respuesta y cuáles deben ser públicamente señaladas. Ese camino comienza con diagramas, estadísticas y denominaciones burocráticas, pero puede terminar en autocensura, persecución administrativa y silencio.

La democracia no exige que los periodistas sean imparciales frente al poder ni que el gobierno permanezca callado ante las críticas. Exige algo más sencillo y, a la vez, más difícil: que quienes gobiernan toleren el escrutinio sin utilizar los recursos del Estado para marcar a sus críticos. La administración de Claudia Sheinbaum debería retirar esa clasificación, transparentar la metodología y los recursos empleados y ofrecer garantías claras a las personas exhibidas. Negar que la lista sea una lista no alcanza. El peligro ya fue creado por el propio gobierno.