Edición Nº 1072 - Viernes 13 de marzo de 2026

Mercosur-UE: la Comisión impulsa aplicar primero el pilar comercial del Acuerdo mientras el resto sigue en debate

Viernes 13 de marzo de 2026. Lectura: 6'

Por Alvaro Valverde Urrutia

La ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por parte de Brasil, tras las aprobaciones previas de Uruguay y Argentina, reavivó una discusión que hoy se centra menos en el tratado en sí y más en su forma de aplicación. El debate gira en torno a si el pilar comercial puede comenzar a aplicarse de manera provisional antes de que el acuerdo de asociación en su conjunto sea ratificado por todos los países. Según la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, se podría iniciar la aplicación del acuerdo sin aguardar todas las aprobaciones institucionales, lo que genera debates legales y políticos dentro de la Unión Europea.

La cuestión central que hoy rodea al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es tanto su contenido, sino el mecanismo mediante el cual podría comenzar a aplicarse. Tras más de veinte años de negociaciones, el tratado se consolidó como un acuerdo de asociación con tres ejes principales —político, de cooperación y comercial—, aunque hoy el debate se centra en la posibilidad de que el pilar comercial se aplique antes de que todos los países lo ratifiquen.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, explicó que la UE comenzará la aplicación provisional del pilar comercial sin esperar un dictamen del Tribunal de Justicia, reafirmando la posición del Ejecutivo comunitario. La jefa de la Comisión explicó que la decisión fue tomada tras consultas con los Estados miembros y con eurodiputados, y sostuvo que el acuerdo representa una prioridad estratégica en el actual escenario internacional. Con esa declaración, Bruselas dejó en claro que pretende evitar que los tiempos institucionales europeos retrasen durante años los efectos económicos del tratado.

Pero ¿qué significa en la práctica aplicar el acuerdo de manera provisional? En términos jurídicos, el tratado firmado entre el Mercosur y la Unión Europea funciona como un paquete amplio de cooperación política, institucional y económica. Para que ese acuerdo de asociación en su conjunto entre en vigor definitivamente se necesita la ratificación de todos los países del Mercosur y de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Ese requisito implica la aprobación en numerosos parlamentos nacionales europeos, un proceso que suele ser largo y que en este caso enfrenta resistencias políticas en algunos países.

A partir de ese escenario surge la posibilidad de separar el componente comercial del resto del acuerdo. La idea es que el pilar económico —el que regula el comercio de bienes, servicios y la reducción de aranceles— pueda aplicarse antes que los otros capítulos. Este mecanismo permitiría comenzar a generar efectos concretos en el comercio entre ambas regiones sin esperar a que finalicen todos los procesos legislativos del acuerdo de asociación en su conjunto.

La Comisión Europea sostiene que existe una base institucional para avanzar en esa dirección. El argumento principal es que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. En otras palabras, las decisiones sobre comercio exterior no dependen individualmente de cada país miembro, sino de las instituciones del bloque. En ese marco, el Consejo de la Unión Europea —donde están representados los gobiernos nacionales— habilitó a la Comisión a avanzar con la aplicación provisional del acuerdo una vez que comenzaran las ratificaciones en el Mercosur.

Esa autorización política es el elemento que Ursula von der Leyen invoca para sostener que el proceso puede continuar sin esperar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la interpretación de la Comisión, mientras no exista una decisión judicial que lo impida, el acuerdo comercial puede empezar a aplicarse en forma provisional.

Sin embargo, esta postura no está libre de cuestionamientos. Algunos sectores del Parlamento Europeo y varios gobiernos han planteado dudas sobre si es correcto avanzar de ese modo sin esperar otras instancias institucionales. Por esa razón, el Parlamento Europeo solicitó una opinión jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar si la separación entre el pilar comercial y el resto del acuerdo respeta plenamente los tratados europeos.

La discusión también tiene un fuerte componente político. En varios países europeos existen sectores agrícolas que temen que el acuerdo incremente la competencia de productos sudamericanos. Estas preocupaciones han influido en el debate dentro del Parlamento Europeo, donde la votación final será determinante para el futuro del tratado.

¿Cómo funciona esa votación? A diferencia de los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo los diputados no votan organizados por país, sino por grupos políticos. Además, para aprobar acuerdos internacionales no se requiere unanimidad. El tratado puede ser aprobado con una mayoría simple de los eurodiputados presentes en la sesión plenaria, es decir, más votos a favor que en contra.

Este punto es clave para entender el funcionamiento del sistema europeo. Aunque algunos países o algunos eurodiputados se opongan al acuerdo, si la mayoría parlamentaria lo respalda, la decisión se aplica a toda la Unión Europea. La política comercial es común para el conjunto del bloque, por lo que todos los Estados miembros deben aplicar las mismas reglas comerciales.

Esto significa que incluso países cuyos representantes hayan votado en contra no pueden posteriormente decidir no aplicar el acuerdo. Una vez que la Unión Europea adopta una decisión en materia comercial, esta se convierte en obligatoria para todos sus miembros.

También surge una pregunta relevante: ¿qué pasaría si el Parlamento Europeo finalmente votara en contra del acuerdo? En ese caso, el tratado no podría seguir adelante. Incluso si el pilar comercial hubiera comenzado a aplicarse de forma provisional, esa aplicación debería suspenderse. Por lo tanto, la votación de la Eurocámara continúa siendo un punto decisivo.

Del lado del Mercosur, la situación funciona de manera diferente. A diferencia de la Unión Europea, donde la política comercial se aplica al conjunto del bloque, en los países miembros del Mercosur la ratificación puede producir efectos de forma más gradual. Esto significa que el acuerdo comercial podría empezar a aplicarse entre la Unión Europea y aquellos países del Mercosur que ya hayan completado sus procedimientos internos.

Actualmente, Uruguay, Argentina y Brasil han completado la ratificación parlamentaria del acuerdo, mientras que Paraguay sigue evaluando el contenido del tratado. Esto abre la posibilidad de que, una vez habilitada la aplicación provisional desde Bruselas, esos tres países puedan comenzar a beneficiarse primero del nuevo esquema comercial.

En definitiva, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea atraviesa hoy una etapa intermedia. La negociación terminó y varios países ya lo han ratificado, pero su aplicación depende todavía de decisiones institucionales dentro de la Unión Europea. La iniciativa de avanzar con el pilar comercial de forma provisional busca acelerar los efectos económicos del tratado, aunque al mismo tiempo plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la urgencia política y los procedimientos jurídicos que rigen el funcionamiento del sistema europeo.



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